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Donación de cadáveres. Una desaparición silenciosa

Emeequis y ZonaDocs presentan estas cuatro historias que retratan una tragedia que nadie ve: la pérdida de cientos de cadáveres en instituciones públicas de México. Gemma fue secuestrada y su padre investiga si su cuerpo fue donado a una universidad privada. De “Octavio”, únicamente apareció su pierna en una escuela. A “Javier” y José Luis sus familias aún los buscan con desesperación en facultades de medicina.

Por: Luis Alonso Pérez, para Emeequis, en alianza con CONNECTAS y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ).

Guadalajara, Jalisco. 29 de septiembre de 2020. (Letra Fría) Al menos 969 cuerpos humanos están perdidos en México. Fueron donados por fiscalías estatales a universidades, para fines didácticos o de divulgación científica, en las últimas dos décadas. Desaparecieron, porque no existen documentos oficiales que permitan conocer el proceso de entrega de estos cadáveres de personas no identificadas a diversas facultades de medicina y los detalles sobre su disposición final.

Después de analizar unos 300 documentos oficiales, obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información pública interpuestas a más de 100 dependencias de gobierno e instituciones educativas, se detectó una reiterada ausencia de registros en la cadena de custodia de los cadáveres donados, así como una inobservancia generalizada a leyes, reglamentos y protocolos forenses, que impide identificar a los occisos y saber con certeza dónde yacen sus restos.

Cada uno de estos expedientes faltantes es más que un simple número de caso; son personas que fallecieron sin decir adiós a sus seres queridos, sin una respuesta a cómo murieron y sin justicia para quienes fueron asesinados.

Tal es el caso de Gemma, quien fue secuestrada; murió y sus padres aún investigan si su cuerpo fue donado a una universidad privada. “Octavio” es un joven desaparecido, del que su familia sólo pudo recuperar su pierna, luego de que fuera utilizada para hacer estudios en una escuela. A “Javier” y José Luis aún los buscan sus familias con desesperación en facultades de medicina.

México cuenta con lineamientos federales precisos. Al no cumplirlos, las instituciones públicas y las educativas violan el Artículo 346 de la Ley General de Salud, el cual especifica que “los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración”.

La situación es grave porque, de los 19 estados de la República Mexicana que presentaron registros de donaciones de cuerpos humanos a instituciones educativas entre 2000 y 2019, únicamente en Guanajuato coinciden los registros de la Fiscalía local con los de la Universidad estatal. En las 18 entidades restantes existen discrepancias en las cifras reportadas.

En Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Querétaro, las fiscalías generales negaron, a través de oficios, haber donado o prestado cadáveres a instituciones educativas; no obstante, las universidades de esas mismas entidades presentaron documentos que corroboraron que sus estudiantes habían realizado prácticas de anatomía en cuerpos humanos facilitados por las fiscalías.

En los siguientes 14 estados no coinciden las cifras reportadas por las fiscalías y las universidades, siendo que los lineamientos para preservar una debida cadena de custodia de los cuerpos requieren que las autoridades mantengan documentos de su proceso de entrega-recepción, acreditando su ubicación y el responsable de su salvaguarda.

Uno de los casos más relevantes es el de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que presentó un listado de 60 cadáveres donados a la Universidad Autónoma de Nuevo León entre 2000 y 2019; sin embargo, la universidad reportó haber recibido 323 cuerpos por parte de la Fiscalía, durante ese mismo periodo.

En Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reportó haber donado 324 cadáveres a la Universidad de Guadalajara, pero esta informó que recibió 419.

Como la mayoría de los documentos entregados por las instituciones no detallan cada donación, sólo contienen totales de los cuerpos entregados o recibidos desde el año 2000, no es posible determinar las causas de las discrepancias. Ello, a pesar de que la Secretaría de Salud cuenta con el formato SSA-06-005, que debe tramitarse cuando una institución va a trasladar o disponer de un cadáver, o para notificar su inhumación o incineración.

Las fiscalías de algunos estados, como Zacatecas, conservaban su bitácora de recepción de cadáveres en papel, donde inscriben a mano cada entrada de un cuerpo o de un resto humano en un simple cuaderno de contabilidad.

Otra irregularidad detectada en Coahuila y San Luis Potosí es el empleo de procedimientos químicos para la preservación de cadáveres que podría impedir el análisis de su material genético y truncar la posibilidad de identificar a la persona, como el formol o polietilenglicol, sustancia comúnmente conocida como carbowax.

Por ello, el apartado 2.6.1 del Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense expedido por la PGR indica que “no es recomendable el análisis de tejidos blandos conservados en formol ya que dicho compuesto modifica el ADN”.

