Por: Lado B | Alianza de Medios
Ciudad de México. 23 de abril 2023 (Letra Fría) .- Para empezar este texto y entender un poco mi postura, creo que es necesario compartirles mi historia de origen.
No puedo dar un año concreto, pero remontémonos juntos por ahí de 2011 o 2012. En ese entonces me empecé a adentrar en estos temas de la transparencia con mis primeras solicitudes de acceso a la información y aprendiendo lo que podía de los procesos de una forma muy empírica y a base de prueba y error. Por esas fechas, mis jefes del medio en el que trabajaba me asignaron cubrir las sesiones del pleno de la entonces Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP), sin que yo tuviera idea de qué era eso y hasta cierto modo con preocupación porque mis conocimientos sobre temas jurídicos eran mínimos.
Sin embargo, fue en esas sesiones que entendí los fundamentos legales de esas solicitudes que hacía, que entendí las justificaciones que daban las autoridades para negarme la información (de manera insistente) y que empecé a comprender el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental de todos y de todas. Todo esto se lo aprendí a Blanca Lilia Ibarra Cadena, actual comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien en sus participaciones en el pleno presentaba con claridad sus argumentaciones y el sustento de sus resoluciones, explicando con palitos y bolitas el estudio de cada uno de los casos que llevaba al pleno. Escucharla fue para mi como cuando Alicia cayó en el agujero siguiendo al conejo blanco. Entré a un mundo de maravillas (a veces no tan maravillosas) que es esto de la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y los datos personales, y más de una década después no he salido de ahí.
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El punto de esta confesión y fangirleo es, primero que nada, expresar el aprecio que le tengo a los órganos garantes del derecho de acceso a la información y transparencia, el de Puebla fue mi primera escuela y el nacional realiza una labor de suma importancia en la sociedad actual, por lo que la situación en la que se ha encontrado desde hace un año y en particular en las últimas semanas me genera preocupación y dolor.
No volveré a describir la situación de la falta de nombramiento de comisionados, eso ya hablé en una entrega anterior.
Hoy, 14 de abril de 2023 no tenemos pleno del INAI, se concretó lo que muchos temimos y la Cámara de Senadores no ha cumplido con los nombramientos que faltan (bueno, nombró a dos integrantes, pero esta designación fue objetada por el presidente de la república hace un mes sin que se haya resuelto el tema de las vacantes en el instituto). Al momento de escribir estas líneas en los medios circula un audio en el que se escucha al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, decirle a senadores y senadoras de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que para el presidente Andrés Manuel López Obrador no es prioridad que se den estos nombramientos y que incluso este “impasse” en el que se encuentra el órgano garante es una situación “ideal”.
Esta postura tiene muchas lecturas, de las cuales mucha tinta correrá (este comentario deja ver mi edad porque sigo pensando en medios impresos), pero en lo personal sólo quiero compartir un par de comentarios.
En primer lugar, y creo que, de manera más importante, este mensaje del gobierno federal deja ver un desinterés en la existencia de órganos constitucionalmente autónomos, los cuales tienen entre sus facultades el servir de contrapeso al poder.
Si nos vamos a cuestiones teóricas, los órganos de este tipo -constitucionalmente autónomos, con autonomía constitucional o como les queramos llamar- responden a que en las sociedades actuales la división del Poder en tres ramas -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- ya no es suficiente para responder a las problemáticas que se tienen, por lo que se han institucionalizado estos organismos para atender cuestiones específicas y técnicas, sin tintes políticos, y vigilar que el Estado cumpla con su obligación de garantizar determinados derechos de la ciudadanía.
Una explicación muy clara de la importancia que tienen los órganos autónomos se incluye en el documento de la controversia constitucional que presentó el INAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la falta de nombramientos de sus integrantes:
“La garantía institucional debe ser vista en conjunto con la evolución de los derechos humanos en México, en tanto que ambos conceptos se han aproximado al grado de que la misma garantía, encuentra su finalidad y medida en los propios derechos (…) Es decir, existe autonomía porque hay bienes jurídicos tutelados que garantizar”.
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