Por: ZonaDocs | Alianza de medios
En lo que va de este 2022, cinco madres buscadoras han sido asesinadas en México; la última de ellas fue María del Carmen Vázquez Ramírez, asesinada el pasado 6 de noviembre, ella buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, quien fue desaparecido en Abasolo, Guanajuato, el 14 de junio de 2022.
En el recuento histórico, son ya 22 familiares de personas desaparecidas las que han sido asesinadas en el país desde 2010.
En el marco del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina que encabezan familias buscadoras y académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, se convocó a una rueda de prensa para mostrar su postura respecto a este asesinato que consideran no sólo “un acto deleznable”, sino también una estrategia más de la política de exterminio que se realiza contra madres, padres, familias y personas que apoyan la búsqueda de las más de 106 mil personas desaparecidas en México.
Angélica Rodríguez del colectivo Regresando a Casa Morelos fue la encargada de leer el posicionamiento donde se criticó fuertemente la inacción del Estado Mexicano y los gobiernos en turno para prevenir la desaparición de personas y para garantizar la búsqueda de quienes ya han sido desaparecidas.
“Más allá de la falta de un compromiso serio, vemos con suma preocupación las políticas que buscan militarizar el país, en un contexto de aumento de la represión contra familiares y organizaciones de derechos humanos que acompañan la búsqueda de los miles de desaparecidos en México”, expresaron las familias buscadoras.
Además recordaron que desde diciembre de 2010 a la fecha, en México han sido asesinadas 22 familiares de personas desaparecidas: “Tres de estas muertes ocurrieron en el último mes y medio”.
“Las y los familiares de personas desaparecidas no podemos seguir siendo víctimas de más vulneraciones de derechos humanos, y menos aún de un asesinato por buscar la verdad. El Estado y los gobiernos en turno deben actuar, prevenir, investigar y sancionar a los responsables. ¡Su deber es con el pueblo no con los criminales: Ni un asesinato más!”.
Por su parte, Silvia Ortiz de Grupo V.ID.A. de Coahuila tomó la palabra para señalar que esta violencia es consecuencia de falta de trabajo del Estado:
“Es la inacción del Estado nos tienen el campo, en los CERESOS, en los hospitales buscando y haciéndonos visibles… No contamos con el apoyo necesario para realizar estas búsquedas, y esta es una acción que no nos corresponde hacer, y por eso han asesinado a varias compañeras, así que la condena va para el Estado por la falta de acciones reales de búsqueda y por la falta de seguridad para todas las familias que salen a buscar”, expresó Silvia, madre buscadora de Silvia Stephanie Sánchez-Viesca Ortiz, quien fue desaparecida el 4 de noviembre de 2004 en Torreón, Coahuila.
Fabiola Pensado Barrera de Familiares en Búsqueda María Herrera Xalapa también manifestó su tristeza por tener que denunciar la muerte de otra compañera buscadora:
“Lo que pasó es un hecho reprobable y es triste que estemos visibilizando un hecho que nos duele en el alma… Hacemos un trabajo que no nos corresponde, pero ahora resulta que nos están matando, que están matando a las familias de las personas desaparecidas… y ante esto el Estado debería ser responsable de las búsquedas de las personas desaparecidas, pero también de la seguridad de quienes buscamos. Deben proteger y garantizar nuestras vidas”.
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