La educación ha sido motivo de discusión pública en los últimos días, a partir de la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) realizada el pasado 7 de mayo, en que se anunció la intención de modificar el calendario escolar. Que la educación se discuta con esta intensidad es una gran noticia y una inmejorable oportunidad.
La educación es un tema estratégico de interés público; resulta conveniente que muchos actores sociales se involucren en pensarla y discutirla: autoridades educativas, docentes, padres de familia, estudiantes, empresarios, sindicatos y sobre todo, el común de los mortales.
Festejo que con esta discusión abierta algunas ideas hayan quedado claras: por ejemplo, que los maestros no decidimos los días que hay clases, o que las políticas de becas y métodos de calificación y promoción han perdido rigor, que los libros de texto son un factor que tampoco es decisivo, y que existen múltiples y con frecuencia contrastantes expectativas sociales hacia el papel de las escuelas y el rol de las familias.
Las reflexiones que deja el debate
El debate ha dejado reflexiones valiosas, como identificar que tras los planes y programas de estudio hay un ideal político, que aplica lo mismo en esta época que en las anteriores, y que entonces y ahora el empresariado es feliz de usar a las escuelas como guarderías.
También es una gran noticia que las y los docentes mexicanos hayan tomado conciencia de su rol político y que expresaran sus análisis y opiniones, que plantearan sus demandas y expresaran sus afinidades.
Sin embargo, si todo queda aquí, estaremos perdiendo una gran oportunidad. Es necesario crear consensos. En este sentido, me gustaría proponer dos principios fundamentales. El primero es que celebrar que las personas opinen sobre educación no significa que esté de acuerdo con lo que dicen: personalmente no puedo estar de acuerdo con quienes reducen la acción del docente a un acto de aplicación de fórmulas prediseñadas, o con quienes asumen que lo que ocurre en el salón es el único momento de trabajo. No puedo estar de acuerdo con quienes proponen horarios extendidos y clases permanentes, o con que sean los docentes los únicos responsables de los rezagos.
El segundo principio es asumir la complejidad. Tampoco puedo estar de acuerdo con quienes promueven una única fórmula para resolver todos los desafíos. En concreto, si los planes de estudio tienen la facultad de recoger las realidades regionales, el calendario también debería poder adaptarse a las realidades locales. Construir en esa complejidad es un camino deseable y tan necesario como la participación en el debate.
Esperé hasta el último momento para escribir esta columna y saber si en la reunión extraordinaria de CONAEDU, de este lunes 11, había ya una decisión tomada con respecto al calendario, lo que no ha ocurrido mientras escribo. En el debate que permanece vigente, los docentes tenemos la gran oportunidad para demostrar que somos especialistas en el tema, y que nuestra voz de profesionales amerita ser tomada en cuenta.





