Cihuatlán, Jalisco.- Un grupo de mujeres hicieron una manifestación este pasado viernes 13 de febrero, a las afueras del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial ubicado en la localidad de El Aguacate, en el municipio de Cihuatlán, donde señalaron principalmente al juez Roberto Carlos Ramos Coronado, titular del juzgado y al defensor de Oficio, Edgar Romero Martínez, contra quienes hay varias quejas y denuncias por corrupción oficialmente presentadas ante las instancias correspondientes.
Una de las denunciantes, manifestó que violaron los derechos de su esposo preso desde hace poco más de dos meses por un delito de robo calificado que no estaba comprobado y por el cual además habían pagado una multa de mil 450 pesos, con lo cual les aseguraron que quedaría libre.
Al final, él está en el Centro Integral de Justicia Regional (CEINJURE) de Autlán desde hace más de dos meses, cumplidos el 11 de febrero pasado y aún sigue preso, porque su audiencia próxima está programada para el 18 de febrero.
“El coraje es porque me estaban pidiendo dinero, la primera cantidad fueron 300 mil pesos y todavía me decían que posiblemente le podían pasar cosas (a mi marido) en prisión, posiblemente se podía quedar ahí, que contemplara la salud de él y que si me urgía diera el dinero y fácilmente iba a estar fuera”, expresó la denunciante.
En un segundo momento le pidieron otros 150 mil pesos, con la justificación de acelerar el proceso o de lo contrario, si no pagaba podía durar más de dos meses preso.
Además, los primeros quince días luego de que lo detuvieron, la familia no tuvo contacto con él y están preocupados por su situación de salud porque padece diabetes.
Un caso que no es único en Cihuatlán
Pronto las afectadas -principalmente mujeres- empezaron a darse cuenta que su caso no era el único, ahí en la protesta estaban también la madre y la hermana de otro hombre detenido por el delito de abandono de familiares (falta de pago de pensión alimenticia), a sus familiares les solicitaron 100 mil pesos con el mismo argumento, pagaban y el imputado quedaría automáticamente libre.
“De dónde va a tener uno ese dinero en un ratito, nos dijo (quien nos lo pidió) si ustedes consiguen hoy mismo ese dinero, para mañana ya lo podemos sacar, pero de dónde, uno no tiene dinero y todavía está allá mi muchacho, ya va para dos meses”, contó la mujer.
Las manifestantes coincidieron en que estas detenciones aparentemente arbitrarias, comenzaron en los mismos días, ellas dijeron tener conocimiento de al menos 17 casos de personas que desde su perspectiva están detenidas “injustamente” y cuyas familias pasaron por procesos muy similares.
A unos les pedían 100 mil, 200 mil, 450 mil pesos, ellas conocen a quienes sí los han pagado, hablaron de un caso donde al parecer la familia pagó, el imputado quedó libre, pero nuevamente lo van a detener.
Incluso mencionaron, hay casos de personas involucradas en delitos fuertes que están libres porque sus familiares tuvieron para pagar.
Una cárcel “para toda la familia”
Otra de las mujeres que compartió su testimonio, narró el caso de su esposo, un hombre de 62 años de edad, con varias enfermedades y que requiere medicamentos constantes, acusado de abuso sexual.
“Supuestamente se le mandó llamar para una audiencia, el teléfono que tenía mi esposo se lo robaron y nosotros fuimos (al juzgado) a dar su nuevo número de teléfono y nunca le marcaron, venimos a preguntar qué pasaba con su caso, llegando lo detuvieron y ya no lo dejaron salir”, recordó la mujer.
A ella le pidieron 60 mil pesos para acelerar el proceso, cantidad que no tenía para pagar.
Ahora, cada semana vive con la angustia de tener el dinero suficiente para ir a visitar a su esposo al CEINJURE en Autlán, para llevarle medicamentos y cualquier otra cosa que necesite.
“Tengo un hijo que es el que me hace fuerte ahorita, porque él es el que me da para irlo a ver, comprar medicamento, a mi se me hace bien difícil”, expresó la afectada.
Una vuelta de Cihuatlán a Autlán les cuesta aproximadamente 2 mil 500 pesos por el transporte, la comida, lo que tiene que llevar en efectivo para dejarle a sus familiares presos, los medicamentos que tienen que comprarles y cualquier otro insumo de aseo personal que les compren. Eso sin contar si están obligadas a comprar alguna prenda de ropa especial para que las dejen pasar.
Deben ir vestidas con zapato escolar, ropa negra, no licra, playeras de cuello redondo, sin bolsas y sin cierres.
Ellas salen a las seis de la mañana de Cihuatlán llegan después de las ocho a Autlán, hacen fila para poder entrar y vuelven a su casa aproximadamente a las cuatro de la tarde para continuar con las atenciones de los demás integrantes de su familia.
Un trago amargo por primera vez
La mayoría de las manifestantes, coincidieron en que no habían tenido una experiencia previa de una detención y tampoco de haberse visto afectadas por actos de corrupción. La situación las ha impactado a nivel económico, emocional y mental.
“Estamos acabadas, porque tenemos que estar trabajando para sacar adelante nuestra casa, en los casos de algunas de nosotras los detenidos son nuestros maridos, la cabeza de la familia, ahora nosotras solas sacamos adelante el trabajo, el negocio”, comentó una de ellas.
Como los hechos son recientes, entre ellas reina la confusión porque sienten que las autoridades judiciales lo mismo les dicen una cosa y hacen otra, algunos de los imputados fueron detenidos -sin saberlo previamente al presentarse a alguna de sus audiencias, a otros los buscaron en sus domicilios y se los llevaron contó una de las mujeres acerca de su padre.
Aparentemente, según compartieron las mujeres por el dicho de sus familiares detenidos, hasta ahora están “bien” dentro del CEINJURE, sin embargo ellas temen que sólo les digan eso para evitarles más preocupaciones.
En algunos de los casos, las mujeres cargan no solamente con su preocupación sino además con la angustia de no decirle a sus hijos e hijas dónde está en realidad su padre.
Ante la situación, para ellas no existía otra opción que manifestarse y exigir que les hagan justicia, porque ahora son ellas, cuántas familias más tendrán que pasar por esta situación o cuántas más lo están viviendo sin atreverse a denunciarlo públicamente.
Precedente legal de irregularidades
Anterior a la manifestación, las familias afectadas presentaron quejas y denuncias contra el juez Roberto Carlos Ramos Coronado, titular del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en la localidad de El Aguacate, en el municipio de Cihuatlán y el defensor de Oficio, Edgar Romero Martínez, ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Social y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco.
Según información derivada de una investigación hemerográfica realizada por Letra Fría, medios de circulación estatal habían señalado anteriormente al juez Roberto Carlos Ramos Coronado por otras irregularidades.
