Al menos seis defensores de la Sierra de Manantlán han sido asesinados desde 2020

El informe especial ambiental “Reserva de la Biosfera de Manantlán”, elaborado por la cuarta visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco, documentó estas y más agresiones como amenazas y desapariciones.

Imagen: Lauro Rodríguez

Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.- En el contexto de las actividades mineras y tala, tanto ilegales como legales, en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, asesinaron al menos seis defensores indígenas nahuas de Ayotitlán entre 2020 y 2023.

El informe especial ambiental “Reserva de la Biosfera de Manantlán”, elaborado por la cuarta visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco, documentó estas y más agresiones como amenazas y desapariciones.

El organismo identificó al menos cinco asesinatos hasta agosto de 2023, pero en noviembre de ese año mataron a Higinio Trinidad de la Cruz, defensor nahua, por lo que serían al menos seis muertes violentas en la zona.

El primer caso documentado ocurrió el 22 de octubre de 2021 cuando asesinaron a Bernaldino Rodríguez Ciprián, integrante del Consejo Autónomo de Autoridades Tenamaxtla (CAANTA), esto sucedió en el poblado de Nuevo Guayabillas.

Después, el 1 de abril de 2022, mataron a Rogelio Rosales Ramos en la población de Telcruz; ese mismo año, en Las Pesadas, un camiónde Ternium, empresa que explota las minas de Cuautitlán de García Barragán, embistió a Miguel Chocotero Martínez, provocando su muerte.

Para 2022, el 22 de julio, asesinaron a J. Santos Isaac Chávez, a quien primero desaparecieron y torturaron, apuntó la CEDH. Ese mismo año, pero el 22 de septiembre asesinaron a Seferino Ciprian Prudencio, y en noviembre de 2023, desaparecieron y mataron a Higinio Trinidad de la Cruz.

En este contexto, la CEDH documentó un intento de desaparición, dos agresiones y una amenaza, entre otro tipo denuncias por violencia en contra de las personas comuneras de Ayotitlán.

Además, la CEDH identificó 24 denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Ejército Mexicano y La Marina por cambio de uso de suelo, minería o tala ilegal. De estas, sólo cinco están concluidas.

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