Hace unas semanas la opinión pública mexicana volvió a sacudirse por un caso que, aunque surge de un recurso institucional ya existente, hasta ahora, no había logrado un alcance tan masivo y excesivamente cuestionado: “Dato protegido”.
Las autoridades, en muchos casos, han actuado rápido —lo que no significa actuar bien—, generando sanciones y procedimientos que culpabilizan a profesores mucho antes de que termine el proceso para determinar la responsabilidad.
