La historia del SIAPA no puede contarse únicamente como una sucesión de directores generales. Para entender cómo llegamos a la crisis del agua, hay que reconstruir algo más importante: quién ha tenido la capacidad de decidir sobre el organismo, cómo se distribuyeron sus atribuciones y qué ocurrió con los procedimientos encargados de garantizar el servicio.
De los antecedentes metropolitanos al organismo intermunicipal
La historia puede rastrearse hasta 1952, durante la presidencia municipal de Jorge Matute Remus en Guadalajara, cuando se impulsaron acciones para ampliar el abastecimiento de agua, entre ellas el proyecto de traerla desde Chapala. En ese periodo también se ubica el antecedente del Patronato de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara. El SIAPA, como organismo identificado con ese nombre, aparece jurídicamente en 1978. El 27 de marzo de ese año se expidió el Decreto 9765, publicado el 20 de abril, que estableció el marco jurídico del organismo para la gestión metropolitana del agua. El cambio fue relevante porque dotó de una estructura institucional a una necesidad que rebasaba los límites de un solo municipio: organizar el abastecimiento y los servicios de agua potable y de alcantarillado para una metrópoli en expansión.
Pero la existencia de un organismo metropolitano no resolvía por sí sola cómo se distribuirían las decisiones entre los gobiernos involucrados ni qué mecanismos garantizarían que las decisiones administrativas se tradujeran en resultados. En 2002 se produjo una nueva reorganización. El Decreto 19475 abrogó el marco jurídico anterior y el convenio de asociación intermunicipal del 7 de febrero, publicado el 6 de junio, estableció una nueva configuración del SIAPA como organismo público descentralizado intermunicipal. El convenio fue suscrito por Fernando Garza Martínez, presidente municipal de Guadalajara; Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Zapopan; Antonio Álvarez Hernández, de Tlaquepaque, y Vicente Vargas López, de Tonalá.
La estructura contemplaba un Consejo de Administración con atribuciones presupuestales, tarifarias y administrativas, mientras que la Dirección General debía ejecutar sus acuerdos. La diferencia importa. Una cosa es definir las decisiones de gobierno del organismo y otra ejecutar las instrucciones correspondientes. Para evaluar el funcionamiento institucional, hay que observar tres aspectos: quién aprobaba, quién debía ejecutar y qué mecanismos permitían verificar los resultados. La reorganización de 2002, por tanto, no fue un simple cambio de nombre. Modificó el marco bajo el cual se organizaba la intervención de los municipios en el gobierno del sistema. El reto seguía siendo convertir esa coordinación política y administrativa en una capacidad efectiva para prestar el servicio.
2012 y 2013: el cambio decisivo en la estructura de gobierno
En julio de 2012, el Consejo de Administración aprobó un nuevo Reglamento Orgánico del SIAPA. En el documento aparecen Francisco de Jesús Ayón López, como presidente del Consejo; Uriel Alejandro Parga Ramírez, como secretario ejecutivo, y José Luis Hernández Amaya, como director general. El reglamento entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Sin embargo, el cambio más importante llegó a finales de 2013. Mediante el Decreto 24805/LX/13, el SIAPA fue transformado en un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo estatal. Con esta modificación, la Junta de Gobierno quedó identificada como el máximo órgano de gobierno y administración, mientras que la Dirección General conservó responsabilidades diferenciadas. La estructura dejó de basarse en el esquema intermunicipal anterior y pasó a regirse por una configuración institucional vinculada al Ejecutivo de Jalisco.
La ley fue promulgada durante el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. En el proceso legislativo también aparecen Héctor Pizano Ramos, entonces presidente del Congreso; Idolina Cosío Gaona y Víctor Manuel Sánchez Orozco, como secretarios legislativos; y Arturo Zamora Jiménez, secretario general de Gobierno. La relevancia de esta transformación no radica en afirmar que la centralización estatal haya producido automáticamente los problemas actuales. La documentación disponible no permite sostener una relación causal tan directa. Su importancia radica en que cambió el lugar institucional desde el cual se gobierna el organismo y, con ello, la manera de reconstruir las responsabilidades por sus decisiones. A partir de ese momento, estudiar el SIAPA exige mirar a la Junta de Gobierno, a la Dirección General y a las dependencias que intervienen en la política hídrica estatal.
