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Después de semanas de debate y disputas entre los poderes legislativo y el ejecutivo federal, México tiene una nueva reforma electoral que abre posibilidades inexploradas para la población migrante y sirve como un punto de partida para reducir trámites burocráticos, pero también deja muchos retos y pendientes a trabajar, explica la académica Leticia Calderón.
CIUDAD DE MÉXICO.– La discusión de la reforma electoral ha llegado a su punto final, y el Plan B presentado por el presidente López Obrador fue aprobado en el congreso de la unión. La reforma electoral es un hecho, y aunque en su discusión se dejó fuera el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral, así como la organización de elecciones populares para que la sociedad decida quiénes serán las próximas consejeras o conejeros electorales, entre los puntos aprobados por unanimidad se encuentran algunos que son de vital trascendencia para el país.
Por ejemplo: la compactación de las funciones del Instituto Nacional Electoral en la realización de elecciones; la reducción de espacios a cargos plurinominales, y una serie de medidas que fortalecen y favorecen a los mexicanos residentes en el extranjero para que ejerzan sus derechos político-electorales.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Pues, aunque la aprobación de esta reforma se llega después de una negociación entre bancadas opositoras y el partido del presidente, Morena; en realidad las lagunas que se vislumbran en el horizonte de la aplicación de la ley siguen dejando muchos pendientes a atender.
En entrevista con Pie de Página, Leticia Calderón, migrantóloga y especialista en procesos electorales da cuenta de los desafíos, aciertos y oportunidades que se abren con esta nueva reforma en el país.
Los avances
Ente los avances que la académica detecta en esta nueva reforma resalta, principalmente, aquellos que tienen relación los derechos político-electorales de mexicanos residentes en extranjero. Las modificaciones, precisa, permitirán ampliar la participación de las y los migrantes en la vida política nacional y sentar una base para modificar radicalmente la burocracia que actualmente existe en la credencialización e incorporación en el padrón electoral de las y los migrantes.
“La primera cosa que se me hacer importante resaltar es que, aunque estas disposiciones quedaron en los temas a debate, tanto en la intención de la reforma como en los cambios secundarios, el tema no fue impugnado. Nadie puso entre duda que tenía que estar entre los cambios, lo cual es favorable”, expresa.
En el caso de la credencialización, por ejemplo, Leticia Calderón resalta que aprobar el uso del pasaporte o la cédula consular como documentos que acrediten a las y los migrantes para votar abre brecha para pensar en una identificación universal para todos los mexicanos que no sea la credencial para votar.
“La credencial sirve, pero es una aberración jurídica, porque usamos un documento para votar, como un documento para identificarnos. Hay una disputa atrás de esto, incluso de miles de millones de pesos, porque ha habido varios proyectos para desarrollar una cédula o documento de identidad jurídica universal desde hace 20 años. Lo menciono porque, justamente, la falta de ese documento implica que la INE ha adquirido un valor de documento, pero es excluyente porque no incorpora a menores de 18 años, y a otros mexicanos en el extranjero, porque 1 millón tiene, pero son 13 millones. Estamos hablando de millones de personas excluidas en términos de documento jurídico”.
A su vez, entre los cambios que también se aparejan con esta reforma, está el de incentivar con mayor medida el uso del voto electrónico, tanto para quienes participan en el proceso electoral al interior del país, como para quienes residen en el extranjero. Esto, acorde a la lectura de Calderón, es positivo, pues puede generar una tendencia a homologar un solo modelo de votación que permita asegurar la participación de todas y todos. Sin embargo, expresa, en esta reforma se sigue manteniendo el uso de las boletas postales y el voto en los consulados.
“Mete mucho ruido el tema del voto postal, porque ya demostró que no solo es muy barroco, muy complicado, sino que no ha tenido el éxito que habíamos esperado. Pero hay muchas personas que hablan que se tienen qué mantener, pues argumentan que no todo mundo tiene internet, o un aparato electrónico. A mi me parece un paso importante avanzar en un solo modelo, con los riesgos que sí implican, pero hay que partir de la idea de que quienes radican en el extranjero tienen mayor frecuente el uso y penetración de aparatos inteligentes, como con las remesas. Efectivamente hay un debate en eso, pero a mi me parece que sería mejor avanzar en un solo modelo, al menos para la votación en el extranjero, porque genera más certeza, y es más fácil de revisar su funcionamiento”.
Pese a esto, y aunque otros de los aciertos que identifica Leticia Calderón está en la compactación de las funciones del INE en la organización de elecciones, la especialista también recalca que este cambio “es una discusión de organigrama, pues hay una cantidad de acciones y de labores que cada funcionario debería de hacer. En el discurso público nos confunden en que va a haber un recorte generalizado, pero lo que yo entiendo es que habrá ajustes, sobre todo en algunas acciones específicas”.
Para Calderón, hay cambios pendientes que van más de la mano con la voluntad política y agilidad legislativa. Como ejemplo, resalta la eliminación periódica del padrón de electores en el extranjero, una acción que califica de innecesaria y burocrática, pues quienes quieren acudir a ejercer sus derechos político-electorales tienen que atravesar un andamiaje legal que, incluso en esta reforma, se ha mantenido intacto.
“El trámite para votar desde el extranjero implica que la gente se de de alta para sacar la credencial. Pero para terminar de hacer el trámite le tiene que notificar al consulado, pero eso no implica que ya se dio de alta en el registro electoral, sino que también tiene que darse de alta en el registro, y luego se tiene que inscribir para votar en la elección que esté en curso. Algo totalmente innecesario. No es un problema solo del numero de funcionarios y su especialización, sino de un desperdicio de energía humana y procedimientos. De un nivel de burocratismo horrible”.
Como este, añade, “hay cosas que son administrativas, y que se pueden resolver más allá de este debate. Pero también hay que recordar que son atributos del congreso, no del INE. Es cierto que el INE no puede hacer nada de esto si el Congreso no lo incluye en las leyes. Con eta reforma sí se va a avanzar, aunque sea mínimamente. Pero todavía hay pendientes”.
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