Una historia de advertencias, decisiones institucionales y problemas de calidad del agua en Guadalajara, 1988–2022.
¿Cuántos años necesita una institución para resolver un problema que conoce desde hace décadas? ¿Cuántos estudios, inspecciones, oficios y recomendaciones hacen falta antes de que una autoridad cumpla con aquello para lo que fue creada?
En Guadalajara, la historia del agua sucia no comienza con las denuncias recientes ni con los funcionarios que hoy aparecen frente a las cámaras ofreciendo explicaciones. Los antecedentes documentales permiten retroceder más de treinta años y reconstruir una historia en la que las advertencias técnicas, los procedimientos administrativos y las quejas ciudadanas aparecen una y otra vez.
Lo interesante no es solamente que existieran problemas de calidad del agua, sino que, mientras estos se documentaban, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) desarrollaba departamentos especializados, laboratorios, programas de inspección y mecanismos de atención ciudadana.
La pregunta, entonces, no es únicamente qué ocurrió con el agua. También debemos preguntarnos qué ocurrió dentro de la institución encargada de suministrarla.
Los primeros antecedentes nos llevan a 1988, cuando un estudio hidrogeológico identificó sobreexplotación y problemas de calidad del agua subterránea en El Salto. Entre 1992 y 1993, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua encontró concentraciones de flúor, manganeso, hierro y arsénico fuera de los parámetros para consumo humano en diversos pozos del sistema Toluquilla, algunos utilizados para abastecer al SIAPA.
Estos hallazgos no demuestran que el agua llegara a los hogares sin tratamiento, pero sí establecen que los problemas en ciertas fuentes eran conocidos técnicamente desde principios de los noventa.
En 1995, el propio Departamento de Hidrología del SIAPA realizó el estudio Pozos Sistema Toluquilla, destinado a atender problemas de fluorosis, y documentó la sustitución de algunos pozos. La institución tenía personal especializado, conocía determinadas anomalías y adoptaba medidas correctivas. Lo que todavía necesitamos conocer es qué ocurrió después y cómo se dio seguimiento a esas intervenciones.
Un antecedente particularmente revelador aparece en diciembre de 2003. Juan Manuel Durán Juárez y Alicia Torres Rodríguez realizaron una investigación sobre los costos ambientales del abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, publicada en 2004. Mediante una encuesta a 600 hogares distribuidos en 60 áreas geoestadísticas básicas, identificaron que 11.2 % percibía agua turbia, 4.7 % reportaba mal olor y 18.5 % exceso de cloro. Aunque 63.8 % consideraba que recibía agua de buena calidad, solamente 23.8 % la utilizaba para consumo directo.
Los investigadores también encontraron desigualdades territoriales. Mientras Guadalajara alcanzaba una cobertura de 100 % entre los hogares encuestados, Tonalá registraba 53.8 %. En Tlaquepaque, incluso entre las viviendas conectadas a la red, 7.8 % no recibía agua ningún día de la semana. Las familias recurrían al almacenamiento, acarreo, pipas o compra de agua para enfrentar estas dificultades. El gasto promedio anual en garrafones alcanzaba 2,512 pesos.
Pero su principal advertencia iba más allá de la cobertura. Los autores cuestionaban que las soluciones se concentraran en grandes obras hidráulicas sin atender simultáneamente la distribución, el mantenimiento, la contaminación y las pérdidas de agua, estimadas entonces en alrededor de 40 %. Frente al proyecto de la presa de Arcediano, planteaban que incrementar las fuentes de abastecimiento no resolvería por sí mismo los problemas metropolitanos.
Mientras tanto, el SIAPA continuaba desarrollando mecanismos de vigilancia. En 2007 disponía de 450 puntos de muestreo domiciliario; para 2008 había incrementado la cifra a 550. Ese año reportó cuatro laboratorios, 665,186 análisis de calidad y atención ciudadana mediante SIAPATEL. También informó que el tiempo de respuesta para tomar muestras había disminuido de 48 a 24 horas.
Además, señaló que 45 muestreos realizados conjuntamente con la Secretaría de Salud cumplieron los parámetros de la NOM-127-SSA1-1994.
Aquí debemos distinguir dos disposiciones fundamentales. La NOM-127 establecía los límites permisibles de calidad del agua destinada al consumo humano, mientras que la NOM-179-SSA1-1998 regulaba las actividades de vigilancia y control necesarias para mantener esas condiciones, incluyendo inspecciones, programas de mantenimiento y procedimientos de supervisión.
En pocas palabras, una establecía las condiciones que debía cumplir el agua; la otra, los mecanismos mediante los cuales las autoridades debían vigilar su calidad.
Sin embargo, el propio informe del SIAPA reconocía que algunos manuales relacionados con sus procesos de acreditación todavía estaban incompletos. La existencia de laboratorios y miles de análisis no significaba, por sí misma, que todos sus procedimientos estuvieran suficientemente establecidos.
