Por: Lauro Rodríguez
Cuautitlán de García Barragán. 24 de septiembre 2022 (Letra Fría).–
Esta semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó Cuautitlán de García Barragán junto con organizaciones civiles a las autoridades indígenas de las comunidades nahuas de Ayotitlán con el fin de escuchar sus exigencias respecto a la violencia que viven en la zona y el despojo provocado por el ejido instaurado desde la época de Marcelino García Barragán y la minera Benito Juárez Peña Colorada.
La comunidad acudió a la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) para que interceda y que la comitiva visite las comunidades más afectadas, no solo a los asentamientos donde están las autoridades del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas Tenamaxtla de Ayotitlán (CAANTA).
“Nosotros queremos que nos defiendan, queremos tener un escudo que nos defiendan, pero siempre y cuando las comunidades afectadas alrededor de la empresa, Las Pesadas, Astilla, Cerro Prieto, Corta Pico, El Naranjal, Platanar, Plan de Méndez, La Piedra y Mameycito, son las comunidades que sí son afectadas”, dijo un representante de la comunidad quien, por seguridad pidió guardar el anonimato.
Los habitantes de estas comunidades se ven forzados a estar en una disyuntiva. Por un lado tienen que pelear contra el ejido para que no le rente sus tierras a la minera y, por otro, deben trabajar en la mina, pues es la única forma de obtener ingresos.
Esa mina, además de generar un problema social por el desplazamiento forzado de los indígenas y acaparar las fuentes de empleo de la zona, también es fuente de contaminación del río, de generar polvaredas que impactan a los asentamientos, entre otras problemáticas que van desde los social hasta lo ambiental, pasando por lo político.
“Queremos un escudo que nos proteja y que nos defienda. Nosotros solos no podemos. Ellos van entrando y van entrando porque el ejido está por delante de ellos”.
El representante indígena narró cómo, de buenas a primeras, llega la minera y quiere apropiarse de las tierras de las comunidades para seguir explotando el suelo. Para esto, consiguen que el ejido no conformado por representantes de los pueblos originarios, les rente.
Ante esto, lo que buscan las comunidades que es que las autoridades determinen que la tierra de los pueblos quede bajo la administración del CAANTA y no del ejido, para así tener una certeza de seguir habitando esta zona sin el temor de que un día el ejido seguirá rentando sus tierras comunales.
También esperan que haya mayor seguridad para poder desempeñar sus actividades de defensa y protección de las comunidades sin el temor de ser agredidos por la propia minera.
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