No son pocos mis exalumnos que decidieron ir a Guadalajara a estudiar la universidad. Con muchas y muchos de ellos conservo una comunicación constante. La semana pasada fue particularmente activa por el tema del agua y, sobre todo, por la posibilidad de la participación política desde la sociedad civil en el tema.
Una de mis exestudiantes presenció de más o menos cerca el momento en que el gobernador Pablo Lemus fue cuestionado en los pasillos del ITESO. A ella le impresionó lo “descolocado que quedó el político” y se sintió orgullosa de que sus compañeros reclamaran espacios de diálogo y le hicieran ver los problemas que les preocupan: la vivienda y, por supuesto, el agua. Por descolocado se refería a que el gobernador no esperaba el reclamo y tampoco tuvo una respuesta que los convenciera.
Los días posteriores me llegó una invitación a la marcha que al final ocurrió el domingo pasado, teniendo como fuente a los estudiantes autlenses que viven en estos días en Guadalajara. Conversé con ellas y con ellos sobre cómo viven en sus casas el servicio del agua y me preguntaron por mi experiencia en el tema de las marchas. Sí, los motivé a asistir, a participar, a denunciar y a proponer, pero también les pedí que se cuidaran y que, si aparecían los policías antimotines, se alejaran lo más pronto posible.
Seguí el desarrollo de la marcha del domingo en las publicaciones de medios de comunicación y de amigas y amigos que participaron, y la marcha fue lo que suelen ser las movilizaciones de temas socialmente relevantes: personas que acuden porque el tema les preocupa genuinamente, organizaciones civiles que tienen trabajo previo y grupos políticos con intereses electorales que contaminan la discusión.
La marcha terminó de manera triste. Son elocuentes las imágenes de la represión con chorros de agua limpia sobre quien pide eso en su casa y con gas lacrimógeno que afectó incluso a niños. Al momento en que escribo, se sabe que fueron detenidas 39 personas y que alrededor de 10 fueron liberadas.
La gestión del agua es un tema desafiante en todos los territorios. La ley deposita, sobre todo en los municipios, la responsabilidad de llevar agua limpia como un derecho. Para que esto ocurra, interactúan más que tuberías y sistemas de bombeo. La gestión del agua habla de la eficacia administrativa, de las regulaciones a las industrias y al desarrollo inmobiliario que, sin generalizar, son la principal fuente de contaminación, pero, sobre todo, el agua materializa el modelo de organización social que se va a seguir, donde la privatización del recurso y del servicio es una tentación ya expresada en Jalisco.
El agua sucia de GDL nos puede enseñar a las regiones la necesidad de cuidarla, pero también a las personas la de participar en su gestión, de estar muy al pendiente de cómo la clase política que competirá en las elecciones del próximo año concibe los proyectos de su manejo y de qué tanto incluye en sus planes el saneamiento y el cuidado de las cuencas.
La crisis del agua, en su dramática didáctica, enseña a los jóvenes a participar, a las comunidades a vigilar su gestión y a los gobernantes a reconocer que administran un derecho y una relación con la ciudadanía supera la búsqueda de proveedores y la firma de contratos.