La no identificación de cadáveres es un problema muy serio, ya que “existe una cantidad exagerada de personas desconocidas en la vía pública, sobre todo por hechos violentos” y miles de personas que los buscan, explica la doctora María Casas, catedrática de la Universidad Panamericana y experta en bioética. 

El mínimo de respeto que merece un cuerpo sin vida es ser tratado obedeciendo los lineamientos jurídicos existentes. “Todo tiene un proceso jurídico muy riguroso”, dice la doctora Casas. Para ella, aunque el cuerpo no esté identificado, en todo momento debería haber un registro, desde su levantamiento e ingreso a la morgue, hasta que es donado a una universidad; incluso, de su disposición final.

Todos los cadáveres tienen derechos y deben ser tutelados por el Estado. Se llama “derecho a la disposición del cuerpo” y está contemplado en la Ley General de Salud, explica Aida San Vicente, catedrática de la Facultad de Derecho, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Considera que México cuenta con un marco legal sólido en materia de donación de cadáveres, con lineamientos y procedimientos claros para preservar la cadena de custodia.

El problema actual es que los funcionarios públicos no generan ni preservan la documentación que respalda legalmente la posesión de los cadáveres, según se desprende de las respuestas a las solicitudes de información pública.

Al no documentar adecuadamente, “están incumpliendo una norma de su debido actuar como servidores públicos”, critica San Vicente. Esta conducta viola el Código Penal Federal, por no realizar las funciones a las que están encomendados.

De acuerdo con los lineamientos plasmados en la Ley General de Archivos, estas acciones u omisiones de los empleados de gobierno, por las que argumentan no poseer la información, ameritan infracciones de tipo administrativo que van desde 10 hasta 1,500 veces el valor diario de la unidad de medida (4.46 dólares por unidad).

Cantidad de discrepancias, en un análisis año por año, entre los cadáveres reportados como donados por fiscalías locales y recibidos por universidades públicas estatales entre 2000 y 2019. Algunas fiscalías reportan números menores que las universidades, en algunos casos al revés.

El Artículo 82 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, establece que, cuando las instituciones educativas obtengan cadáveres para investigación o docencia, por parte del Ministerio Público, deberán presentar una autorización del depósito en favor de la institución, firmada por el agente del Ministerio Público con el que se entienda la diligencia.

Asimismo, el Artículo 350 de la Ley General de Salud señala que las instituciones educativas tienen la obligación de dar parte a la Secretaría de Salud cuando utilizan cadáveres con fines didácticos. También especifica que dichos establecimientos deben presentar el aviso correspondiente a la Secretaría de Salud en los términos de esta Ley.

Si los funcionarios de las fiscalías o universidades omiten generar la documentación requerida, durante el proceso de entrega-recepción del cadáver, estarían incumpliendo la normatividad federal. Además, las fiscalías generales de los estados y las universidades tendrían que mantener un registro, ante la Secretaría de Salud, sobre el manejo de cadáveres.

El problema es que no existen procedimientos estandarizados, lamenta la doctora María Casas.

Piensa que, desde el punto de vista ético, el respeto de un procedimiento de manejo adecuado es muy importante, sobre todo para que las familias encuentren a sus familiares perdidos. En su proceso de duelo, “eso le da una sensación de paz y de cerrar un círculo doloroso”. Asimismo, el cuerpo tiene derecho a tener un final apropiado y los familiares a rendirle rituales de despedida, precisa la doctora Casas.

En un país donde existen más de 73 mil personas desaparecidas, según los últimos informes oficiales, el mal manejo de los cuerpos para su uso en instituciones educativas no es un tema menor.

Se suma a la tragedia que viven miles de personas por no saber el destino de sus familiares. Por ello, aquí presentamos estas cuatro historias que retratan las consecuencias del descuido administrativo de fiscalías generales e instituciones educativas de México.

Gemma fue víctima de secuestro en 2011. Y hasta la fecha no ha aparecido. Por casi cinco años, su papá, Pedro Mávil, la buscó, con la esperanza de que siguiera viva, hasta que una persona que laboraba en la Fiscalía General de Justicia le confesó que le dolía verlo sufrir por no conocer el paradero de su hija; entonces, le proporcionó el número de una carpeta que contenía información sobre el homicidio de una persona que podía ser Gemma.

“Para mí era una llave para saber lo que había pasado a mi hija”, dice Pedro, recordando la esperanza que despertó la información que hasta ese momento desconocía.

