Por: Lauro Rodríguez
Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. 13 de julio de 2022. (Letra Fría) En un comunicado, la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) se sumó al Comité 68 Pro- Libertades Democráticas para exigir la extinción del dominio de los bienes del ex presidente Luis Echeverría. Esto, para que después de su muerte se pueda reparar el daño a las personas víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante su sexenio al frente del Ejecutivo federal.
La Red mencionó que dentro de las víctimas está la comunidad indígena nahua de Ayotitlán. Toda vez que fue en 20 de agosto de 1971, bajo la presidencia de Echeverría, que se oficializó la creación del Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, empresa -en ese entonces paraestatal y después privatizada por Carlos Salinas de Gortari- a la que acusan de generar un ecocidio y atentar contra la comunidad indígena asentada en Cuautitlán de García Barragán.
“Así, de manera violenta y sorpresiva, utilizando la legalidad de la injusticia, y pisoteando la dignidad y territorio sagrado de uno de los tres Pueblos Originarios de Jalisco, y la del ‘Benemérito’, los hoy finados Echeverría y (Pablo) Silva -ex gobernador de Colima-, con la complicidad del cacique mayor de la Costa Sur: Marcelino García Barragán (1895-1979), despojaron de gran parte de su patrimonio territorial y natural al Pueblo Nahua-Otomí de la Sierra de Manantlán, invadido, pisoteado y diezmado por las encomiendas coloniales, las haciendas porfiristas, el presidencialismo priísta emanado de un proceso revolucionario y agrario que no los tomó en cuenta ni los respetó en sus DH individuales y colectivos”, describió la Red.
La RJDH precisó que las decisiones del ex presidente Echeverría perjudicaron a alrededor de 7 mil indígenas nahuas, por lo que decidieron sumarse a la petición del Comité 68 y piden que se incluya a Ayotitlán entre los posibles receptores de una reparación del daño.
Edición: CAC
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