La impunidad estalló en Guadalajara el miércoles de Pascua de 1992. Sigue sin aclararse si la causa fue la negligencia institucional materializada en fallas en la construcción de infraestructura o el robo de combustible; lo cierto es que miles de litros de hidrocarburo se vertieron al sistema de drenaje, lo que provocó una explosión que dejó 8 kilómetros de calles destruidas, donde murieron 212 personas y se dañaron 1,142 viviendas y 450 comercios, además de numerosos lesionados.
La semana pasada se cumplieron 34 años de esta fatídica mañana del 22 de abril en Guadalajara, que trascendió en la vida pública de todo Jalisco. Lo que me parece relevante es que hoy después de tantos años, personas que fueron afectadas se mantengan en una lucha por el reclamo de justicia, dejando importantes lecciones de participación en la vida pública en movimientos de largo aliento.
La ciudadanía se ejerce en la construcción del espacio público, al participar y discernir en torno a los problemas que nos afectan como grupo; esa es la expresión de raíz de esta condición humana. Ante la tragedia y la emergencia los afectados del 22 de abril han dado muestras de que la organización y la construcción de un mundo mejor pueden existir en colaboración con la autoridad, sin la acción de la autoridad o, incluso, en confrontación pacífica con ella.
La autonomía de acción
El primer censo de lesionados y damnificados por las explosiones lo hicieron los propios vecinos; así tuvieron datos puntuales con los cuales dimensionar la tragedia. Esta autonomía de acción fue el punto de partida de futuras negociaciones, pues les permitió hacer reclamos para recuperar bienes a quienes perdieron sus casas, y reclamar otras formas de reparación a quienes quedaron con daños a la salud irreversibles.
Durante muchos años, los damnificados del 22 de abril han protagonizado marchas, plantones y numerosas manifestaciones que han obligado a las autoridades a mantener el tema en la agenda a pesar del paso del tiempo; es esta acción la que ha permitido resarcir parcialmente algunos de los daños ocasionados. Esta acción también ha sido acompañada de litigios legales que han tenido como principal fruto un fideicomiso creado a partir de mayo de 1992, que también es continuamente revisado. Este año, sobrevivientes como Lilia Ruiz Chávez, quien vive con una discapacidad permanente, han denunciado que los recursos para el fideicomiso pueden terminarse en septiembre.
En pie de lucha
La acción política ha tenido un fuerte componente simbólico y de construcción de memoria colectiva. En el jardín de San Sebastián de Analco se construyó la “Estela contra el Olvido”, un monumento que tiene presente a las víctimas, en el cual se desarrollan con frecuencia actos de fe, reflexiones y actos culturales que buscan, precisamente, que aquella terrible tragedia no se diluya en la indiferencia.
La digna lucha de los damnificados ha dejado lecciones de participación transferibles a otros movimientos: organización, lucha simbólica pero también jurídica, vigilancia y transparencia son herramientas que los ciudadanos tenemos en nuestras manos para construir un mejor espacio público, mismo que podemos hacer sin las autoridades, en colaboración con las autoridades o, cuando los agravios son mayúsculos como en esta triste página de la historia jalisciense, en pacífica oposición a ellas.
