¿Por qué, si se activó una alerta en el caso de Fátima, no se encontró a la niña viva, sino muerta cinco días después? Se trata de una cadena de fallas sociales, no sólo institucionales
Por: Daniela Rea | Pie de Página
Ciudad de México. 21 de febrero de 2020. (Letra Fría) En reiteradas ocasiones la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ha dicho que la Alerta Amber se activó en cuando se supo de la desaparición de la niña Fátima Cecilia y, por tanto, se iniciaron los procesos de búsqueda de manera inmediata.
¿Qué fue, entonces, lo que falló? ¿Por qué si se activó una alerta no se encontró a la niña viva, sino muerta cinco días después?
La Alerta Amber -según la página federal del programa- es una herramienta de difusión, que surgió en 1996 en Estados Unidos. Su objetivo es ayudar a la pronta localización y recuperación de niñas y niños que estén en riesgo de sufrir un daño grave, por motivo de no localización. Su activación es independiente de la denuncia o proceso penal. Además de la difusión de los datos del menor de edad para su identificación, incluye búsqueda policiaca.
Aleida Hernández es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y forma parte del grupo de trabajo para el seguimiento de la Alerta de Género en la Ciudad de México: Ella señala:
“Es necesario que todos los MP (agentes de Ministerios Públicos) conozcan los protocolos. Sí hay un protocolo de la Alerta Amber. Ahí dice con toda claridad que el MP que tenga conocimiento de la sustracción es el encargado de activar la Alerta Amber, solicitar su activación y su actuación a un Comité que está formado para ello: El comité para el protocolo Alerta Amber. [Debe ser] sin dilación de ningún tipo; e incluso que para agilizar las actuaciones se puede enviar de manera previa por correo electrónico a las autoridades”.
Sin embargo, en el caso de la niña Fátima no fue así. Lo que dijeron los familiares en entrevistas es que acudieron al MP de Tláhuac y éste les envió a la Fiscalía Especializada en personas desaparecidas, en Azcapotzalco. Del otro lado de la ciudad.
“Es algo que la autoridad debe verificar para ver dónde estuvieron los problemas de actuación, las fallas. Y por si hay una posible sanción por la negligencia, eso para la activación. Hay protocolo local y programa nacional. Lo importante es saber qué pasó con el MP que los envió o los derivó a otro lugar e hizo que perdieran tiempo valioso de búsqueda”.
Aleida Hernández
Dice que la falla probablemente estuvo en que la reacción de búsqueda no fue eficaz, no fue expedita, no se movió ni se articuló la búsqueda. Esto en distintas acciones: el barrido por perímetros del área donde desapareció, acordonar colonias, policías de investigación haciendo seguimiento de cámaras, redes sociales y llamadas telefónicas de ser posible.
“Tenemos que articular de mejor manera la Alerta Amber con la premura y la ubicación de las policías de moverse mucho más rápido. Está en un riesgo inminente la vida e integridad del menor. Tendría que haber un cuerpo policiaco que apoye la activación de la alerta y que en términos reales exista como tal, policías destinados específicamente a esta labor”, agrega.
Para Aleida Hernández es cierto que la Alerta Amber es también un llamado a la sociedad.
“Hay que darle otro estatus a la alerta, que de verdad miremos el rostro de las personas cuyas fotografías aparecen impresas, estamos acostumbrados a ver las alertas y ya no nos alertamos”.
En mayo del 2018 fue la última actualización al protocolo de la Alerta Amber y se determinó que su activación y la búsqueda debía ser inmediata, sin que transcurra plazo alguno, como las 72 horas de espera. También que habría un banco de datos con información de menores que estén en albergues.
El protocolo de Alerta Amber: solicitarla
El protocolo señala que la activación ocurre a solicitud de madre, padre, tutor o familiar, sin menoscabo de que la guarda y custodia del menor no esté determinada por autoridad judicial. Si se niega, se tiene que avisar a la Procuraduría de Protección de derechos de niñas, niños para que confirme o modifique esta negativa. El titular de la Fiscalía emitirá procedimientos, protocolos, lineamientos, manuales de organización para llevar a cabo las investigación con carácter científico. Para encontrar a los menores de edad. Cualquier acción contraria será motivo de responsabilidad administrativa y penal.
La Alerta Amber debe activarse si antes otros espacios de protección y cuidado a la infancia no funcionaron. En el caso de la niña Fátima, la escuela.
En el 2014 se presentó una propuesta de ley ante la Cámara de Diputados para convertir la Alerta Amber en ley, pues al ser un programa operativo que carecía de regulación, provoca descoordinación e ineficiencia en búsqueda. A nivel nacional corría el riesgo de que las entidades federativas tuvieran distintos criterios, recursos y mecanismos de coordinación para activarla.
Quién cuida al cuidador
La desaparición y asesinato de Fátima obligan a pensar en el sistema de instituciones que debieron (y no lo hicieron) protegerla. Aleida Hernández señala que se debe exigir al estado y a las instituciones que se les provea de recursos y de mecanismos de contención a las funcionarias y funcionarios involucradas en este tipo de temas.
“Las personas que están involucradas necesitan mejores salarios y condiciones de trabajo. [Esto] para exigirles que todos los días estén atendiendo la parte más dolorosa de nuestra sociedad. No solamente es un monstruo o instituciones malas que tienen malas intenciones en cada instante; sino que hay un problema estructural de sensibilización, capacitación. Hay diagnósticos, pero en esta problemática de violencia extrema hay que hacer una aproximación, comprensión más profunda de los involucrados: instituciones, personas, responsables de delitos, víctimas, precariedad institucional comunitaria e individual”.
Para Hernández es claro que se trata de una cadena de fallas sociales, no sólo institucionales. Incluyen a medios de comunicación, instituciones, universidades que se resisten a ser sujetos de transformación real del país.
DIF: precarizado y rebasado
“Es una acumulación de problemáticas que tienen las instituciones para darle seguimiento a las violencias contra niñas y mujeres. Son vacíos, son deficiencias, pero estructurales. El DIF es una institución precarizada. Se debe fortalecer la estructura, están rebasados por las solicitudes. Se debe fortalecer ahí para que haya trabajadoras sociales para que estén cada 3, 6 meses supervisando que pasó con las familias, con las niñas, dando seguimiento.
Por otro lado las escuelas. Que hay protocolo o no respecto a la entrega de niños. Según entiendo, no hay un protocolo específico. Cada escuela asume un procedimiento y reglas, pero es un desborde de niños, estamos rebasados.
Las estructuras están precarizadas y uno esperaría que en términos comunitarios nos cuidáramos también. Antes no llegaba la mamá y se la llevaba la vecina porque era la de confianza. El problema es que también ahora la comunidad está desmembrada.
No ayuda que se criminalice a mamás, papás, maestros. Se debe reforzar y establecer mecanismos para que las instituciones estén más fuertes y vigilantes de las cuestiones que pueden poner en riesgo a niños y niñas, para actuar”.
