Armería, Colima.- A pesar de que las autoridades federales y estatales avanzan en el proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo, colectivos de pescadores, salineros, académicos, organizaciones sociales y ciudadanía en general, defenderán hasta el último momento la laguna de Cuyutlán y su derecho a un medio ambiente sano.
La protesta más reciente ocurrió el pasado 2 de octubre en la Reunión Pública de Información convocada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), misma que realizaron por la presión ciudadana, pues originalmente estaba prevista para hacerse sólo en línea, de acuerdo al dicho de los propios manifestantes.
A esta reunión asistieron autoridades del Sistema Portuario Nacional de México en Manzanillo, SEMARNAT, del Gobierno del Estado de Colima y de ayuntamientos como Armería, Tecomán y Manzanillo, además del académico firmante de la Manifestación de Impacto Ambiental del megaproyecto: “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el vaso II de la Laguna de Cuyutlán, Colima”.
Por parte de la sociedad civil organizada en la reunión, hubo diversas manifestaciones de inconformidad y denuncias, por parte de los pescadores señalaron de manera puntual a un funcionario de la Secretaría de Marina, Francisco Javier Robles Carbajal, quien aparentemente intentó sobornar a integrantes de este gremio, para evitar que se manifestarán contra la obra de ampliación del puerto.
También los colectivos evidenciaron un hecho que la propia autoridad estatal de Colima dio a conocer a través de sus medios de comunicación oficiales en enero de este año (2025) y fue el inicio de los trabajos de dragado en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, sin contar con los permisos correspondientes, ni la Manifestación de Impacto Ambiental indispensable, señalaron en el comunicado emitido por parte de varias organizaciones.
Ampliación del Puerto de Manzanillo, proyecto inviable
La Manifestación de Impacto Ambiental de este megaproyecto lo presentaron en conjunto la Administración del Sistema Portuario Nacional de México (ASIPONA), SEMARNAT, IMADES, SEMAR y la Universidad de Colima, como responsable técnico y coordinador del proyecto, Aramis Olivos Ortíz, quien argumentó que para la conformación del documento participaron 18 académicos, de los cuales ninguno estuvo presente en la reunión, según señalamientos de los manifestantes.
Por su parte los académicos que se oponen a que este proyecto avance lo consideraron inviable en los términos planteados, ya que no existen condiciones para que convivan las actividades portuarias con la pesca y la producción salinera, ambas dependientes del equilibrio ecológico de la laguna, se lee en el comunicado.
Entre otras inconformidades, señalaron el monto aparentemente destinado para acciones de mitigación que se plantea en 9 millones de pesos y que en realidad no cubre ni una mínima parte del impacto adverso, que tendría para las actividades que desarrollan los salineros en la región.
Un proyecto sin legitimidad social
Con las experiencias que han tenido hasta ahora los manifestantes (organizaciones civiles, académicos, salineros, pescadores y ciudadanía en general), concluyeron que este proyecto promovido por el gobierno federal representado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena es impuesto y no cuenta con legitimidad social.
“Tanto el gobierno federal como la SEMARNAT siguen dando por hecho que el proyecto, como dicen siempre las autoridades colimenses, “va porque va”, pero nosotras y nosotros contestamos “ya lo veremos”, porque seguiremos luchando, porque la laguna, la sal, la pesca, la biodiversidad y la vida de nuestras comunidades no están en venta”, se lee en el comunicado.