La carpeta contiene el acta del levantamiento del cuerpo de una mujer, en calidad de desconocida. A Pedro le tomaron muestras de ADN, las cuales coincidían con el registro genético del cuerpo. Ello confirmaba la muerte de Gemma, pero no había información sobre la disposición del cadáver. ¿Dónde quedó? Nadie sabía.

Pedro inició su propia investigación para encontrarla. Los primeros indicios apuntaban a que podía haber sido inhumada en una fosa común del Panteón Palo Verde. Pedro intentó ubicarla en tres fosas distintas y exigió a las autoridades que exhumaran los restos. Fue imposible.

“Ahí me di perfectamente cuenta de que, desgraciadamente a ellos (autoridades) les vale un comino el dolor ajeno. Hacen las cosas a modo para no involucrarse”, dice Pedro.

Un día, encaró a una perito de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía de Justicia de Veracruz que podía saber dónde yacían los restos de Gemma. Frente a un juez de control, en una sala de audiencias, la funcionaria declaró que el cadáver pudo haber sido donado a la Universidad del Conde, en Coatepec, un centro de estudios superiores que imparte la maestría en Medicina Estética y Longevidad, para ser usado en prácticas estudiantiles.

La respuesta dejó impávido a Pedro. No entendía cómo el cuerpo de su hija Gemma pudo haber sido entregado a una universidad por la Fiscalía General de Justicia local, siendo que desde el día en que recibió la llamada de sus secuestradores exigiendo su rescate, había aportado todos los datos para su identificación.

Pedro intentó comprobar la versión de la perito de que el cuerpo de Gemma pudo haber sido donado a esa universidad o a otra, pero se topó con una serie de irregularidades burocráticas que truncaron su búsqueda. Hasta el día de hoy, no logra conocer el paradero de su hija. 

En reiteradas ocasiones se solicitó una postura por parte de la Universidad del Conde, pero no se obtuvo respuesta.

“Nunca hubo un protocolo que obedeciera a darle un trato digno de identificación genética a los cuerpos que llegaban en calidad de desconocidos. No había trato digno, no había respeto, como si fueran viles animales”, lamenta.

Desde el año 2000 hasta la fecha, 51 cadáveres fueron enviados a universidades particulares de Veracruz, de acuerdo con un registro del Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana (UV). Sin embargo, este documento no contiene registros de donaciones a la Universidad del Conde. En el oficio IMF 51/2019, el jefe del Área de Acceso a la Información Pública de la Universidad Veracruzana, Carlos Villanueva, reconoce que sólo cuentan con “una relación que era actualizada por los empleados que laboraron en el área del Servicio Médico Forense en los años descritos”.

Otros 228 cadáveres fueron enviados durante las últimas dos décadas a las 10 facultades de medicina de la UV, según el oficio IMF 94/2019. Sin embargo, Carlos Villanueva, en el documento obtenido a través de una solicitud vía Transparencia en mayo de 2019, reconoce que la institución no cuenta con la documentación requerida para cada donación, “pues los cadáveres pasaban bajo resguardo del Instituto de Medicina Forense por falta de espacio y condiciones, a los anfiteatros de las distintas facultades de medicina por periodo de un año de los cadáveres no identificados”.

La razón que da Villanueva sobre esa falta de documentación es que forma parte:

“de las investigaciones que realizan los fiscales y las autoridades correspondientes, quienes tienen la exclusividad de las carpetas de investigación, y concentran los informes y/o dictámenes emitidos de los casos que investigan”.

A pesar de que la UV tiene el registro de la cantidad de cuerpos recibidos durante las dos décadas pasadas, la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal niega oficialmente haber donado cuerpos, cráneos, osamentas o restos óseos a ninguna autoridad o institución educativa.

Para un alumno de medicina, un cadáver donado a su universidad es “su primer paciente, su primer libro, su primer acercamiento al cuerpo humano, a la disección a través de planos anatómicos para identificación de estructuras anatómicas”. Así lo define el doctor Diego Pineda Martínez, responsable del Programa de Donación de Cuerpos de la UNAM.

Pineda explica que, en esta universidad, los cadáveres también son utilizados por alumnos de cirugía y de posgrados, médicos que necesitan mejorar sus habilidades quirúrgicas para reducir la posibilidad de errores, así como desarrollar investigación científica. Especifica que los cuerpos no pueden provenir de víctimas de violencia, pues están ligados a investigaciones judiciales que necesitan desahogarse.

Este catedrático recomienda a las universidades estatales que, para evitar problemas legales y apegarse a las buenas prácticas internacionales, atiendan con cuidado los aspectos legales de la donación de cadáveres; “para que no quede ningún hueco ahí, deben cuidar muy bien los trámites”, subraya.

