Por: Carmen Aggi Cabrera
Autlán de Navarro, Jalisco. 25 de octubre de 2022. (Letra Fría) Por la presunta comisión de delitos cometidos en la administración de justicia, dos policías de la corporación de Autlán de Navarro fueron vinculados a proceso por el juez de Control y Oralidad del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Autlán de Navarro, Iván Eduardo Fajardo García.
La audiencia se llevó a cabo el día de ayer.
De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía Anticorrupción a medios de comunicación, el 31 de agosto del año 2021, cuando Vicente Alejandro “N” y Raúl “N” (ambos policías municipales) realizaban un recorrido de vigilancia, fueron notificados de un percance vial.
Ellos acudieron al lugar en su carácter de primeros respondientes (son los encargados de evaluar la escena, comenzar la revisión del lesionado y activar el servicio de emergencias médicas). Al llegar encontraron a una mujer tendida en el piso recibiendo asistencia médica, debido a que había sido atropellada.
«Según testigos, los policías se limitaron a retirar a los curiosos sin asegurar el vehículo del presunto responsable, el cual posteriormente fue retirado del lugar», señala el comunicado emitido por la Fiscalía Anticorrupción.
La mujer falleció a consecuencia de las lesiones sufridas en este accidente.
«El esposo de la hoy occisa presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que integró la carpeta de investigación que el día de ayer (lunes 24 de octubre) se presentó ante el Juez, quien determinó la vinculación de los Agentes de Seguridad», agrega el comunicado.
El juez Iván Eduardo Fajardo García, que determinó la vinculación a proceso de los dos policías, también impuso como medida cautelar, que no podrán acercarse al denunciante ni a los testigos de los hechos, mientras se resuelve su situación jurídica.
«Que prevalezca la justicia», Gustavo Robles
El presidente municipal de Autlán de Navarro, Gustavo Salvador Robles Martínez, se enteró de la vinculación a proceso de los dos policías, este martes, por medios de comunicación.
«El día de hoy Carmen, a través de los diferentes medios de comunicación nos dimos cuenta de esta situación. Primero que nada, dejar muy en claro que esta situación surgió en la administración anterior, en agosto de 2021 y que la familia de los afectados, ellos, con todo derecho están solicitando la intervención de la autoridad competente y es la que va a dictaminar», respondió a pregunta expresa de la reportera.
Gustavo Salvador Robles Martínez entró en funciones como presidente municipal el 01 de octubre del año 2021. Cuando sucedieron los hechos, el 31 de agosto de 2021, el alcalde era Miguel Ángel Íñiguez Brambila.
Vicente Alejandro “N” y Raúl “N” no han recibido acompañamiento jurídico por parte de la Sindicatura del Ayuntamiento de Autlán, tampoco, apoyo por parte del equipo de abogados con los que cuenta la administración:
«Nosotros en este momento no estamos apoyando con acompañamiento jurídico por las diferentes actividades que tiene el gobierno municipal», respondió el alcalde.
Gustavo Robles fue cuestionado por la reportera si ha sostenido diálogos como administración municipal, con los familiares de la víctima.
«Sí, yo he platicado con los hijos, con el esposo (viudo) de la víctima, nosotros apoyamos en la agilización y esclarecimiento de este acto, el día de hoy dependemos de lo que diga la autoridad competente. Pero siempre estuvimos apoyando que la justicia prevalezca en este lamentable suceso«.
El presidente municipal enfatizó que los dos policías no están sentenciados, sino vinculados a proceso, por lo tanto, se les debe garantizar su derecho a la presunción de inocencia. El juez será quien determine si son culpables o inocentes:
«El día de hoy están vinculados a un proceso. Se agotarán todas las instancias para determinar qué alcance tiene esta vinculación y como gobierno tenemos que apoyar que la justicia prevalezca. Nosotros estaremos atentos para, en su defecto, tomar decisiones», dijo.
Profesionalizar a los policías para mejorar su desempeño
Esta situación que involucra a dos policías municipales de la corporación, enciende luces amarillas en la administración municipal.
El alcalde asegura que una de las prioridades de su gobierno es la profesionalización del cuerpo de seguridad pública para que ésta, a mayor preparación, mejore su desempeño, actúe con respeto a los Derechos Humanos, trabaje con perspectiva de género y sobre todo, con calidad humana.
«Nosotros desde el primer día hemos procurado generar la mayor capacitación dentro del estado de fuerza de la Comisaría Municipal. Nosotros tenemos al día de hoy, 150 elementos de estado de fuerza y quiero compartir que el 98 por ciento ya tiene a CUP, la Clave Única Policial, lo cual respalda y genera esa garantía que los compañeros ya tienen la capacitación y que esto se ha general en el último año, en mi administración», argumentó el funcionario.
El alcalde considera que si las condiciones laborales de los policías municipales mejoran, también mejorará su desempeño en el servicio público.
«Nosotros estamos siempre atentos a que las condiciones sean las mejores para que los compañeros policías puedan actuar de la mejor manera con los ciudadanos, que es lo que queremos, que la gente de Autlán se sienta confiada, se sienta segura con la policía municipal».
La meta de Robles Martínez es que toda la corporación, administrativa y operativa, estén capacitados y certificados durante su administración que concluye el último día de septiembre del año 2024.
«Nosotros trabajaremos para que esta capacitación, este adiestramiento, lo tengan todos y cada uno de los elementos y puedan garantizar que todos los ciudadanos serán siempre atendidos de la mejor manera», finalizó.
¿Qué dice el Código Penal?
De acuerdo con el Artículo 154 del Código Penal Para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, los delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público son perpetrados por un servidor público al “procurar la impunidad de los delitos o faltas de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, abstenerse de hacer denuncia de ellos o entorpecer su investigación”, señala el inciso XII de dicho numeral.
El Código Penal señala que «se impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa de veinte a cien días de salario mínimo», a los servidores públicos que cometan este delito.
