Hace tres años, el gobierno mexicano lanzó una ofensiva para atrapar al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. No pudo. De pasada, la organización derribó un helicóptero y mató a 11 militares, dos policías federales y dos estatales. El ejército no perdonó la afrenta y castigó a pobladores de la zona de batalla.
Por: Redacción.
Costa Sur, Jalisco. 19 de junio de 2018. (Letra Fría).-El gobierno mexicano nunca imaginó cómo terminaría la Operación Jalisco en la Costa Sur del estado: uno de sus helicópteros, cargado de militares y policías federales fue derrumbado con el disparo de un misil antiaéreo.
El 1 de mayo de 2015, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación de y Seguridad Nacional (Cisen), desplegaron un operativo para capturar al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pero algo salió mal. Se enteraron de la emboscada y organizaron la defensa de su patrón.
Desde la noche del 30 de abril y hasta el mediodía del día siguiente, en 25 municipios del estado hubo bloqueos de carreteras, decenas de automóviles y autobuses fueron incendiados y miles de balas se dispararon.
En los límites entre Casimiro Castillo y Villa Purificación, en la Costa Sur de Jalisco, un grupo de civiles armados detectó un helicóptero militar modelo Cougar matrícula 1009 y le disparó un misil. Un RPG, Rocket Propelled Grenade, de fabricación rusa, dirigido en tierra por uno de los hombres más cercanos al líder, pegó en el rotor y tiró la aeronave. Once militares y dos policías federales murieron. El jefe logró huir del cerco gracias a su estrategia de seguridad, con varios anillos de hombres armados y el apoyo (por convicción o miedo) de las comunidades donde se mueve.
La Operación Jalisco, anunciada para capturar al líder de la organización, había fracasado. Pero el orgullo de la batalla perdida se cobraría caro a los pobladores.
“Se lo llevaron los militares”
Juan Antonio Gaona de la Mora, trabajador de una mina, desapareció después de la incursión militar del 1 de mayo. El 30 de abril había llamado a su casa para felicitar a su hijo de nueve años por el Día del Niño. Su esposa, Rosa Mondragón, no volvió a saber nada de él hasta dos días después, cuando recibió una llamada anónima en su teléfono móvil.
– A su esposo se lo llevaron los militares-, le dijo una voz masculina. Y colgó.
La mujer ser armó de valor y se fue a buscarlo a los pueblos vecinos, al Servicio Médico Forense, a la presidencia municipal de Villa. Iba sola.
-No me dieron razones de nada-, recuerda, meses después.
-En Autlán también anduve preguntando por mi esposo y ahí conocí a las otras viudas buscando a sus maridos, pero no nada más éramos nosotras, la gente en esa región tiene mucho miedo de hablar, pero sé que el 5 de junio, en El Grullo vieron cómo trasladaban cuerpos apilados los militares.
Algunos coinciden con ella. Dicen que en un campamento militar instalado provisionalmente en esos días en el camino a Pérula, pasando el río Purificación, vieron “muchos” cadáveres y personas heridas.
Villa Vieja, el lugar donde inició la Operación Jalisco, es una comunidad del municipio de Villa Purificación en la que viven alrededor de un centenar de personas en no más de una treintena de casas. El pueblo está rodeado de las montañas de la Sierra Madre Occidental, que en esa zona de Jalisco es particularmente agreste. La gente trabaja en el campo, aserraderos y minas de hierro, pero la migración expulsa a los oriundos y recibe a foráneos para trabajar allí.
Quizá por eso, a los pobladores de Villa, agobiados por la presencia militar, poco les importó en esos días la suerte de los trabajadores foráneos a los que sus esposas estaban buscando.
–No eran nuestros-, dice una mujer, a modo de explicación.
–Aquí no hay detenidos.
La llamada a su teléfono móvil decía que se trataba de un número privado. Adriana Villa se inquietó. Hacía varios días que esperaba noticias de su esposo, Margarito Capetillo García, de quien nada sabía desde que se fue con su camión a comprar madera a un aserradero en el municipio de Villa Purificación.
Para ese momento la mujer sabía de la batalla de civiles armados y militares en esa zona. Un día antes. Por eso cuando el 3 de mayo apareció en su teléfono la leyenda “número privado” pensó que era él, pero en cambio escuchó a un hombre que le dijo:
–Se lo llevaron los militares… a su esposo. Se lo llevaron los militares-.
Adriana no tenía idea de que eso mismo había pasado a otras mujeres de la región. Sabía que en Villa Purificación el Ejército había montado un campamento, así que se armó de valor y sin pensarlo dejó su rancho en el municipio El Limón y viajó 106 kilómetros hasta el destacamento militar para preguntar por qué habían capturado a su marido.
Entonces empezó la pesadilla: los soldados no tenían personas detenidas. Sólo cadáveres.
-Fui hasta Villa Purificación para ver los cuerpos que tenían los soldados pero no me dejaron entrar, ni nos quisieron dar ninguna información. Yo insistía en que me dijeran a dónde se habían llevado a los detenidos, pero sólo decían que no tenían a nadie detenido. En ese lugar sólo se podía ver a lo lejos cuerpos de personas en el piso, recuerda.
En su viaje a Villa Purificación descubrió que no estaba sola, porque ahí mismo conoció a las familias de Alan Rogelio Arredondo Curiel, Juan Antonio Gaona de la Mora y Fernando Gaspar González, quienes también estaban desaparecidos.
