Por: Pie de Página | Alianza De Medios
CIUDAD DE MÉXICO. – El decreto presidencial que entró en vigor el pasado 13 de febrero replantea los límites del glifosato y el maíz transgénico en México, estableciendo que, para el 31 de marzo del 2024, el país deberá estar libre de estos en su totalidad.
Esta medida llega después de que el gobierno de los Estados Unidos, en el marco del TMEC, exigiera al gobierno de México que presentara argumentos científicos para justificar la prohibición que estableció en un decreto que emitió el 31 de diciembre de 2020, donde detallaba que para el primer semestre de 2023 se crearía el marco legal para prohibir el uso de glifosato y maíz transgénico en el país.
Ante esto, en el nuevo decreto que deroga el de 2020, el presidente López Obrador detalla una ruta más específica para asegurar la prohibición total de glifosato y maíz transgénico en México. Entre los puntos más relevantes que deberán cumplirse en su totalidad a marzo de 2024 están:
-La prohibición total del uso de maíz transgénico para alimentación humana, y su reducción gradual hacia 2024 en uso industrial y agrícola.
-Revocar y abstenerse de otorgar permisos para la liberación de semillas de maíz transgénico en ambiente mexicano.
-La instrucción hacia las dependencias correspondientes de usar en programas públicos maíz transgénico y glifosato, y a la vez, determinar las sanciones correspondientes para quien lo haga.
-La realización de un estudio científico con el fin de comprobar, o identificar, los daños a la salud que provoca el consumo de maíz transgénico.
Sin embargo, entre los puntos polémicos que se encuentran en este nuevo decreto está la permisión de que hasta que no se cumpla el plazo establecido en el documento, se podrá emplear el maíz transgénico en actividades de uso industrial para la alimentación humana (es decir, aquellas que no se relacionan con el nixtamal y la elaboración de harina) y para la agricultura.
La historia de la prohibición del glifosato y el maíz transgénico en México es larga, y en su caminar, ha estado marcada por diferencias políticas e intereses de las grandes transnacionales que han impedido su realización, y en algunos casos, inclusive, ha propiciado diferencias aparentemente irreconciliables entre quienes impulsan esto desde el gobierno federal. Estos son los momentos claves del conflicto.
1. – Los desencuentros
La historia se remonta a noviembre de 2019, cuando Víctor Toledo, entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), frenó la importación de un cargamento de mil toneladas de glifosato bajo el “principio precautorio”, una figura legal que, ante el desconocimiento de los potenciales daños de una práctica, ésta se debe suspender hasta determinar el peligro que representa.
Para ese año, Monsanto – Bayer (principal empresa productora de glifosato) ya acumulaba una serie de demandas en distintos países por, probablemente, provocar cáncer y otras enfermedades crónicas en humanos. De igual forma, su uso está prohibido en Austria, en 31 ciudades de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Escocia, España y Nueva Zelanda. Mientras que en al menos otros 18 países más su uso está restringido de forma parcial.
El argumento de la Semarnat era válido, sin embargo, generó una serie de desencuentros en el gabinete presidencial, particularmente entre el entonces jefe la oficina de presidencia, Alfonso Romo, y el secretario de agricultura, Víctor Villalobos, quienes comenzaron a operar en contra de la decisión de Toledo para revocar el freno a la importación de glifosato. También, la dependencia de Villalobos envió por aquellos días una propuesta de anteproyecto para programar y coordinar estudios técnicos necesarios que permitan determinar la seguridad del químico.
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