Para Pedro Mávil, la responsabilidad principal es de la Fiscalía de Veracruz, por carecer de la documentación que –por ley– debe mantener de cada uno de los casos de donación, y perfiles genéticos registrados antes de ser entregados a las universidades.

“¿Dónde está el cuerpo de mi hija?”, cuestiona Pedro. “Fue el mismo gobierno del Estado, que ya tenía en su custodia el cuerpo de mi hija y me la desapareció”.

Parada frente a la fosa común de un panteón de Torreón, “Marcela” aguarda impaciente a los sepultureros. La pala levanta un nubarrón de polvo que se adhiere a su frente sudorosa. No le importa.

Cada paleada la acerca al cajón de madera que pudiera contener los restos de “Javier”, su hermano desaparecido. Ahora, después de exigir al fiscal que ubicara la fosa a la que enviaron el cuerpo de su hermano y exhumaran el cadáver, tiene la esperanza de que podrá darle una digna sepultura.

“Marcela” se enteró de que “Javier” fue asesinado de un tiro en la cabeza, porque no se dio por vencida cuando los agentes del Ministerio Público le dijeron que ninguna víctima coincidía con el perfil de él y la fecha de su muerte. Luchó para encontrar la carpeta que contenía la investigación del homicidio, arrumbada entre miles de documentos que acumulaban polvo e identificó las fotografías del levantamiento de su cuerpo.

Los panteoneros topan sus palas con la madera del féretro. Le retiran la tierra y extraen el cuerpo. No es “Javier”. El cadáver ni siquiera tiene un impacto de bala. “¿Qué pasó?, ¿dónde está el cuerpo?”, exclama Silvia Ortiz, presidenta de Grupo VIDA, Víctimas por sus Derechos en Acción, de familiares de personas desaparecidas. Ella ha acompañado a “Marcela” a lo largo de su viacrucis por encontrar el cuerpo de su hermano y se ha convertido en investigadora no oficial. Gracias a su apoyo, lograron ubicar a la agencia del Ministerio Público que llevó el caso de “Javier”.

“Marcela” y Silvia Ortiz indagaron y se dieron cuenta de que las agencias del Ministerio Público de Delitos Contra la Vida y la Salud Personal habían enviado varios cuerpos a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Silvia afirma que, durante sus indagatorias, descubrieron que se había donado el cadáver de otra persona que permanecía en calidad de desaparecida desde 2011 y que sus familiares llevaban años buscándole.

Entonces, como colectivo de búsqueda, comenzaron a solicitar a la Fiscalía General del Estado de Coahuila los registros que, por ley, debían generarse cada que donaban un cadáver. Obtuvieron un listado inicial de 46 cuerpos donados a la Universidad. Sin embargo, también pidieron registros a la UAdeC, y se les informó que habían recibido de la Fiscalía 52 en donación, una diferencia de seis cuerpos.

“Le dije a la fiscalía que no me coincidían los números, y que yo, como representante de un colectivo, exigía que se hiciera un estudio, un análisis del contexto y todo para saber qué había sucedido, porque no podría ser posible que no encontraran el cuerpo de ‘Javier’”, dice Silvia Ortiz. “No encontramos los archivos. No sabemos dónde están”, fue la respuesta que recibió del agente del Ministerio Público.

“¿Entonces le quitaste el derecho de tener justicia?”, cuestionó la activista al funcionario estatal.

“Por no saber qué fue lo que sucedió, debidamente, con todos los estudios científicos«

Aunque la Fiscalía confirmó la muerte y levantamiento del cadáver de “Javier”, Silvia Ortiz lo considera desaparecido, pues las irregularidades en el manejo de su cuerpo no permiten determinar dónde yacen sus restos.

Así, la desaparición de “Javier” y la incapacidad de las autoridades para responder sobre su paradero incitaron una serie de protestas de Grupo VIDA que pusieron en manifiesto los problemas que derivan de donaciones de cadáveres realizadas inadecuadamente.

El primer impedimento para que una familia identifique el cuerpo de una víctima –analiza Silvia Ortiz– son las descripciones imprecisas de los cadáveres que proporciona la fiscalía, que no se basan en alguno de los siete métodos de estimación de edad previstos en el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, creado por el Grupo Nacional de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, y expedido por la PGR. “La familia va, pregunta y le dicen: mire, tenemos un cuerpo con una edad aproximada de tanto. Pero esa es una apreciación, y se equivocan en muchas de las ocasiones”, subraya.

Al no coincidir en un dato esencial como la edad, muchas familias descartan que el cuerpo sea su familiar. Entonces, se retiran y no insisten en verificar su identidad, en un momento en el que, posiblemente, sus cuerpos aún están guardados en los refrigeradores de la morgue, explica la activista.

