Por: PopLab | Alianza De Medios
San Luis Potosí. 10 de abril 2023 (Letra Fría) .- Con la aplicación de notables recursos materiales y humanos que rara vez se emplean en la búsqueda de víctimas de desaparición, los gobiernos federal, de San Luis Potosí y de Guanajuato localizaron a un ciento de personas retenidas contra su voluntad, pero han sido incapaces de dar respuestas a las múltiples interrogantes sobre un caso donde se mezcla inseguridad en carreteras y el tráfico ilegal de migrantes que ya incluye el asesinato de un conductor originario de León, Guanajuato.
El involucramiento de dos estados: Guanajuato y San Luis Potosí representó que corrieran versiones contradictorias entre las autoridades de ambas entidades.
Durante dos días, la información que revelaron las autoridades involucradas dejan más dudas que respuestas sobre lo que sucedió a partir del 3 de abril y las personas responsables. Entre las preguntas sin responder están:
¿Qué hace una empresa leonesa que se dedica al turismo transportando migrantes desde Guanajuato a los que hace pasar por turistas?
¿Por qué el alcalde del PVEM en San Felipe insistió desde el primer momento que habían sido liberados y estaban ya en su destino, cuando no fue así; por qué insistió en que eran vecinos del lugar, cuando solo 2 de los 23 lo son?
La primera versión que surgió sobre la desaparición del grupo que salió de La Quemada, San Felipe, es que se trataba de turistas que iban a Saltillo, Coahuila, información que surgió desde la propia empresa transportista Eifel, propietaria de las dos camionetas en las que viajaba el grupo, pero más tarde se confirmó que se trataba de migrantes centroamericanos.
En la ficha de búsqueda de Joel Juárez Sánchez, el conductor leonés que murió asesinado en San Luis Potosí, se detalló que viajaba en una camioneta con número de placas GTR2686 del estado de Guanajuato; es decir, no estaba certificado el vehículo para transportar turistas porque las placas tendrían que ser federales.
En la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato se faculta al gobierno estatal para emitir permisos para transporte de personal, pero se trata de una licencia que aplica para prestar el servicio únicamente en la entidad.
El Gobierno de Guanajuato ha dado pocas explicaciones sobre lo acontecido, pero sí aprovechó para lucirse con el anuncio de que enviaron dos helicópteros y personal de la Secretaría de Seguridad Pública para apoyar en los trabajos de búsqueda, sin aclarar si la empresa y los vehículos que rentaron tenían los permisos estatales para el transporte de personal u operan con permiso federal que les permite transitar por el estado dando el servicio de transporte turístico.
Otro personaje que ha jugado un papel protagónico es el alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado, quien desde el día que se hizo pública la desaparición del grupo, posteó un video en redes sociales donde aseguró que tenía conocimiento de que estaban camino a su destino, con el único contratiempo de que los detuvieron para pedirles un cobro por el paso de la carretera, por parte de un grupo criminal.
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**Este contenido fue publicado originalmente en PopLab que forma parte de la Red de Periodistas de a Pie**
