Autlán de Navarro, Jalisco.- La Red de Agricultura Urbana y Periurbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara (RAU), integrada por colectivos, comunidades y personas que trabajan desde el 2016, emitió un pronunciamiento para denunciar y manifestar su inconformidad por la Ley de Huertos Urbanos y Jardines Polinizadores, pendiente de aprobarse en el pleno del Congreso del Estado de Jalisco.
Esta propuesta de ley de huertos urbanos la presentó la diputada Alejandra Giadans Valenzuela de Movimiento Ciudadano en junio de 2023, desde que la hicieron pública, diversos colectivos dedicados al fomento de la agricultura urbana agroecológica manifestaron su inconformidad por diversos aspectos contenidos en la iniciativa, aprobada por la Comisión de Desarrollo Productivo Regional.
Desde la perspectiva de esta red, la iniciativa busca incorporar la agricultura urbana al aparato gubernamental y al mercado, transformando una práctica autónoma en una actividad sujeta a control, monitoreo, evaluación y financiamiento institucional, con apertura a actores privados.
“Este enfoque contradice los principios de autogestión, autonomía y cuidado colectivo del territorio que han dado sentido y sustento a la agricultura urbana en Jalisco”, se lee en el posicionamiento.
Aunque esta propuesta de ley asegura que su principal propósito es promover la agricultura urbana, para los activistas este objetivo exige reconocer el legítimo derecho de las y los habitantes, colectivos, organizaciones vecinales y comunidades escolares a la apropiación comunitaria y autogestiva de sus espacios públicos, un aspecto que no está incluido en esta ley.
Un «gigante agroalimentario» que necesita regulación
Los gobernadores en turno, han manifestado que Jalisco ha sido denominado como “el gigante agroalimentario”.
Ante ese planteamiento los activistas en Jalisco como parte de su pronunciamiento señalaron que en un contexto de crisis socioambiental y de salud pública, resulta inadmisible que pretendan regular a quienes cuidan el territorio, mientras omiten enfrentar a las industrias agroalimentarias y manufactureras responsables de la contaminación, acaparamiento y uso intensivo del agua; la toxicidad ambiental y la explotación humana al grado de esclavitud.
Finalmente, la red hizo un llamado a medios de comunicación, colectivos, comunidades, instituciones y población en general a denunciar la captura institucional de una práctica legítima y necesaria para los territorios.
