Por: Oswaldo Ramos
Guadalajara, Jalisco. 06 de mayo de 2019. (Letra Fría) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 39 que la soberanía nacional reside esencial y originariamente del pueblo. También establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste; estos ideales que se buscaban en 1917, persisten hasta nuestros días.
Dentro de la misma Constitución se encuentra estipulado el derecho de asociación, incluyendo la participación en la vida política del país para ciudadanas y ciudadanos mexicanos y el poder ser votado. Históricamente han existido demandas de apertura política que puedan incorporar mecanismos de acceso a la participación, y sobre todo, a las tareas de contribuir a la vida democrática del país. En este sentido, podemos hacer referencia a dos grandes reformas políticas; la de 1977, que tuvo el propósito de democratizar el sistema político y generar las condiciones para la existencia de más actores en el espacio público, y la de 2012, mediante la cual se dio apertura a que ciudadanas y ciudadanos soliciten su registro para postular por cargos de elección popular de manera independiente. Sin dejar de lado a la reforma electoral de 2007, que entre otras cosas, buscó sentar las bases para tener campañas políticas más limpias.
La participación, pluralidad y modernización política, no son temas que se deban postergar como nación. Lo referido anteriormente es ejemplo de que se ha avanzado en la materia, pero sin alcanzar aún los cambios deseados, es decir, aún existen políticas cortoplacistas y excluyentes que postergan la consolidación de nuestro sistema democrático. Prevalece un panorama en el que hay más problemas que soluciones y donde los intereses meramente políticos cortan las verdaderas aspiraciones democráticas.
Como nación, requerimos de actores y partidos políticos que reduzcan la crisis de representación existente a través de la pluralidad, visiones coherentes de desarrollo, responsabilidad y que sepan responder de manera adecuada a quienes les entreguen su confianza. Es necesario también abrir un espectro en el cual, actores no ligados a los partidos políticos tradicionales puedan generar ideas y plasmarlas en planes de gobierno creados por un consenso general.
Una lucha que abata la tan marcada crisis de representación existente, demanda de una conjunción entre ciudadanía, Estado y organizaciones políticas que asuman su rol desde un enfoque de bienestar colectivo. Un entorno de verdadera democracia es tarea de todas y todos.