En respuesta a la denuncia presentada, el Agente del Ministerio Público llevó a cabo los trabajos que acreditaron la posible responsabilidad de Alejandro en agravio de la niña.
Esto lo evidenció una investigación hecha por el Laboratorio de Estudios Económicos y Sociales Sociedad Civil y, además, la autoridad falla en identificar quiénes son las personas agresoras, obstaculizando así el derecho a la justicia y reparación del daño.
La autoridad judicial consideró que era suficiente para encontrarlo culpable del delito de abuso sexual infantil, y lo sentenció a 8 años en prisión.
