Autlán, Jalisco.- Entre diciembre de 2018 y marzo de 2026, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas (VPD) judicializó a 336 personas servidoras públicas por desaparición forzada. En la lista de municipios donde ocurrieron las casos hay varias demarcaciones de la Costa Sur y Sierra de Amula.
La desaparición forzada de personas, según las leyes estatal y nacional, ocurre cuando una persona servidora pública se involucra directa o indirectamente en ocultar el paradero de una o más víctimas.
Si bien, la VPD no precisa la cantidad de casos judicializados por municipios, sí publica una lista de demarcaciones con ocurrencia de desapariciones forzadas judicializadas, misma que está disponible en su sitio de internet e incluye 36 municipios: seis del Área Metropolitana de Guadalajara y 30 fuera de la ciudad.
Entre estos municipios se encuentran Autlán de Navarro, Tecolotlán y Tuxcacuesco de la Sierra de Amula, además de Tomatlán, La Huerta y Casimiro Castillo de la Costa Sur.
Dan datos distintos a la ONU
La VPD elaboró un informe que entregó al Gobierno de México para enviar al Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, como parte de la activación del artículo 34 de la Convención Internacional que pretende investigar si las desapariciones ocurren de manera generalizada y sistemática en México.
Entre los datos se incluyó información relacionada con las carpetas de investigación de desaparición forzadas. La VPD dijo que 165 denuncias interpuestas entre 2018 y agosto de 2025 tienen indicios de presunta participación de personas servidoras públicas en desapariciones.
Sin embargo, mencionó que únicamente 58 casos tienen una carpeta judicializada y sólo han conseguido dos sentencias condenatorias.
En cuanto a personas señaladas, aunque el portal web de la VPD indica que hay 336 hasta marzo de 2026, la misma dependencia informó al Comité de la ONU de 377 personas judicializadas. Ahí mismo se precisa que una persona judicializada no necesariamente corresponde a una detención.
De las 377 órdenes de aprehensión, únicamente 131 corresponden a las ejecutadas, por lo que 246 personas servidoras públicas señaladas de desaparición están prófugas de la justicia.
