Por: Lauro Rodríguez
Guadalajara, Jalisco. 21 de febrero de 2022. (Letra Fría) La semana pasada el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que enviarían elementos armados de corporaciones federales y estatales a reforzar la seguridad de siete municipios que colindan con Colima. Entre ellos, Cuautitlán de García Barragán, en la Sierra de Manantlán.
El mandatario afirmó que, pese al clima de violencia en el estado vecino, las acciones serían solo preventivas pues aún no cruzaba el límite territorial la ola de inseguridad.
Ante esto, la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) exigió que ese reforzamiento de seguridad sea permanente y real para blindar a las comunidades indígenas.
La Red señaló que por años han exigido un cese a la violencia provocada desde Colima y que mantiene en el exilio a decenas de familias indígenas. Sin embargo, nunca han sido escuchados.
“Desde la semana Santa de 1920, los nahuas de la Comunidad Indígena de Ayotitlán, perteneciente a Jalisco, han sufrido matanzas, detenciones arbitrarias, incursiones castrenses, la instauración de una mina de hierro en su territorio ancestral (Peña Colorada), exclusión y segregación racial, contaminación de sus aguas, aires y terrenos, así como despojos territoriales importantes (municipios de Comala, Minatitlán, Coquimatlán y Manzanillo). Debido a la falta de los más elementales servicios públicos en su territorio, sobre todo de seguridad pública, diversas células de la narco delincuencia se han asentado en sus localidades, generando espionaje, persecución, miedo y complicidades nunca antes imaginadas”, describió la RJDH.
Ante esto, han intentado en tres ocasiones, que Enrique Alfaro vaya al lugar y conozca de primera mano lo que viven los indígenas de Ayotitlán. Sin embargo, ni con la presión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo han logrado.
“(No) se ha dignado reunirse con nosotros pese a tres escritos que le hicimos llegar durante su campaña (2018) y una vez llegado al Gobierno de Jalisco (2019-2020). Los límites con Colima están enredados, no precisamente por culpa de los indígenas, sino de actitudes erróneas como la que durante estos tres años Alfaro ha mostrado y reiterado”, precisaron.
Alfaro es omiso
La Red también explicó que la zona indígena de Ayotitlán está en abandono y los programas sociales pocas veces llegan. Además, puntualizó que cuentan con al menos dos resolutivos para que el gobierno estatal atienda la situación de Ayotitlán. La RJDH los presentó ante el actual gobernador, pero fue completamente omiso.
“Jalisco sigue sin resolver la Controversia Constitucional N° 3/98 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y sigue sin cumplir la Recomendación 122/95 de la CNDH. Para evitar que la espiral de violencia empeore; nosotros mismos se lo hicimos saber por escrito al mandatario jalisciense, y éste nos ninguneó”, lamentaron.
Por lo tanto, la conclusión de la Red es que la violencia en los límites entre Jalisco y Colima no es algo nuevo. Reclamaron que, aunque sea en el marco de esta coyuntura en la que se busca colaborar con el estado vecino, por fin atiendan la demanda de los indígenas.
La estrategia
Desde la semana pasada, por acuerdo de la Mesa de Seguridad, el gobierno federal y el estatal reforzaron los patrullajes a través de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal en siete municipios que colindan con Colima.
Se trata de Cuautitlán de García Barragán y Cihuatlán en la Costa Sur del estado, pero también en Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Tonila, Tuxpan y Pihuamo, en el Sur de Jalisco.
Además, el mandatario afirmó que tuvo comunicación con Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, para implementar una estrategia en conjunto, si así lo consideraba pertinente.
Edición: Carmen Aggi Cabrera
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