Silvia Ortiz ha detectado una serie de omisiones e irregularidades presentes a lo largo de la cadena de custodia de los cadáveres, desde que son recogidos del sitio donde fallecieron, hasta su disposición final, una vez que son utilizados por científicos o estudiantes de medicina. Además, ha encontrado fallas y omisiones en la toma de información biométrica como la estatura, color de piel, de cabello o de ojos, así como la mala integración de carpetas de investigación.

Grupo VIDA también denunció que la Fiscalía de Coahuila ha donado cuerpos a universidades sin la práctica de una autopsia o que formaban parte de investigaciones por homicidio.

Otra irregularidad detectada a través de documentos obtenidos vía Transparencia para esta investigación periodística es la constante falta de notificaciones escritas a la Secretaría de Salud, una práctica que contraviene lo establecido en el Artículo 350 de la Ley General de Salud. Asimismo, denuncia falta de documentación que sustente jurídicamente la disposición final de los cadáveres donados a universidades.

A través de los documentos obtenidos se pudo constatar que la FGE solamente acreditó con documentos la entrega de 46 cadáveres entre 2000 y 2019, mientras que la UAdeC reportó haber recibido 57.

En algunos años, la FGE no presentó documentos para respaldar jurídicamente las donaciones; en otros, presentó cifras distintas a las reportadas por la universidad. En total se identificaron 23 discrepancias anuales en los números de donaciones efectuadas durante las dos décadas pasadas.

Grupo VIDA insiste en que los procedimientos utilizados para la preservación de cadáveres donados para fines didácticos impiden su identificación.

Documentos expedidos por la Facultad de Medicina de la UAdeC describen cómo los cadáveres son preparados utilizando una mezcla de formol, alcohol, ácido fénico, glicerina y agua. Después de 10 días de reposo, son inyectados con polietilenglicol, una sustancia comúnmente conocida como carbowax.

A pesar de que la LGS permite el embalsamiento o inmersión de cadáveres en soluciones antisépticas, como medida de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, el contacto con estas sustancias contamina la composición química de los cuerpos sin vida e impide la aplicación de pruebas de ADN.

Por ello, el apartado 2.6.1 del Protocolo Forense indica que “no es recomendable el análisis de tejidos blandos conservados en formol ya que dicho compuesto modifica el ADN”.

Tanto funcionarios de la Fiscalía General del Estado como de la UAdeC reconocen las discrepancias en las cifras de donaciones.

José de Jesús Centeno Herrera, abogado de la universidad, argumenta que la información que tienen disponible proviene de los expedientes de la Fiscalía. “Nosotros éramos un simple medio, como depositarios, de acuerdo a lo convenido”.

Jesús Fernando Aceves Lozano, coordinador del Plan Estatal de Exhumaciones de la FGE, ha estudiado los casos de donaciones que se realizaron entre 2012 y 2017 –años con una incidencia de violencia muy alta en Coahuila– y ha encontrado que “los registros de la mayoría de las autoridades no tiene una secuencia adecuada”. Explica que, en aquellos años, no existían los protocolos que hay actualmente.

“Esto no puede ser posible”, reclama Silvia Ortiz. “¿Las familias qué van a hacer? Muchas no van a poder recuperar sus familiares porque ni siquiera saben qué pasó con el cuerpo”.

“Octavio” fue deportado a Tijuana –frontera con Estados Unidos– en 2011. Durante décadas, vivió irregularmente en la Unión Americana, hasta que fue detenido por agentes migratorios. Como muchos mexicanos retornados a su país, permaneció en aquella ciudad fronteriza y mantuvo comunicación con su familia, en Arkansas.

Meses después, dejó de llamar a sus parientes. Ellos, consternados, viajaron a Tijuana para tratar de ubicarlo. Visitaron albergues para migrantes, hospitales e, incluso, la morgue, pero no pudieron encontrarlo. Ni vivo ni muerto. Entonces, pidieron ayuda a la asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California.

El secretario de la organización, Fernando Ortigoza, inscribió los datos del joven en una base de personas fallecidas no identificadas que mantienen para cotejar periódicamente los datos con los expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía General. También llevó a los padres de Octavio con forenses de la Procuraduría para que les tomaran las muestras de ADN y se integrara una carpeta de investigación lo más completa posible.

El activista recuerda que pasaron los meses y la PGJE no encontraba ninguna víctima con las características de “Octavio”, hasta que un estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) hizo algo indebido: extrajo un fémur de un cadáver humano que había diseccionado en sus clases y lo mostró al activista.

