Por: Pie de Página | Alianza De Medios
Ciudad de México. 07 de mayo 2023 (Letra Fría) .- Hace dos años, la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentó un anteproyecto para reformar la Ley general de Ciencia y Tecnología. Un preámbulo de la reforma que se aprobó en el Senado el viernes 28 de abril.
El anteproyecto levantó la molestia desde entonces en un sector de la academia mexicana que resentía los cambios en la dirección general del Conacyt al perder la exclusividad de acceder a becas y estímulos. Las críticas e mantuvieron durante dos años de foros y debates. Ahora, tras la aprobación de la reforma, este mismo sector ha cuestionado que no fue consultado. El principal reclamo es que este nuevo modelo implicará la “desprofesionalización” de la investigación científica, así como la militarización y control absoluto del Estado en el nuevo órgano que sustituirá al Conacyt.
Pero, ¿qué de ciertos tienen estos argumentos? Para responder, en Pie de Página conversamos con el abogado constitucionalista Federico Anaya Gallardo, quien desde un inicio participó en los debates de la ley mientras era abogado general del Instituto Politécnico Nacional.
Conacyt cambia de nombre; el organismo se mantiene
Uno de los mitos más difundidos es que el Conacyt desaparecerá. Esto, sin contextualización, parece augurar un caos, dice Anaya:
“Solamente hay una cosa peor que un abogado formalista, y es los no abogados formalistas. Materialmente, la cosa que hoy llamamos Conacyt, y después la vamos a llamar Conahcyt, es la misma cosa: la misma burocracia, la misma institución. Eso es muy importante en términos sociológicos y burocráticos. No desaparece. Esta idea de que ya no va a haber Conacyt y van a poner ora cosa, no es cierta. Se le va cambiar el nombre y se le van a especificar mejor las funciones que ya venía haciendo. Eso es el objetivo de la ley”.
El objetivo de la nueva ley es evitar la generalidad que tiene Conacyt en la legislación vigente, precisa Anaya. Y, de forma puntual, busca poner un candado legislativo a los cambios que ha impulsado la nueva administración del Conacyt.
Un ejemplo: antes, sólo los profesores con plaza de asignatura en universidades públicas podían acceder al complemento económico del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); desde la llegada de la nueva administración, este beneficio también se ha abierto para profesores con contrato por asignatura.
La reducción de los estímulos a las universidades privadas es otro tema que se ha profundizado durante esta administración. Esto, de acuerdo con el abogado, es lógico: pues estos beneficios están destinados a instituciones públicas para que realicen investigación científica. No están destinados a empresas privadas.
Otro tema es el desplazamiento del sector privado dentro de los órganos de gobierno y consultivos del Consejo. La razón, dice Anaya, está en la poca participación que tenía este sector en la inversión para la investigación científica.
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