Autlán de Navarro, Jalisco.- La Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Guardia Nacional y reformó ocho normas secundarias, con lo cual la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tendrá el control operativo y administrativo de este organismo, que nació en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2019) con un carácter civil.
En lo general, la ley y las reformas se aprobaron con 349 votos de las y los diputados de Morena y aliados y 132 votos en contra, de legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, después de poco más de 10 horas de discusión, según información publicada en medios de circulación nacional.
Para las y los legisladores de la oposición, con la aprobación de esta ley y las reformas correspondientes se garantiza la militarización de esta corporación de seguridad que desde su creación ya ha recibido señalamientos por parte de la ciudadanía y organizaciones civiles por actuaciones que violentan los derechos humanos.
Aunque los representantes de Morena y funcionarios del gobierno federal insisten en que el objetivo de estas reformas “no es militarizar a la Guardia Nacional”, la redacción institucional dice otra cosa.
De acuerdo al boletín de la Cámara de Diputados, “la nueva Ley de la Guardia Nacional, que será una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Las ocho normas reformadas son:
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
- Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
- Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
- Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
- Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
- Código de Justicia Militar
- Código Militar de Procedimientos Penales.
Otras atribuciones para la Guardia Nacional
Además de hacer que la Guardia Nacional depende de la SEDENA, la ley otorga a la Guardia Nacional la facultad de solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público la información y georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real a todos los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite.
Aunque los diputados morenistas aseguraron que no existe el riesgo de que derive en situaciones de espionaje.
Podrán llevar a cabo operaciones encubiertas, realizar revisiones de documentación a personas extranjeras junto con el Instituto de Migración y desempeñar cargos de elección popular a nivel municipal, estatal o federal, así como ser funcionarios de cualquier nivel de gobierno con la debida “licencia especial” de la presidencia o la SEDENA.
Una vez aprobada la ley y la reforma a las normas en la Cámara de Diputados será turnada al Senado de la República para su discusión y posterior aprobación.