Fernando Ortigoza, quien también es padre de un joven desaparecido, sostiene que insistió en mostrar el resto humano a un agente de la PGJE, para someterlo a un análisis de ADN. Esta acción –realizada fuera de protocolos y procedimientos judiciales– tuvo buenos resultados: el material genético coincidía con el de los padres de Octavio.

La Procuraduría no pudo negar la coincidencia de los perfiles genéticos, afirma Ortigoza. “Nosotros les preguntamos: ¿por qué lo mandaron a la UABC, siendo que habíamos ido con su familia a buscarlo?”.

De acuerdo con el activista, la versión oficial que manejó la dependencia es que habían donado la pierna de “Octavio” por error junto con el cuerpo de otra persona, pues ambas víctimas habían sido desmembradas.

Se solicitó a la Fiscalía de Justicia (antes PGJE) una postura sobre el caso de “Octavio”, pero los funcionarios solicitaron reservarse cualquier comentario al respecto.

El argumento que, según Ortigoza, planteó la Procuraduría a los familiares de “Octavio” de que su pierna había sido donada por error, junto con el cadáver de otro muerto no identificado, no concuerda con los documentos revelados por la Universidad vía Transparencia.

Cada uno de los registros de donaciones de cadáveres remitidos por la UABC contiene información general de la víctima, así como la probable causa de muerte y condiciones en las que fue encontrado. En ningún caso se describe que haya sido mutilado.

En general, existen discrepancias en las cifras de donaciones transparentadas por la universidad y las presentadas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), instancia que opera el Servicio Médico Forense estatal.

De acuerdo con los documentos entregados por la UABC a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el TSJE donó a la universidad 38 cadáveres para fines educativos entre 2010 y 2019, mientras que la UABC reportó haber recibido 39 durante el mismo periodo.

Si bien, la discrepancia total sería de un cadáver, al analizar las fechas de las donaciones realizadas, sólo en dos de los diez años, coinciden las cifras del Tribunal con las de la Universidad. Por lo mismo, en total, se detectaron 31 discrepancias al hacer una revisión en cada uno de los años, siendo que –de acuerdo con la Ley General de Salud– siempre deberían empatar.

Durante cuatro años, la UABC reportó haber recibido un número más alto que el referido por el TSJE, pero en otros cuatro años la situación se revirtió. El caso más notorio fue 2018, cuando el TSJE registró 15 donaciones, mientras que la universidad reportó haber recibido solamente siete.

Es importante subrayar que el TSJE de Baja California fue una de las dependencias de impartición y/o procuración de justicia que proporcionó la información más detallada, de todas las instituciones del país a las que se les solicitó información para este trabajo periodístico.

En su mayoría, los oficios transparentados incluyen un número de averiguación previa, sexo de la víctima, lugar y fecha de defunción, así como una breve descripción de la causa de muerte, pero ninguno de los 38 casos de Baja California describe a una víctima desmembrada.

Durante cuatro años, la UABC reportó haber recibido un número más alto que el referido por el TSJE, pero en otros cuatro años la situación se revirtió. El caso más notorio fue 2018, cuando el TSJE registró 15 donaciones, mientras que la universidad reportó haber recibido solamente siete.

Es importante subrayar que el TSJE de Baja California fue una de las dependencias de impartición y/o procuración de justicia que proporcionó la información más detallada, de todas las instituciones del país a las que se les solicitó información para este trabajo periodístico.

En su mayoría, los oficios transparentados incluyen un número de averiguación previa, sexo de la víctima, lugar y fecha de defunción, así como una breve descripción de la causa de muerte, pero ninguno de los 38 casos de Baja California describe a una víctima desmembrada.

Los altos índices de homicidios registrados durante las últimas dos décadas, en particular desde el año 2006, cuando el entonces presidente de México, Felipe Calderón, declaró una guerra contra el crimen organizado, generaron una saturación de cadáveres recibidos por los servicios médicos forenses e institutos de ciencias forenses de los estados.

Para Fernando Ocegueda, presidente de la asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, la saturación rebasa sus capacidades materiales y humanas; además, resulta en un descontrol en su operación y en fallas en la documentación de los cadáveres recibidos. En 2007, su hijo fue raptado y desde entonces desconoce su paradero. Sus 13 años de labor de búsqueda y apoyo a familiares de desaparecidos de varios estados del país lo ha llevado a conocer todo tipo de fallas en las que incurren las fiscalías locales. 

Por ejemplo, presenció cómo el Servicio Médico Forense (Semefo) de Baja California, que tiene capacidad para 100 cadáveres, mantiene un promedio de 350. Los cuerpos putrefactos eran apilados por falta de espacio en los refrigeradores y sus etiquetas de identificación –que deberían colgar del dedo pulgar de sus pies– se encontraban regadas en el suelo, impidiendo una identificación clara de los muertos. 