No basta con señalar al titular del organismo cada vez que se produce una falla: hay que establecer quién tenía la atribución de decidir, qué acuerdos se tomaron y cómo se supervisó su ejecución. Esa distinción también permite comprender por qué los relevos de directores no necesariamente implican una transformación del funcionamiento institucional. Cambiar a la persona que ocupa la Dirección General no equivale, por sí mismo, a modificar los procedimientos, la coordinación entre áreas ni la capacidad de responder a las advertencias técnicas.
De las declaraciones a los resultados: el periodo 2013–2018
Entre la transformación jurídica de 2013 y la administración que comenzó en diciembre de 2018 transcurrió un periodo en el que la responsabilidad del organismo no desapareció: continuó la obligación de administrar la infraestructura, atender los problemas del servicio y mantener los procedimientos técnicos correspondientes. En 2014, Aristeo Mejía Durán aparece como director general del SIAPA. La documentación también identifica a Manuel Jiménez López en el área de operaciones y a Jorge Humberto Hupizar Herrera en el control de calidad, de acuerdo con la información periodística incorporada al archivo. En 2016, Aristeo Mejía Durán, desde el SIAPA, y Felipe Tito Lugo Arias, desde la Comisión Estatal del Agua, participaron en el posicionamiento institucional sobre las condiciones futuras del abastecimiento.
En ese contexto, el SIAPA informó sobre un programa para ampliar el acceso al agua en 77 colonias, con una inversión reportada de 510.81 millones de pesos. Esa cifra debe entenderse como un resultado comunicado por la propia institución, no como una verificación independiente de que todas las acciones se ejecutaron ni de que se resolvieron las necesidades de las colonias incluidas. Aquí aparece una distinción central para evaluar al organismo: anunciar una inversión, establecer un programa o distribuir responsabilidades no equivale a demostrar que la infraestructura funciona adecuadamente. La evaluación exige contrastar las acciones anunciadas con su ejecución y los resultados del servicio.
La información recuperada permite identificar a los responsables y algunas actuaciones durante estos años, pero no permite reconstruir de manera continua todas las decisiones de cada administración entre 2013 y 2018. Por ello, no sería válido presentar este periodo como una secuencia completa de decisiones ni atribuirle una causa específica de la crisis actual. Lo que sí puede afirmarse es que la transformación institucional de 2013 dejó una estructura de gobierno y administración cuyas obligaciones se mantuvieron vigentes en los años siguientes. El cambio jurídico modificó la organización del poder dentro del SIAPA; la pregunta pendiente es hasta qué punto esa estructura logró convertir sus atribuciones en procedimientos eficaces y en resultados verificables.
2018–2024: una dirección prolongada y problemas que persistieron
Carlos Enrique Torres Lugo asumió la Dirección General del SIAPA el 6 de diciembre de 2018 y permaneció en el cargo hasta el 5 de diciembre de 2024. Durante ese periodo, Jorge Gastón González Alcérreca presidió la Junta de Gobierno. La duración de esta administración permite examinar la continuidad de decisiones, procedimientos y respuestas institucionales sin convertir automáticamente esa continuidad en una atribución de responsabilidad personal por cada problema documentado. Uno de los expedientes más importantes para evaluar ese periodo es la Recomendación 10/2022 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. El documento, de 204 páginas, reunió quejas, informes, inspecciones, comunicaciones oficiales y análisis sobre la calidad del agua.
La recomendación recuperó declaraciones del entonces director del SIAPA sobre reportes de agua turbia en 126 colonias en 2019 y en 140 en 2020. También registró que el organismo informó sobre muestreos, análisis de laboratorio, desfogues y sectorización hidráulica, así como sobre comunicaciones sanitarias de 2020 y 2021 que requerían correcciones. La Comisión consideró insuficientes las medidas de monitoreo y de atención de los problemas examinados. La secuencia es importante: hubo reportes de afectaciones, se realizaron procedimientos que el organismo declaró haber realizado y también hubo observaciones externas sobre la insuficiencia de la respuesta. No se trata solo de un problema de percepción pública. Existe un expediente que permite contrastar las actuaciones institucionales con una evaluación de derechos humanos.