El gobierno reconoce ahora la muerte de ocho civiles en la Operación Jalisco, pero para eso fue necesario que sus familiares, apoyados por el abogado Javier Díaz, promovieran el amparo 666/2015, para obligar a las autoridades a revelar la identidad de los civiles asesinados el 1 de mayo.
Los ocho cuerpos llegaron al Servicio Médico Forense de Guadalajara, la capital del estado, hasta el 19 de mayo. Es decir, durante 18 días permanecieron bajo la custodia del Ejército, sin medida alguna para garantizar la preservación de los cuerpos, que habrían permanecido a la intemperie, según los testimonios de la gente de Villa Purificación.
Los deudos nunca se enteraron, por ejemplo, por qué los cuerpos permanecieron en custodia de la Sedena. El 18 de mayo supieron que, para las autoridades, eran “bajas de un enfrentamiento” ocurrido entre el 16 y 17 de mayo entre militares y delincuentes. Sin embargo, días después y ante la presión de las familias, el Semefo tuvo que reconocer que las víctimas habían muerto varios días antes. En realidad murieron el 1 de mayo, el mismo día que se derribó el helicóptero militar.
– Cuando metimos el amparo nos dijeron que los cuerpos los habían trasladado a Guadalajara y hasta allá fuimos pero no nos decían nada-, dice Adriana Villa.
Incluso nos llegaron a decir que los cuerpos habían sido llevados a las instalaciones de la PGR en el Distrito Federal y que si queríamos información debíamos ir hasta allá.
El 21 de mayo le confirmaron la muerte de su marido, tras una prueba de ADN. Otras cuatro personas fueron identificadas de esta manera.
Me dijeron que había dado positivo, que era él, pero yo quería verlo, quería comprobarlo y no pude hacerlo hasta después de varias semanas”, cuenta. “Los cuerpos estaban en muy mal estado, pero cuando lo vi supe que era él y fue terrible porque era un buen hombre. Cuando me lo entregaron tenía dos impactos de bala uno en la cabeza y otro en la mejilla.
Justos por pecadores
A Rosa Mondragón le mostraron fotografías de varios cadáveres el 1 de junio, y un día después recibió el cuerpo de su esposo. Pero le costó reconocerlo: tenía heridas de dos balazos, una en el pecho y otra en el abdomen. El cuerpo parecía quemado, con la piel antes blanca ahora oscurecida y agrietada. También había marcas en el cuello y evidencias de que fue colgado: sus ojos estaban fuera de lugar.
Dos detalles llamaron su atención: Juan Antonio estaba semidesnudo cuando lo entregaron a su esposa, pero traía un cinturón piteado y el cuerpo estaba limpio, extraño en una persona que, según las autoridades, murió en un fuerte enfrentamiento con el Ejército.
¿Por qué el mismo gobierno no me llamó? ¿Y los derechos de mi esposo dónde quedan? Él traía su celular y su credencial del IFE. Así él hubiera estado en un lugar que no debía, ¿por qué no me llamaron?”, pregunta Rosa.
No fueron esas las únicas omisiones de las autoridades en estos casos. El abogado Javier Díaz enlista algunas otras: el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recibió cadáveres en descomposición y certificó su muerte el día del ingreso al Semefo; a los familiares no se les mostró el acta ministerial sobre el hallazgo de los cuerpos, ni la información de las pruebas toxicológicas practicadas a los cadáveres, que resultaron negativas (por lo que puede concluirse que antes de morir no dispararon ninguna arma de fuego).
Cayeron justos por pecadores”, insiste Rosa Mondragón, convencida de que los militares, “al sentirse así por no agarrar a esa persona, hicieron eso con mi esposo y no nada más con estos ocho, son muchos más en Autlán. El 3 de mayo, en el Semefo, nos dijeron que había 40 personas.
En todo caso, el 19 de junio de 2015, la mujer supo claramente la magnitud de sus denuncias. A su casa en Ciudad Guzmán llegaron camionetas con soldados armados. La catearon. Los vecinos la alertaron y ella se fue. Desde entonces, cambia constantemente de domicilio y vive con miedo de que los militares la encuentren.
Rosa quiere justicia pero no tiene dinero para los trámites, para otra necropsia, ni para viajar a la ciudad de México, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde radica el expediente de su esposo, o a dar seguimiento de la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En el acta de defunción se declara que Juan Antonio es “empleado” y “murió por homicidio”. No se especifica la hora de la muerte, sino la hora que ingresó al Semefo.
“Que me digan por qué me lo mataron”
Hasta la conclusión de este reportaje, se desconoce si hay investigaciones contra soldados por los delitos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada. La información permanece clasificada bajo reserva.
En las comunidades del sur de Jalisco –Villa Purificación, El Grullo, El Limón y Autlán– la vida regresó paulatinamente a la normalidad.
Para las familias de los asesinados, en cambio, la vida no ha vuelto a ser igual.
Rosa Mondragón todavía reclama que le devuelvan lo que traía su esposo cuando desapareció: una carta que le escribió en su aniversario 11 de matrimonio, una fotografía de su hijo y ella, un rosario verde, un anillo y su teléfono celular. Y lo más importante: aclarar que no era sicario del CJNG, como afirma la PGR.
Adriana Villa, por su parte, espera respuestas: “Yo quiero que me digan por qué lo desaparecieron y por qué me lo mataron. Él era un buen hombre, nada tenía que ver con eso que pasó. Y yo quiero que me digan por qué se lo llevaron y por qué me lo entregaron lleno de balazos”.
Tres años después, nadie ha explicado a las viudas qué ocurrió realmente el 1 de mayo.
AJEM