El Titular del Servicio Médico Forense de Baja California, César Raúl González Vaca, afirma que las donaciones cadavéricas a las universidades “llevan registros muy estrictos”.

Al ser cuestionado sobre las discrepancias entre los números de Semefo y la UABC, responde: “pudieran existir errores del personal administrativo, no solo en las universidades, sino en las mismas instituciones de salud”.

Los familiares de personas cuyo paradero se desconoce –ya sea en vida o su cadáver– tienen el derecho humano a la verdad, lo cual implica saber qué pasó con ellos y, en caso de que hubieran fallecido, conocer dónde yacen sus restos. Además, deben recibir, durante todo el proceso, un trato digno de parte de los funcionarios responsables.

Mucha gente deja su vida, sus actividades económicas, su familia, para salir a buscar a sus seres queridos. Eso tiene impacto a nivel familiar, porque destruye toda la estructura de una familia”. Así lo expone María Luisa Aguilar, defensora de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Aguilar señala que las familias de las personas desaparecidas deberían tener las garantías de saber que sus familiares pueden ser encontrados.

“Y si lo que hay son restos no identificados, las autoridades tendrían que garantizar que se tomen las muestras de ADN, y que esté bien identificado en qué lugar están siendo resguardados, si fueron enterrados en fosas comunes, o si fueron entregados a alguna otra institución para temas académicos”.

Son muchas las causantes institucionales que pueden resultar en una transgresión al derecho a la verdad. Un factor de peso, profundiza Aguilar, es la “corrupción y colusión de muchas instituciones a nivel estatal con grupos del crimen”. Para ella, en muchos casos, este contubernio llega a poner en riesgo a familiares de personas extraviadas, que temen represalias de criminales, o de las propias autoridades, si denuncian las desapariciones o ventilan públicamente la corrupción.

De acuerdo con Aguilar, la falta de presupuesto y de capacidades técnicas de los funcionarios en las fiscalías estatales y servicios médicos forenses locales, así como de protocolos de actuación homologados nacionalmente, también impiden un ejercicio pleno del derecho a la verdad.

Aunque reconoce la importancia de la falta de recursos, Fernando Ocegueda también atribuye las discrepancias a “la mala organización dentro del Semefo, la falta de control, la saturación y la falta de interés del gobierno de tener una cadena de custodia adecuada”.

“La mera verdad es que a nadie le importan los muertos, sólo a sus familiares”, reclama Ocegueda.

Apenas habían pasado tres meses de la desaparición de su hijo y Guadalupe Aguilar ya había revisado decenas de fotografías de cadáveres de hombres en sus treintas. Examinaba minuciosamente cada imagen y leía los reportes de los primeros respondientes, la única información a la que se le permitía acceder.

Prestaba atención principalmente a las víctimas que pesaban aproximadamente 80 kilogramos y medían alrededor de 1.75 metros de estatura, esperando que alguno se asemejara al cuerpo de José Luis, desaparecido el 17 de enero de 2011.

Desde aquel día, cada que veía en las noticias que habían asesinado a un hombre o leía en el periódico que las autoridades encontraron un cadáver, acudía al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. “Yo fui enfermera; entonces, no tengo miedo a ver los cadáveres”, afirma Guadalupe.

Sin embargo, en abril de 2011, un percance con una carpeta dio un giro a la búsqueda de José Luis: una fotografía cayó al suelo de entre un cúmulo de hojas de papel mal acomodadas.

Aquella era la foto del cadáver de un hombre joven que yacía en la plancha de la morgue, desnudo, lavado y preparado para la autopsia. Al igual que José Luis, no tenía ninguna seña particular, ningún tatuaje, ni una cicatriz o marca de cirugía, solo una línea delgada en su cuello, pues había sido ahorcado con un alambre fino hasta su muerte.

Desesperada, hojeó entre las páginas del expediente, para identificar la página de la que se había desprendido la fotografía. Encontró el registro del cadáver. Era de una víctima de homicidio que se había encontrado en la misma zona en donde desapareció su hijo: afuera de un rancho en el municipio de Tonalá, Jalisco.

El documento señala que el cuerpo había sido encontrado desnudo, envuelto en una cobija, el 8 de enero de 2011. Para Guadalupe, se abría la posibilidad de que se tratara de su hijo y que las fechas del registro de su levantamiento estuvieran equivocadas. “Tan fácil como que nada más le hayan quitado el 1, porque mi hijo desaparece el 17 y se pudo haber encontrado el 18”, pensó.

