Por: Martha Verónica Guerrero Aranda | En la actualidad, el voto que ejercen libremente las mujeres no debe resumirse en un acto simple de acudir a las urnas; es un derecho que costó la vida muchas mujeres para consolidarlo; fue un largo camino acompañado de distintas formas de represión, huelgas de hambre, alimentación forzada, detenciones, encarcelamientos, violencia física, rechazo social y persecuciones; obtenerlo representó un alto costo, por lo tanto, es imprescindible protegerlo.
Un antecedente importante es el de 1791, Olympe de Gouges escribe la “Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana; en 1793, por sus ideas la condenan a pena de muerte. El movimiento que buscó por todos los medios el derecho al voto femenino es conocido como “sufragista”, tuvo presencia en casi todos los países incluyendo México. El primer país en el que votaron las mujeres fue Nueva Zelanda, el 19 de septiembre de 1893, sin embargo, fue hasta 1919 que pudieron postularse.
Actualmente, la tentación que tienen algunas y algunos políticos o figuras públicas de proponer iniciativas que consideran “innovadoras” por ejemplo la de abolir el derecho al voto de las mujeres como sucedió en la Cumbre de Liderazgo Femenino realizada en Texas, en junio de este año, convocada por Turning Point USA, o la que realizó en nuestro país un militante del PAN quién propuso un modelo de “voto por familia o por hogar” o la idea de una conocida influencer mexicana de que “no todos deberían de votar” son solo una muestra de lo vulnerable que pueden ser los avances en derechos humanos.
Estas narrativas atentan contra la persona individual sujeta de derechos, ponen en riesgo el sufragio femenino, pero también la autonomía cívica e individual que han alcanzado las mujeres, con la idea del fortalecimiento de la familia tradicional y considerar que la autonomía de las mujeres atenta contra este modelo, se pretenden perpetuar estereotipos de género que determinan los roles en los que las mujeres están confinadas a la vida privada y los varones a la pública.
El voto femenino puede entenderse no como un derecho otorgado espontáneamente, sino como el resultado de décadas de organización, resistencia y lucha de las mujeres. Por lo tanto, colocarlo en la discusión pública para debatir si es pertinente, indispensable u oportuno en pleno siglo XXI me parece un contundente retroceso en materia de justicia social.
Por ello, cualquier propuesta que pretenda sustituir el voto individual por un “voto familiar” debe analizarse desde la perspectiva de los derechos humanos, la igualdad de género y la democracia, pues podría implicar un retroceso respecto de derechos políticos conquistados históricamente por las mujeres. En este sentido me gustaría retomar las palabras que Angela Davis expresó en su reciente visita a México, recalca que transitamos por “una época marcada por campañas antifeministas, antigénero y con gobiernos semifascistas o fascistas” hace el llamado para considerar que es estos momentos “en el mundo la desesperanza no es una opción”.
En ese sentido, lo más importante es preservar los derechos ya logrados, buscar consolidar aquellas leyes que buscan fortalecer la participación de mujeres y hombres en la vida política, social y cultural de manera igualitaria. Romantizar la idea de la familia tradicional a costa del sacrificio de las mujeres no es un camino viable, por supuesto que la familia es importante, pero no debe colocarse al centro de la sociedad a costa de la libertad, los derechos y el bienestar de las mujeres. La construcción de familias sanas implica compartir responsabilidades.
Agradezco como siempre el favor de su lectura, los invito para que dejen sus comentarios, espero tengan un agradable día y nos encontraremos en la próxima emisión.
