Por: Lauro Rodríguez
Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (Letra Fría).- El Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad afirmó que diversas reformas solicitadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Congreso Federal, impactarán en la comunidad indígena de Ayotitlán.
Sin embargo, criticó que la política social que con estas reformas del Gobierno de México se busca construir hacia los pueblos indígenas, es incoherente. Detalló el organismo que, mientras se legisla en favor de las comunidades víctimas de la minería, se les perjudica con otro tipo de reformas.
Sobre las reformas a la Ley Minera y a la de Aguas Nacionales, desde el Observatorio aplaudieron los proyectos dado que la comunidad indígena nahua de Ayotitlán en Cuautitlán de García Barragán por fin podría tener mayores elementos para defenderse del consorcio Benito Juárez – Peña Colorada.
Desde el Observatorio recordaron que se deben priorizar “los Derechos Humanos a la vida ya la salud de las comunidades afectadas (6 mil indígenas de la Costa Sur de Jalisco) de manera directa por las operaciones de extractivismo minero encabezado ahí por el Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, S.A. de CV., así como el derecho de todos los mexicanos a vivir en un medio ambiente sano, no pueden someterse al afán de lucro”, por encima de los fines económicos.
Con las reformas, ven que esto puede comenzar a conseguirse. Detallaron que las nuevas regulaciones buscarán “poner fin más de 3 décadas de empleos perdidos, despojos de tierras y territorios, contaminación y degradación ambiental, conflictos sociales y prácticamente nulos beneficios económicos para el país”.
Sin embargo, a la vez que se dan estas acciones que pueden beneficiar a las comunidades indígenas, por otro lado también busca el Gobierno de México la fusión de órganos desconcentrados, acción que se traducirá en un retroceso para garantizar los derechos humanos de las comunidades indígenas, consideró el Observatorio.
“La propuesta no ha gustado en la región Costa Sur (donde está asentada la comunidad indígena nahua de Ayotitlán), pues consideran la fusión “un retroceso” en el respeto de sus derechos humanos y de la progresividad que obliga al Estado a garantizar la no regresividad en el reconocimiento de los derechos humanos colectivos, máxime si la Constitución federal establece en el Artículo 2°, Apartado B, la obligación de la Federación para establecer las instituciones que permiten garantizar la vigencia de su desarrollo integral”, precisó.
Ante esto, el Observatorio exigió congruencia al gobierno federal hacia los pueblos originarios. Pues consideran que estas acciones son contradictorias entre sí.
Edición: MV
