Autlán de Navarro, Jalisco.- Desde distintas agrupaciones y organismos civiles a nivel nacional han hecho señalamientos a los riesgos que implicaría para la libertad de expresión y los derechos humanos de las y los mexicanos la iniciativa de Reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión pendiente por aprobarse en el Senado.
Desde la organización Artículo 19 México señalaron entre los principales problemas de esta ley, el hecho de que en la administración del espacio radioeléctrico permitan otorgar concesiones bajo consideraciones políticas y no de interés público, así como poder retirarlas (concesiones) a medios independientes y críticos bajo argumentos subjetivos o ambiguos.
Otro tema es la posibilidad que le otorga Poder Ejecutivo para bloquear plataformas digitales sin especificar los motivos para que ello ocurra. De acuerdo a Artículo 19, hay disposiciones internacionales de derechos humanos que prohíben cualquier posibilidad de impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Por otra parte, en un artículo publicado por la R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales, hacen un análisis un poco más minucioso sobre el contenido de esta ley.
En el caso del bloqueo a plataformas digitales, otorgan a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la ley dice que puede suceder cuando lo soliciten las autoridades competentes que no están definidas, argumenta la ley que esto ocurrirá en casos de incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables.
“El bloqueo de plataformas digitales enteras constituye una medida extrema, semejante al cierre de una estación de radio y televisión, que no puede justificarse frente a la prohibición de censura previa que establece la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se lee en el artículo publicado por R3D.
Una ley poco clara, dicen organizaciones
La organización R3D señala que el artículo 109 de esta ley otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones -que quedará en lugar de lo que fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones- la facultad de determinar los procedimientos, parámetros o estándares para bloquear las plataformas digitales, cuando a nivel internacional las legislaciones en torno a la libertad de expresión clasifican estas restricciones como medidas de carácter excepcional definidas de forma clara y precisa en la ley, lo cual no ocurre con la propuesta pendiente de aprobación en el Senado.
Otro de los temas polémicos es la propuesta del registro de usuarios del servicio móvil, que según la organización civil es una iniciativa similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022.
Sobre este tema esta no es la única iniciativa que pretende crear una base de datos similar, esto también está contemplado en las iniciativas de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública pendientes en las Cámara de Diputados, según R3D.
Bloquear la señal de internet “deliberadamente”
Otra cuestión también preocupante incluida en el artículo 161 de la ley es la facultad que da a instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional para fabricar, comercializar, adquirir, instalar, portar y operar equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen, “en cumplimiento de sus atribuciones”.
Dichas atribuciones no están detalladas dentro de la ley, por lo cual a los organismos civiles les preocupa que esto implique una puerta abierta para que las autoridades restrinjan de manera arbitraria los servicios de telecomunicaciones, conocidos comúnmente como “apagones de Internet” cuyos graves efectos en los derechos humanos están ampliamente documentados, se lee en el artículo.
El tema ha propiciado diversas discusiones, confrontaciones e intercambio de opiniones principalmente en el ámbito de las redes sociales y una preocupación generalizada en los medios de comunicación y los organismos de periodistas y defensa de los derechos humanos.
El llamado es a que las y los integrantes del Senado y de manera muy específica de Morena consideren una discusión amplia e incluyente antes de aprobar esta ley.
En su conferencia Mañanera del Pueblo, presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la pretensión de la ley no es censurar, ni reprimir.
“Para que quede claro, el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, entonces que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema porque ese no es el centro de la ley”, especificó la presidenta.
E incluso planteó que será importante otorgar el tiempo para discutir sobre ciertos temas como las atribuciones de la agencia y aprueben la ley en un período extraordinario, para evitar que “digan que estamos imponiendo”, argumento la presidenta.