Esta diferencia quedó expuesta durante el proceso de certificación sanitaria del Subsistema Oriente III.
En 2008, mediante el oficio DG-550/2008, el SIAPA solicitó información para tramitar su certificación. En diciembre acordó entregar progresivamente la documentación necesaria. El procedimiento requería demostrar que Oriente III podía evaluarse de manera independiente, identificando sus fuentes, instalaciones, tanques, zonas de distribución e interconexiones hidráulicas.
En enero de 2009, la Cofepris respondió mediante el oficio CEMAR/004/2009. Posteriormente, el SIAPA remitió documentación, pero algunos planos no pudieron consultarse adecuadamente, incluidos los relacionados con la zona de influencia, el Acueducto Oriente III, la Planta Potabilizadora 2 y la traza urbana. Por ello, el 23 de febrero, mediante el oficio 2050, la autoridad sanitaria solicitó nuevamente información legible y verificable.
El 29 de abril, la inspección registrada en el acta 9440 identificó un problema adicional: no se había demostrado la independencia hidráulica del subsistema. El expediente señalaba conexiones entre distintas fuentes e instalaciones, incluidas las plantas Miravalle, Las Huertas y San Gaspar, relacionadas con el abastecimiento desde Chapala y la presa Calderón. Sin delimitar adecuadamente estas interconexiones, no era posible certificar Oriente III por separado.
Pero las observaciones no terminaron allí. Durante la inspección tampoco se presentó un organigrama actualizado y completo. El Programa de Inspección de Instalaciones Hidráulicas carecía del procedimiento normalizado de operación y no detallaba suficientemente las actividades preventivas y correctivas.
La autoridad identificó incumplimientos de los apartados 4.2 y 4.3 de la NOM-179, relacionados con la inspección sanitaria y el mantenimiento de instalaciones hidráulicas.
Aquí encontramos algo especialmente importante: mientras la NOM-127 establecía los parámetros de calidad del agua, la NOM-179 exigía procedimientos para vigilar que esas condiciones se mantuvieran. El expediente de Oriente III no demostraba que toda el agua distribuida estuviera contaminada, pero sí documentaba deficiencias en los mecanismos de supervisión que debían contribuir a evitarlo.
El SIAPA tenía programas de inspección, pero algunos carecían de los instrumentos exigidos para ejecutarse correctamente. Había comenzado una certificación, pero continuaban pendientes requisitos necesarios para completarla.
En 2010, el organismo registró 325 reportes ciudadanos por agua turbia y maloliente. El dato demuestra que existían mecanismos para recibir inconformidades, aunque no permite conocer cuántas fueron resueltas.
Entre 2014 y 2018 apareció otro problema: las metas institucionales de eficiencia hidráulica no se alcanzaron. Las pérdidas reportadas llegaron a representar 33 % del volumen extraído, frente a una referencia de 28 % en 2013. Las causas podían incluir fugas, tomas irregulares y deficiencias de medición, pero para identificar responsabilidades necesitamos conocer las decisiones de mantenimiento, inversión y renovación de infraestructura.
Para 2019, el SIAPA contabilizó 1,886 reportes de agua turbia y maloliente. Su entonces director general, Carlos Enrique Torres Lugo, reconoció afectaciones en 126 colonias. En agosto de 2020, la cifra había aumentado a 140.
El organismo declaró realizar muestreos, desfogues, movimientos de válvulas e inspecciones de tanques. Sin embargo, habitantes de distintas colonias señalaron que sus problemas persistían.
No es lo mismo atender una queja que resolver el problema que la originó. Una institución puede registrar el reporte, enviar personal y realizar una intervención sin garantizar que el agua llegue en condiciones adecuadas durante los meses siguientes.
Durante la pandemia de COVID-19, el SIAPA reconoció que las medidas de protección del personal y la necesidad de evitar interrupciones del suministro habían afectado las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. También se reportó acumulación de sedimentos en la infraestructura.
Los muestreos mensuales promedio disminuyeron de 1,096 en 2019 a 913 durante el primer semestre de 2020, mientras que los muestreos conjuntos con la Secretaría de Salud quedaron suspendidos. Las actividades de vigilancia continuaron, pero algunas de sus rutinas habituales fueron modificadas.
En agosto de ese mismo año apareció otro antecedente: Coprisjal informó, mediante el oficio SSJ-COPRISJAL-649-2020, que no tenía registrada una certificación sanitaria de las fuentes o sistemas de abastecimiento del SIAPA.
El procedimiento iniciado en 2008 seguía inconcluso.
