Rieleras y juanes ayer miércoles 25 de marzo nos despertamos con una noticia que puede parecer local y de nota roja, pero viendo más reflexivamente el tema es algo abrumador para esta sociedad y un suceso que merece toda nuestra atención.
Lo que pasó en Lázaro Cárdenas Michoacán es síntoma de una afección de salud social que estamos ignorando. Un adolescente, dos profesoras asesinadas y una comunidad escolar rota. Como periodista, me duele la narrativa del suceso; como profesora universitaria, me aterra el vacío de sentido en el que crecen nuestras juventudes.
Desde una mirada humanista, tanto el periodismo como la educación comparten una misión sagrada: la protección de la dignidad y la construcción de paz, ideales que son amenazados por un enemigo aparentemente invisible pero omnipresente: los ecosistemas digitales que lucran con el resentimiento.
El periodismo tiene el derecho —y el deber— de informar, pero no a costa de la revictimización o de convertir al victimario en un antihéroe. Con frecuencia, las coberturas se centran en el morbo, descuidando el análisis de las causas estructurales. En esta tragedia, es vital señalar la influencia de comunidades digitales como el movimiento Incel (celibato involuntario) y otras subculturas de la «manosfera».
Estas tendencias en redes sociales no son bromas de adolescentes; son cámaras de eco que exaltan el odio hacia las mujeres y validan la violencia como una forma de recuperar un poder perdido. El periodismo ético debe denunciar estos algoritmos de la radicalización que priorizan el engagement sobre la vida humana. Informar con perspectiva de derechos humanos significa dejar de ver estos ataques como hechos aislados y empezar a verlos como el resultado de un discurso de odio globalizado.
¿Dónde comienza este desvío?
La educación es un derecho humano que no se limita a las aulas. La familia es el núcleo donde se gestionan las emociones, entre ellas la frustración. Hoy vemos la crianza de generaciones en la inmediatez. Cuando un joven no sabe procesar un «no» —sea afectivo o social— y no encuentra en casa un espacio de contención y diálogo, busca refugio en foros donde su frustración es validada y transformada en rabia militante.
El abandono digital es preocupante. Dejar a un menor con acceso irrestricto a internet sin supervisión ética es una forma de negligencia moderna. La familia debe ser la encargada de alfabetizar emocionalmente, enseñando que la masculinidad no es dominio ni violencia.
Tampoco podemos cargarle todo el peso a la familia ni culpar únicamente a la escuela. La institución educativa lejos de ser una generadora de números y calificaciones debe convertirse en un centro de monitoreo psicosocial. El seguimiento no es vigilancia policial, es acompañamiento humano. Identificar a un alumno aislado, detectar discursos de odio en sus trabajos o cambios en su comportamiento son acciones que deben activar protocolos de protección, no de exclusión.
La sociedad en general tiene la obligación de garantizar un entorno seguro para quienes educan. El asesinato de las profesoras en Michoacán es un ataque directo al derecho a la educación de todo un país.
Nuestro mayor desafío es arrebatarle los jóvenes al algoritmo. No basta con prohibir las armas; hay que desarmar los discursos. El derecho humano a la paz se construye educando en la empatía desde el hogar, vigilando con sentido crítico lo que consumimos en las pantallas y ejerciendo un periodismo que, en lugar de amplificar el odio, arroje luz sobre la urgencia de sanar nuestro tejido social.
Mientras seguiré asistiendo a mi aula, frente a mis estudiantes, con la esperanza de que las palabras sigan siendo origen de certezas para la construcción colaborativa de soluciones de paz y de verdad espero que ninguna arma cruce el quicio de la puerta del salón.
