Por: Oswaldo Ramos
Debe haber cuentas claras sobre las investigaciones que se hagan alrededor de la tragedia en San Gabriel; nunca más la impunidad debe jugar en el bando de los poderosos, es un mal que debemos desterrar del plano público para así hacer justicia a las pérdidas que todo un pueblo sufrió.
San Gabriel, Jalisco; 17 de junio de 2019. (Letra Fría) El domingo dos de junio San Gabriel quedó abajo de una capa de lodo, aguas negras y un río de troncos que hace apenas unos meses era un indefenso bosque, talado por la desmedida avaricia del interés agroalimentario. El suceso de ese día dejó desnuda una verdad que ya se sabía pero se callaba: la zona Sur de Jalisco está siendo devastaday por lo tanto se está hipotecando nuestro futuro, usando como moneda de cambio la calidad de vida de sus habitantes. No son solamente los bosques, el crecimiento desmedido de la agroindustria, también trae consigo una enorme precariedad laboral, trayendo mano de obra desde otros estados para explotarlos y hacinarlos en casas. Es evidente también que se ha provocado una sobreexplotación de los mantos acuíferos, provocando un déficit en la cuenca hídrica de Zapotlán.
San Gabriel es una radiografía completa del desgaste institucional, nada de esto hubiera ocurrido sin la complicidad de funcionarios públicos a nivel estatal y federal.
Las personas de a pie poco podemos hacer cuando no contamos con instituciones que no procuran hacer valer el Estado de Derecho, es así como se da pie a que germine la impunidad y se enraice en toda la estructura de prevención y procuración de justica.
La emergencia ambiental nos invita a repensar qué papel juega“el desarrollo”, pero también qué papel debe jugar el Estado como ente regulador en la actividad agroindustrial. Sin embargo, ¿qué se puede esperar cuando la familia del gobernador está coludida dentro de la estructura del grupo aguacatero? ¿Podemos esperar una verdadera solución o solamente seremos espectadores de un teatro con salida fácil, donde los chivos expiatorios salgan a relucir?
Este es el gran reto de la presente administración, dejar en claro que no hay lugar para conflictos de interés y mostrar que realmente la justicia castigará a los culpables de la tragedia.
No basta con programas como A toda máquina, cuando desde su origen están bañados en opacidad y corrupción. Estos programas se conciben bajo el supuesto de «recuperar el campo», resulta contradictorio ¿no? Llamar a «recuperar» el campo cuando le dan una puñalada por la espalda con el respaldo a industrias extranjeras que lo destruyen.
Recuperar el campo significa pactar con las personas que lo trabajan de sol a sol para dotarlas de infraestructura necesaria y operatividad dentro del mercado para que sean competentes ante los grandes productores. Léase esto como una invitación a actuar de manera integral, es decir, nunca más la opacidad debe imponerse ante los intereses colectivos. Trabajar mano a mano con los verdaderos guardianes del campo y la lluvia, esos que cuidan la tierra con sus manos y procuran no dañarla en sus labores agrícolas.
Además debe haber cuentas claras sobre las investigaciones que se hagan alrededor de la tragedia gabrielense, nunca más la impunidad debe jugar en el bando de los poderosos, es un mal que debemos desterrar del plano públicopara así hacer justicia a las pérdidas que todo un pueblo sufrió.
MA/AC
