El día de hoy, Lulú Cano habla de las inconsistencias de la Fiscalía del Estado para resolver casos de violencia relacionada con los abusos de poder y el crimen organizado, y exige responsabilidad al organismo.
Por: Lourdes Cano Vázquez
Autlán de Navarro, Jalisco. 29 de julio de 2020. (Letra Fría) Esta semana se reveló un video de las calles de la zona de Analco; se puede observar algo que a simple vista parece una patrulla (color negro, códigos luminosos) que se detiene a mitad de la vía. La persona que se baja empieza a discutir con tres personas que salen de una puerta, pasa un minuto cuando les dispara, forcejea y se va. Los detalles son escalofriantes, basta con decir que la imagen es grotesca.
El vídeo es de finales de 2018 y en ese momento la versión oficial fue que los hombres murieron en un enfrentamiento; el vídeo deja muy claro que se trató de una ejecución, hubo notas que incluso señalan un número de unidad, pero en conferencia de prensa, el fiscal declaró hace unas horas que no puede asegurar que se trate de un vehículo de la Fiscalía. También señaló que el sobreviviente es parte de un grupo criminal.
El 18 de julio, en Puerto Vallarta, un grupo de turistas fueron atacados y varios de ellos privados de su libertad; uno de ellos murió. En conferencia, el sábado pasado, Gerardo Octavio Solís señaló que la Fiscalía no tiene ninguna denuncia por desaparición o privación de la libertad; días después, dice que sí hay denuncia y que ya se inició la carpeta de investigación.
En la conferencia, el fiscal también hace un par de señalamientos: el hombre que murió tenía varias propiedades en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, y que algunos de sus familiares tienen antecedentes penales.
Al igual que en el caso de Giovanni hace ya varias semanas, tuvieron que trascender los hechos en medios de comunicación para que la Fiscalía saliera a dar alguna explicación, es decir, al parecer no son capaces de dar la cara en cuanto las cosas suceden. Tienen que esperar a que alguien más señale sus omisiones para dar explicaciones. En el caso de Giovanni fue un mes, en el caso de Puerto Vallarta una semana, y en el caso del vídeo casi dos años.
Si bien, en el momento que sucedieron los hechos del vídeo aún faltaban algunos días para que el gobierno de Alfaro entrara en funciones, lo cierto es que el proceso de recepción ya estaba en marcha y personal de confianza de la actual administración ya se encontraba en esos momentos en la fiscalía; por lo tanto, no hay manera de que no se hayan enterado del caso.
Por último, pero más importante, el hecho de que alguna víctima sea o no parte del crimen organizado, tenga o no antecedentes penales o si sus familiares los tienen o que tengan algún indicio de trabajar para algún cártel, no exime a las autoridades de hacer su trabajo, ni vuelve menos importantes las investigaciones, ni quiere decir que el caso se resuelva tratando de explicar que se trata de enfrentamientos entre criminales.
Una guerra entre narcos no justifica la omisión o incompetencia, así como que un ciudadano desafíe a la autoridad (con o sin razón) no justifica la brutalidad policíaca. Los hechos sucedieron y se tienen que resolver, se tiene que encontrar a los responsables, hacer justicia; aventar ese tipo de detalles en sus declaraciones no hace ver más brillante al Fiscal, todo lo contrario; mejor quedaría en todos los casos asumir responsabilidades y dar respuestas con acciones y no suposiciones.
LL/LL
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