La seguridad y salud de las niñas, niños y adolescentes (NNA) es más valiosa que cualquier otro principio. Lo dejo claro desde la primera línea porque, en toda discusión, debe ser punto de partida.
Bajo ninguna circunstancia, ni las leyes ni como gremio, debemos solapar a profesores que acosen o violenten de cualquier forma a sus estudiantes. Pero el equilibrio de la balanza es muy delicado, y lo mostró con nitidez el caso de la maestra de preescolar María Teresa, de San Juan del Río, en Querétaro.
A principios de abril de este año, un grupo de padres de familia de la comunidad Santa Cruz Nieto acusó a la maestra Tere de violencia de género hacia sus estudiantes. La juez la vinculó a proceso y pasó algunas horas en la cárcel, pero las pruebas fueron tan poco determinantes que el proceso lo lleva en libertad.
En los antecedentes del caso, se sabe que la maestra Tere enfrenta una enfermedad que la obliga a atención médica constante, lo que le impide asistir algunas veces a clases. Los padres de familia interpretaron esta situación como una falta de profesionalismo y exigieron la destitución de la maestra. Como asistir a consultas médicas en el ISSSTE es un derecho, nadie la destituyó, y entonces la acusaron de violencia de género.
Si bien el caso no apareció de manera puntual en las movilizaciones del pasado mayo, sí es una preocupación constante.
La autoridad educativa, en plena congruencia con la Constitución Mexicana y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, 2014), emitió protocolos de protección que son muy valiosos en la medida que resguardan la integridad de los estudiantes. Pero han tenido como efectos colaterales un empoderamiento de padres de familia y alumnos, quienes al profundizar el desprestigio que algunos espacios tienen hacia los docentes, han hecho uso de estos procedimientos para realizar acusaciones falsas o exageradas.
Las autoridades, en muchos casos, han actuado rápido —lo que no significa actuar bien—, generando sanciones y procedimientos que culpabilizan a profesores mucho antes de que termine el proceso para determinar la responsabilidad.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2023), entre 2018 y 2022, el 15% de las quejas relacionadas con el sistema educativo involucraban denuncias de maltrato infantil, de las cuales casi la mitad resultó sin sanciones, pues no había pruebas.
En 2022, un grupo de investigadores de la UdeG del área de psicología realizó un estudio en secundarias públicas de Jalisco (metodología: estudio de caso) y señaló: “Tras el análisis de los datos, se identificaron cuatro categorías de violencia hacia docentes: violencia verbal, violencia física, violencia patrimonial y violencia virtual” (Pérez, Uribe, Torres y Oropeza, 2022, p. 1).
Insisto en que el equilibrio es delicado: no se trata de solapar a nadie ni de desconocer la necesidad de cuidar a los NNA, pero sí de dar certeza jurídica a quien practica la docencia. La “Ley Tere” propone discutir mecanismos de equilibrio que, sin abandonar el interés superior de la niñez, también sancione a quien acuse falsamente a un profesor y que exista un mecanismo de compensación para las y los docentes injustamente acusados.
¿Alguien no estará de acuerdo con eso? Proteger a los NNA es innegociable. Igual de innegociable que cualquier persona padezca el infierno de una condena por una falta que no cometió.