Habían transcurrido aproximadamente doce años. La propia autoridad precisó que la ausencia del certificado no había sido considerada sancionable por sí misma. Pero esto abre una pregunta: ¿cómo puede prolongarse durante tantos años un procedimiento sin que logremos identificar su conclusión?
No todos los problemas institucionales son necesariamente ilegales. También existen decisiones, omisiones, trámites inconclusos y responsabilidades que pueden quedar diluidas entre dependencias.
En 2020, una queja relacionada con la colonia Miraflores incorporó resultados de laboratorio que señalaban agua no potable en una muestra domiciliaria. El expediente también documentó que el SIAPA había rechazado una reclamación patrimonial.
La resolución administrativa no demuestra una actuación ilegal, pero plantea otra pregunta: además de resolver jurídicamente la reclamación, ¿qué hizo el organismo para corregir el problema denunciado?
Ese mismo año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) inició una investigación por reportes de agua sucia, posteriormente incorporada a la queja 6072/2020-I.
En enero de 2021, el SIAPA aceptó medidas cautelares relacionadas con Lomas del Paraíso mediante el oficio DJ/0010/2021 y entregó resultados de muestreos. Estas actuaciones muestran respuestas institucionales, aunque no permiten asegurar que las anomalías hubieran quedado definitivamente resueltas.
Finalmente, el 14 de febrero de 2022, la CEDHJ emitió la Recomendación 10/2022, un expediente de 204 páginas que reunió quejas, inspecciones, análisis, comunicaciones oficiales y observaciones sobre las condiciones de abastecimiento.
La comisión identificó problemas de calidad y disponibilidad del agua, deficiencias de vigilancia y atención, dificultades de coordinación entre autoridades y vulneraciones de derechos. También recuperó información sobre la obsolescencia de la infraestructura y estimaciones históricas de pérdidas de entre 30 % y 40 %.
Pero estas conclusiones no permiten atribuir automáticamente todas las deficiencias a un solo funcionario. Para reconstruir las responsabilidades necesitamos identificar quién recibió las advertencias, quién debía ejecutar las medidas, qué decisiones se tomaron y qué resultados produjeron.
Después de revisar más de treinta años de antecedentes, encontramos estudios técnicos, laboratorios, programas de inspección, mecanismos de atención ciudadana y procedimientos sanitarios. También encontramos requerimientos incumplidos, trámites inconclusos, problemas de infraestructura y quejas persistentes.
No estamos frente a una historia en la que simplemente faltaron instituciones o procedimientos. Existían estructuras y personal encargado de atender estos asuntos.
Lo que necesitamos explicar es por qué su funcionamiento no logró evitar la continuidad de determinados problemas.
La respuesta podría encontrarse en limitaciones técnicas, financieras o de coordinación. También corresponde investigar si algunas decisiones estuvieron condicionadas por intereses políticos, relaciones de poder o prioridades ajenas al servicio. Pero esos mecanismos todavía deben demostrarse documentalmente.
El SIAPA no fue creado para producir estadísticas de muestreo, acumular expedientes o completar procedimientos administrativos. Esos instrumentos tienen sentido porque contribuyen a una finalidad concreta: proporcionar servicios de agua potable y alcantarillado a la población.
Porque al final, una ciudad no bebe oficios, informes ni recomendaciones. Bebe el agua que sale de sus tuberías.
Y es precisamente esa distancia entre lo que una institución hace y lo que sus habitantes reciben la que merece ser investigada.
Fuentes documentales:
Comisión Nacional del Agua (2024). Actualización de la disponibilidad de agua en el acuífero Toluquilla, estado de Jalisco, pp. 6–8.
https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/jalisco/DR_1402.pdf
Durán Juárez, J. M., y Torres Rodríguez, A. (2004). Los costos ambientales del abastecimiento de agua a las ciudades. El caso de la zona metropolitana de Guadalajara. Carta Económica Regional, 17(90), 29–40.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7950910.pdf
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (2008). Segundo informe de actividades 2008.
https://es.scribd.com/document/681127630/HistoriaSIAPA
Secretaría de Salud. NOM-127-SSA1-1994.
https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/4866379
Secretaría de Salud. NOM-179-SSA1-1998.
https://sersalud.cdmx.gob.mx/portalut/archivo/Art121FI/Normatividad_SSPDF/NOM-179-SSA1-1998.pdf
El Informador (2020). Reportajes publicados el 16 de agosto, 16 de septiembre y 24 de septiembre sobre reportes de agua sucia, consumo, monitoreo e infraestructura.
https://www.informador.mx/jalisco/Aumentan-reportes-de-agua-sucia-en-140-colonias-20200816-0003.html
https://www.informador.mx/Preve-SIAPA-cambiar-redes-en-zonas-con-agua-sucia-l202009240001.html
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (2022). Recomendación 10/2022, 204 pp.
https://historico.cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2022/Reco%2010-2022%20VP.pdf
