Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.- Al presumirse de la participación del crimen organizado, el hecho que Higinio Trinidad de la Cruz era defensor de una comunidad indígena y de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, y que existe un contexto minero; organizaciones exigen que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación de su asesinato.
En rueda de prensa en la Ciudad de México, las organizaciones Tsikini, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C . (ProDESC), Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Front Line Defenders y Global Witness exigieron una respuesta urgente de la autoridad federal.
Eduardo Mosqueda, representante de Tsikini, mencionó que hay condiciones para que la FGR atraiga la investigación del homicidio de Higinio y se pueda indagar a las autoridades municipales, dado que al ser del mismo partido que el gobierno estatal, Movimiento Ciudadano (MC), será complejo que la Fiscalía del Estado tenga una investigación objetiva.
Guardan silencio
El defensor de derechos humanos lamentó que hasta el momento ninguna autoridad, más allá del presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jesús Delgado Camberos, se ha manifestado al respecto.
“No ha habido una reacción del gobierno de forma oficial, salvo del presidente municipal. El gobernador de Jalisco no se ha manifestado. Un senador y una senadora de Jalisco, tras una fuerte presión, condenaron con un breve tuit, el asesinato de Higinio. Por parte de la federación, no ha habido un pronunciamiento público. Sería trascendental que el presidente de la República se pronuncie y se anuncie una mesa de paz”.
Eduardo Mosqueda
Hasta el momento no hay avances en las investigaciones, pero tampoco presencia suficiente de la Guardia Nacional en el sitio para garantizar la seguridad de la población.
Mosqueda agregó que, desde el homicidio de Higinio, se ha mantenido el acoso y hostigamiento por parte de personas armadas quienes incluso ingresan a la fuerza a las viviendas de las personas comuneras.
Fernanda Venzon, representante de EDLC, llamó a las empresas AcerlorMittal y Ternium a pronunciarse al respecto, toda vez que si se comprueba que no tienen responsabilidad del asesinato, sí se ven beneficiadas por el clima de violencia contra las personas defensoras, ya que se defienden de la minería.
“Las empresas deberían tener procesos internos para evaluar y hacer dirigencias en derechos humanos para saber hasta dónde sus actividades promueven la violencia”.
Fernanda Venzon
En la zona de Ayotitlán la actividad de estas empresas provoca tala ilegal y hay al menos 10 minas ilegales, recriminó Tsikini.
