Unión de Tula, Jalisco.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que José Rafael, quien se desempeñó como director del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento de Unión de Tula (OSIAPA), durante la administración 2021-2024, fue vinculado a proceso por el delito de peculado.
En audiencia inicial que concluyó la tarde del lunes 16 de febrero de 2026, en los Juzgados del Séptimo Distrito Judicial con sede en Autlán de Navarro, el Juez de Control y Oralidad, César Julián García Fuentes, resolvió vincular a proceso al exfuncionario municipal por dicho delito.
La autoridad recordó que por peculado se describe al delito que comete todo servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, bienes o cualquier otro patrimonio perteneciente al Estado, municipio, organismo descentralizado o a un particular, cuando por razón de su cargo los hubiese recibido en administración, depósito o posesión, previsto en el Código Penal para el Estado de Jalisco.
Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada al imputado por un plazo de seis meses y fijó el mismo periodo para el cierre de la investigación complementaria.
Los hechos
Al concluir su encargo el 30 de septiembre de 2024, durante el proceso de entrega-recepción, las autoridades entrantes detectaron el faltante de una camioneta pick-up modelo 2007, con valor factura de 161,577 pesos, la cual donó la Comisión Estatal del Agua (CEA) entre 2021 y 2024 al Osiapa.
Aunque el vehículo estaba registrado en el parque vehicular del organismo, físicamente no lo localizaron y posteriormente se tuvo conocimiento de que lo entregaron a una empresa constructora privada.
Por estos hechos, representantes del Ayuntamiento de Unión de Tula y de la Comisión Estatal del Agua presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco.
El Ministerio Público integró la carpeta de investigación y presentó el caso ante el juez el pasado 11 de febrero de 2026. En dicha audiencia, la defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas. Al reanudarse la audiencia este lunes, el juez determinó la vinculación a proceso del imputado y ordenó su prisión preventiva por un periodo de seis meses.
