La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) destina esos recursos a los ejidatarios que viven y son poseedores de tierras en la zona núcleo del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, donde no se pueden realizar actividades productivas.
Por: Gladiola Madera
Autlán, Jalisco. 14 de mayo de 2019. (Letra Fría) La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán recibe 36 millones de pesos de la Comisión Nacional Forestal, que se distribuyen en los ejidatarios de la zona por Pago de Servicios Ambientales.
El biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez, director del Área Natural Protegida mencionó que es la mayor inversión lograda para los ejidatarios que viven en la zona núcleo de la reserva, donde no se pueden realizar actividades productivas.
Hemos logrado una inversión histórica de 36 millones de pesos en el Área Natural Protegida a través de pagos por servicios ambientales y de fondos concurrentes, es un programa de la Comisión Nacional Forestal que va en reducción, esperemos que siga funcionando y nuestros ejidos sigan viviendo de eso, comentó.
El director especificó que se deben trabajar con las comunidades para hacer un buen manejo del territorio, pues a diferencia de otros esquemas de conservación en Manantlán los bosques pertenecen a comunidades y ejidos, por lo es necesaria la creación de fuentes de ingresos que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Dentro del Área Natural Protegida a diferencia de otros países, vive gente, esto hace que el manejo sea diferente a la de un parque nacional donde generalmente no hay gente viviendo ahí. Nosotros tenemos que trabajar con ellos hombro a hombro para convencerlos, para que conozcan los valores que tienen en sus territorios y sepan manejarlos de acuerdo a la legislación.
El pago de Servicios Ambientales (PSA) fue creado como incentivo económico para los dueños y poseedores de terrenos forestales donde se generan servicios como agua de buena calidad, conservación de la biodiversidad, retención y formación de suelo y belleza escénica, con la finalidad de compensar por los costos de conservación y por los gastos en que incurren al realizar prácticas de buen manejo del territorio.
