Guadalajara, Jalisco.- Dentro del foro Proteger la Dignidad, organizado por Espacio OSC, periodistas y defensores de derechos humanos evidenciaron fallas del Estado en la protección de su labor y su integridad.
Proteger la Dignidad es un proyecto que consiste en una campaña de difusión para que las personas defensoras y periodistas conozcan sus derechos y tengan guías sobre qué hacer ante vulneraciones o amenazas. Denis Ávila, integrante de Espacio OSC, dijo que es una herramienta preventiva, más que reactiva.
A la par, muestra los pendientes que tiene cada estado en el cumplimiento de sus obligaciones para la protección de personas defensoras y periodistas. De Jalisco se evidenció que la legislación no contempla perspectiva de género ni enfoques diferenciados, tampoco incorpora un enfoque individual y colectivo de la protección.
No establece una Junta de Gobierno o Consejo de Medidas interinstitucional, el Mecanismo no sesiona desde 2019 y no contempla áreas técnicas, tampoco se generan informes periódicos.
Estos incumplimientos se ven reflejados en una desprotección, consideró Carmen Aggi Cabrera, CEO de Letra Fría.
“Tenemos un derecho, pero tampoco podemos ejercerlo en su totalidad o al 100% porque hay consecuencias, que van desde una intimidación, desde una amenaza, y la peor es la desaparición y la muerte. Somos conscientes de eso”, dijo al hablar sobre las represalias por buscar protección o denunciar.
Añadió que este contexto de desprotección y violencia se intensifica para quienes son periodistas fuera del Área Metropolitana de Guadalajara pues “hay más riesgos, hay menos organización social, y estamos mucho más expuestos. (Los agresores) saben en dónde vivimos, nos conocen, a veces el que nos está atacando fue el compañero con el que fuimos a la prepa o es nuestro vecino. Así de pequeños son esos entornos”.
Mecanismo federal, con fallas
Por su parte, Héctor Flores González, buscador y vocero del colectivo Luz de Esperanza, habló de las deficiencias en los protocolos. Él está integrado al Mecanismo Federal de protección, pero nunca hay respuesta inmediata, por lo que su eficacia pierde sentido.
“De qué sirven estos mecanismos. Apretar un botón para que te regresen la llamada a los cinco o 10 minutos y te pregunten si estás bien o si hay algún problema. Pedir esta ayuda y que te cancelen el servicio. Yo he apretado el botón federal y ha tardado hasta cuatro horas en llegar la Guardia Nacional”.
Todo esto, tiene consecuencias letales, lamentó Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quien recordó que sólo en 2025 al menos seis personas defensoras fueron asesinadas en el estado y “ninguno de estos casos ha sido esclarecido plenamente. Ha sido una constante que los asesinatos de personas defensoras no se investigan adecuadamente, y el mensaje que se envía es muy claro en Jalisco: atacar a quienes defienden derechos humanos no tiene consecuencia alguna. Esto no es casualidad, es impunidad”.
