Entradas

Las propuestas legislativas en materia de desapariciones en Jalisco permanecen congeladas dentro del Congreso del Estado, denunció el CEPAD. Su destino parece incierto tras la demora en el cumplimiento de la demanda que colectivos de familiares, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas hicieron al gobernador Enrique Alfaro.

Por: Dalia Souza | ZonaDocs

Guadalajara, Jalisco. 19 de noviembre de 2019. (Letra Fría) El pasado 7 de octubre, el Gobernador, Enrique Alfaro, presentó públicamente durante el lanzamiento de la segunda fase de la Estrategia “Estamos Buscando”, tres iniciativas de ley en materia de atención a víctimas y personas desaparecidas en el estado:

• Ley de Personas Desaparecidas del estado de Jalisco
• Ley para la Declaración Especial de Ausencia
• Ley de Atención a Víctimas.

De acuerdo con el ejecutivo, los tres documentos habrían sido consultados con funcionarios públicos del estado y la federación, así como, con dos colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco; esto último, tras la exigencia que organizaciones y familias han realizado desde el mes de marzo de 2019, posterior al evento fallido de la mesa de diálogo participativo en torno a la Ley Estatal de Desaparición que organizaron diputados en el Congreso del Estado. En aquella ocasión se demandó un verdadero proceso de consulta democrático, participativo y transparente en todo el estado, ya que, las discusiones alrededor de la ley estatal de desaparición habían permanecido –como hasta hoy- centralizadas.

Sin embargo, a un mes y una semana de la presentación de las iniciativas ante el poder legislativo de Jalisco y pese al compromiso que diversos diputados manifestaron respecto a generar un proceso participativo y de análisis conjunto, detallado y exhaustivo con familiares, expertos y organizaciones, “los diputados han demostrado que el proceso de aprobación de la ley no es su prioridad” denuncia Anna Karolina Chimiak, Coordinadora del área de Incidencia de Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

Por lo que, manifestó Chimiak en entrevista, “parece que el proceso de cierta forma está siendo suspendido o congelado”:

“Resulta alarmante que, en los primeros días, tras la presentación de las propuestas de Ley, varios diputados se pronunciaron en público diciendo que se iba a generar un proceso participativo, de análisis conjunto, detallado y exhaustivo y que se iba a invitar a familiares, expertos y organizaciones.  Sabemos que aún se está preparando la convocatoria para las mesas de trabajo; sin embargo, a pesar de las reuniones y de las cartas que se presentaron al mismo congreso y también los comunicados, parece que el proceso de cierta forma está siendo suspendido o congelado”.

Al respecto, considera que ha sido la coyuntura de determinadas negociaciones políticas en el Congreso, así como la presentación del informe y la glosa de gobierno, así como la aprobación del proyecto presupuestal 2020, lo que ha desplazado a un segundo plano el lanzamiento de la convocatoria para las mesas de trabajo alrededor de la Ley estatal de personas desaparecidas.

De aquí, que vean con preocupación que el proceso de elaboración y emisión de la convocatoria, así como, de ejecución de los foros y mesas de trabajo, se lleve a cabo de manera “apresurada e improvisada”. En ese sentido, temen que realmente no se abone a un ejercicio de consulta pública y democrático de lo que podría ser un ejercicio que permita “generar una mejora en los estándares de protección” en los marcos ya existentes en el país y el estado:

“En cuanto a los tiempos veíamos con mucha preocupación que, estamos a mitad del mes de noviembre y sabemos que el Congreso está con otras actividades, por ejemplo, tiene por adelante aprobar el proyecto del presupuesto; por lo tanto genera inquietudes de saber en qué momento se van a socializar estas propuestas de leyes, se va a difundir la convocatoria y generar este proceso de las mesas de trabajo para que no sea como otros procesos donde ha resultado todo de manera apresurada, improvisada y que realmente no abone a una participación conjunta o real”.

Por ello, hacen un llamado al Congreso del Estado y al Gobernador del Estado a “priorizar un proceso adecuado de socialización y de metodología” que garantice, por un lado, los tiempos para la realización de las mesas de trabajo y, por el otro, un ejercicio realmente exhaustivo, participativo, amplio e incluyente, lo anterior respecto a las tres iniciativas presentadas:

“Irlas presentando una por una. Es importante que para cada proceso se necesita prever un tiempo suficiente para socializar, porque no podemos generar un proceso de dialogo, debate y reflexión sobre la propuesta de ley si no se le socializa y se explican sus contenidos de manera adecuada. También se necesita encontrar una forma que garantice los tiempos suficientes para poder explicar de manera precisa qué significan y qué impactos tiene cada una de las propuestas legislativas”.

Sugieren, por lo tanto, generar un cronograma con tiempos y actividades que considere con la misma prioridad y de manera consensuada las agendas de diputados, familiares de personas desaparecidas, organizaciones e instituciones que se sumen.

Entre otros señalamientos, el CEPAD emitió un comunicado advirtiendo que, contrario a los aumentos presupuestales anunciados por Enrique Alfaro, durante el mismo evento de lanzamiento de la segunda fase de la Estrategia “Estamos Buscando”, para las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas en el estado, “existen diferencias importantes” entre lo prometido por el ejecutivo y el proyecto de presupuesto 2020.

De acuerdo con la organización, el ejecutivo prometió asignar a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas 121 millones de pesos, no obstante, en el proyecto de presupuesto fueron asignados 93 millones 384 mil 905 pesos. En cuanto al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), se pasó de 250 millones 300 mil pesos prometidos a 247 millones 043 mil 800 pesos asignados. Y, finalmente, aunque el gobernador afirmó que aumentaría el presupuesto a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas a 35 millones 300 mil pesos, en el proyecto fueron asignados 24 millones 220 mil 661 pesos, una suma mucho menor a la autorizada durante el año 2019, situación que denuncian: “resulta violatorio al principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país”.

En virtud de lo anterior, exigen al Congreso del Estado de Jalisco:

1. Que se doten recursos suficientes y adecuados para la correcta implementación tanto de las leyes generales en materia de desaparición de personas y atención a víctimas ya existentes, como de las tres iniciativas que actualmente se encuentran bajo el proceso de deliberación y consulta.
2. Se asignen las partidas presupuestales que contemplen los recursos suficientes y necesarios para la adecuada consolidación y operación de todas las instituciones encargadas de los procesos de búsqueda, investigación de casos, atención a víctimas e identificación forense, como son a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco.
3. Que se genere un mecanismo público que tenga el objetivo de transparentar el uso de recursos destinados a atender la problemática de graves violaciones a los derechos humanos en Jalisco, contribuyendo a garantizar el principio de participación conjunta y rendición de cuentas.

De acuerdo con CEPAD, en el estado entre el 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2019 se contabilizan 9 mil 080 personas desaparecidas y sólo tres sentencias condenatorias por este delito tipificado desde el año 2013 en el Código Penal del Jalisco.

Consulta el comunicado del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD): https://drive.google.com/file/d/17ve8eu67rPJPV_0l9nZNIHLb4F7Pagzf/view