Eso no identifica por sí solo qué decisión concreta provocó cada episodio de agua turbia ni permite atribuir todas las fallas a una sola persona. Sí obliga a examinar la regularidad de los procedimientos, la capacidad de respuesta y la forma en que las advertencias se convirtieron —o no— en correcciones suficientes. La recomendación también recuperó antecedentes sobre el estado de la red y estimaciones de pérdidas de agua entre el 30 y el 40 por ciento. Se trata de estimaciones consignadas en ese expediente, no de una medición actual verificada para 2026. En noviembre de 2023, Torres Lugo compareció ante el Congreso para abordar la calidad del agua y las necesidades de infraestructura. En esa intervención, estimó que se requerían alrededor de ocho mil millones de pesos en inversión.
La magnitud de esa cifra refleja la magnitud de las necesidades que la propia dirección reconocía. Pero la existencia de una estimación de la inversión no resuelve la cuestión institucional: además de determinar cuánto dinero hace falta, es necesario saber qué intervenciones se priorizan, qué órganos las autorizan, cómo se ejecutan y qué resultados producen.
2024–2026: el relevo no borra la historia institucional
Torres Lugo dejó la Dirección General en diciembre de 2024. Antonio Juárez Trueba ocupó el cargo desde ese mes hasta marzo de 2026. Durante 2024, también quedaron documentadas actuaciones relacionadas con medidas precautorias, así como con el mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura. La documentación registra que, ante medidas relacionadas con Las Pintas, el SIAPA aceptó parcialmente dichas medidas mediante el oficio DJ/0082/2024 e informó sobre acciones de mantenimiento coordinadas. También menciona el Memorándum 110/2024 y tres contratos vinculados a la rehabilitación y al desazolve de los vasos reguladores. El material localizado no permite confirmar que todos los trabajos previstos se hayan concluido. En 2025, Juárez Trueba remitió al Ayuntamiento de Guadalajara el oficio DG-351/2025 con información y un diagnóstico institucional.
Esa actuación muestra la continuidad de la comunicación administrativa entre el organismo y el gobierno municipal, aunque el oficio, por sí solo, no permite evaluar el resultado de todas las medidas implementadas. El 23 de marzo de 2026, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció el relevo de Juárez Trueba y el nombramiento de Ismael Jáuregui Castañeda como director general del SIAPA. Antes de su designación, Jáuregui Castañeda había sido director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan desde 2019. Su trayectoria se centraba en la obra pública y la infraestructura. Además, en diciembre de 2025 participó en una reunión municipal en la que se discutieron intervenciones hidráulicas en La Martinica, incluido un proyecto relacionado con el SIAPA. Esa vinculación antecede a su nombramiento, pero no implica que entonces tuviera las facultades directivas que adquirió al asumir el cargo.
La llegada de un nuevo director puede marcar el inicio de una etapa de decisiones y cambios administrativos. No demuestra, sin embargo, que los problemas anteriores hayan quedado resueltos ni que la estructura institucional haya cambiado de fondo. Para establecerlo, será necesario evaluar sus decisiones, las medidas implementadas y los resultados verificables. Un mes después del nombramiento, el 30 de abril de 2026, la CEDHJ emitió la Recomendación 10/2026, que abordó asuntos relacionados con la calidad del agua, las descargas y Las Pintas. El expediente incorporó actuaciones de distintas autoridades y registró una respuesta institucional del SIAPA mediante el oficio DJ/0108/2026.
La existencia de una nueva recomendación indica que los problemas examinados seguían siendo objeto de intervención institucional en 2026. No permite atribuir automáticamente al director recién nombrado la responsabilidad por hechos anteriores ni anticipar el resultado de su gestión. Sí impide tratar el relevo como prueba suficiente de que la crisis se ha superado.
