Por: Oswaldo Ramos
Guadalajara, Jalisco. 13 de mayo de 2019. (Letra Fría) El pasado primero de mayo se anunció la entrega del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 por parte del Titular del Ejecutivo Nacional a la Cámara de Diputados y en este caso, tal vez más que en sexenios anteriores, la expectativa sobre su contenido llamaría poderosamente la atención.
El documento de 63 hojas que según sus sellos de recibido, fue entregado el 30 de abril casi sobre la hora. Detalla la política de desarrollo que se observará en el país durante el sexenio que está en curso.
El Plan en su parte introductoria no duda en atribuir las grandes condiciones de desigualdad que vivimos en el país y la distribución inequitativa de la riqueza a las políticas implementadas dentro de un sistema neoliberal, sustentando su estructura y contenidos en tres grandes ejes: Política y Gobierno, Política Social y Economía. Esos ejes en su desarrollo comparten una característica general: la de ser principalmente enunciativos, sin líneas de acción que establezcan metas puntuales de cumplimiento, con ausencia de datos que sustenten lo plasmado en cada apartado y desligados de instrumentos internacionales de desarrollo. Esta estructura puede entenderse con la crítica que el propio Plan realiza hacia instrumentos anteriores que tenían un “lenguaje oscuro y tecnocrático”.
Aspectos que merecen especial atención son el Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de Vivienda Social, que buscan acompañar a sectores de población en condiciones de vulnerabilidad. El Plan prevé un crecimiento económico basado en el bienestar más que en cifras macroeconómicas, sin embargo, existen dudas sobre en qué bases se busca generar desarrollo y prospecciones a futuro.
Más allá del enfoque que castiga al neoliberalismo, el Plan saca a relucir una gran precariedad en lo relativo a Desarrollo Sostenible, puesto que se hace una correcta definición del concepto pero el tema se aborda únicamente en 16 renglones que poco dicen. Entre esas líneas se establece que el Ejecutivo Federal “se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno”. La gran pregunta que surge y que el contenido del Plan no responde es ¿cómo?
Al inicio de la presente administración federal, el sector Medio Ambiente fue alcanzado por la llamada “austeridad republicana” al reducirse su presupuesto cuando en realidad reducir lo que ya de por sí era poco, es lo último que debería hacerse y limita significativamente la capacidad operativa de las instancias involucradas. Les mata la acción.
Desarrollo Sostenible está contemplado como componente de Política Social, hecho que por sí solo deja entrever la poca importancia que se le dará al tema, puesto que como mínimo debería estar diseñado como un aspecto transversal dentro una política de desarrollo integral.
Hablando de recursos naturales, sembrando vida es el único apartado que de forma somera los señala, establece acciones que anteriormente ya se han impulsado por parte de la Comisión Nacional Forestal y de acuerdo a lo que establece el Plan, Jalisco no se encuentra contemplado en el proyecto.
En lo relativo al sector energético, éste se aborda desde una visión meramente económica y poco viable, reprobando lo que se ha hecho mal en el pasado mediante la Reforma Energética y plantea un “rescate” de PEMEX que a estas alturas del partido resulta poco viable.
Un claro ejemplo de la poca relevancia que se le da al tema ambiental, es el hecho de que el proyecto del Tren Maya figure como uno de los principales detonadores de desarrollo, cuando éste ha incrementado sus costos hasta en más de un 700% y en parte, por no haber previsto lo concerniente a la Manifestación de Impacto Ambiental. El proyecto prevé la remoción de aproximadamente 750 hectáreas de selva, con impactos negativos al ambiente prácticamente imposibles de mitigar, si hablamos por ejemplo, de fragmentación de hábitats. México y sus regiones cuentan con ecosistemas y biodiversidad que requieren de medidas eficaces de protección y conservación.
No podemos pensar en desarrollo urbano si no se prevé cómo dotar a las ciudades de agua, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, hacer un adecuado manejo de residuos, incrementar áreas verdes y garantizar la conservación de los espacios que generan servicios ambientales de soporte. Tampoco puede existir verdadero desarrollo del campo mexicano si los pequeños productores están compitiendo con trasnacionales que los superan en capital económico, les restringen el aprovechamiento de sus propios recursos naturales y además se debe soportar las externalidades que genera el cambio climático (como las variaciones en el temporal de lluvias) derivado de actividades como la deforestación, la industria y la generación de contaminantes en las ciudades.
Para ambas cosas se requiere que el Gobierno Federal proteja los recursos naturales sobre los cuales la Nación ejerce sus facultades y asuma el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de medio ambiente y cambio climático.
Dentro del plan se observa un contraste de aspectos en los que la buena fe parece ser el principal impulsor, pero que de momento deja dudas sobre el cómo se implementarán. En palabras del propio Plan, no podemos “heredar un territorio en ruinas” a quienes están por venir.