Cuando preguntó dónde había sido enterrado, el agente le respondió: “no, ese cuerpo se donó a una universidad”.

“¿Por qué lo donó?”, lo cuestionó.

“Ya llevaba 15 días aquí. Es que si no los reclaman se pueden ir a la universidad”.

Hoy, a Guadalupe Aguilar le sigue siendo difícil comprender cómo las autoridades responsables de resolver los homicidios y desapariciones de personas, “sin lineamientos ni moral, entregan cadáveres a universidades”.

Su caso no es aislado. A nivel nacional, Jalisco es el estado donde más cadáveres han sido donados para fines didácticos en las últimas dos décadas: el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) reportó 771 donaciones de cadáveres a universidades efectuados entre los años 2000 y 2019.

Según el IJCF, 324 de esos cadáveres fueron donados a la Universidad de Guadalajara (UDG), una institución pública de educación superior. Sin embargo, en un documento oficial obtenido vía Transparencia, la UDG reportó haber recibido 419 del IJCF, durante ese mismo periodo, lo que evidencia un faltante de 95 registros de donaciones.

“Son cientos y cientos de cuerpos completos que les pueden servir para el estudio, pero los entregan sin lineamientos ni moral a las universidades”, acusa la mujer.

Aunque Guadalupe Aguilar no justifica los errores u omisiones de los agentes del Ministerio Público en los procesos de documentación, está consciente de las dificultades que enfrentan en el desempeño de sus labores. Tienen limitaciones presupuestales, por una parte, y, por otra, una saturación de víctimas de homicidio.

Desde la conformación del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), el reiterado trabajo cercano con agentes ministeriales en la búsqueda de documentos en sus expedientes, así como la búsqueda directa de restos humanos en fosas comunes y –lo más reciente– excavaciones en fosas clandestinas, Guadalupe Aguilar se ha dado cuenta de las adversidades que enfrentan estos funcionarios públicos.

Durante la segunda mitad de 2019, acompañó a una antropóloga y una perito forense en las búsquedas de cadáveres en fosas clandestinas.

“Es muy doloroso. Sacamos pura pedacera (fragmentos de cuerpos desmembrados), y me decían la antropóloga y una perito que estaban trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche”, comparte Guadalupe Aguilar.

“¿Y mínimo les ponen mantequilla en su cheque?”, les preguntó Guadalupe Aguilar, haciendo referencia a si cobraban horas extra.

“No, nosotros, porque somos personal operativo, tenemos que estar siempre disponibles”, le respondieron.

Para Guadalupe Aguilar, la falta de presupuesto para las fiscalías de justicia es un factor de peso para la capacidad operativa del personal forense, e incide de manera directa en su efectividad para identificar cadáveres y, en general, resolver casos. Para su desgracia, la desaparición de su hijo es uno de los tantos casos que aún sigue sin resolverse en Jalisco.

Sin embargo, este no es un caso excepcional, ya que en muchas de las fiscalías locales de México existen rezagos importantes en los niveles de especialización en las áreas forenses, explica Jaime Cárdenas Camacho, coordinador de la Especialidad en Medicina Forense del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

En promedio, las fiscalías estatales requieren entre 50 y 100 profesionales para mantener una operación adecuada, pero cuentan con mucho menos personal y sin la capacitación profesional idónea. 

“De esos, no todos tienen una especialidad, porque en el lugar en donde están no tienen la posibilidad de llevar a cabo la capacitación en instituciones de su región”, ahonda Cárdenas. La solución más común es habilitar a médicos generales como forenses.

El IPN, una institución de educación superior del gobierno federal, ha formado a 17 generaciones de profesionales de la medicina forense a través de 35 años de existencia de su especialización. Sin embargo, tiene capacidad para recibir a tan solo 20 alumnos cada dos años que abren su matrícula.

Antropología, odontología, genética y dactiloscopia son algunas de las áreas que requieren de un mayor desarrollo profesional. La situación de violencia del país ha obligado, a las fiscalías locales, a ir perfeccionando sus formas, así como sus procedimientos administrativos, con el propósito de cumplir con lo que demanda la sociedad.

“Lo que importa hoy en día –destaca Cárdenas– son aquellas personas desaparecidas, los cadáveres que están en fosas clandestinas, y eso permite tener la oportunidad de estudiar, de adentrarse más en las técnicas de los grupos delictivos que derivan en la desaparición, casi total, de un cuerpo”.

“Hasta ahorita son nueve años que yo no sé qué pasó con mi hijo”, lamenta Guadalupe, sin perder la esperanza de que un día podrá encontrar su cuerpo y darle sepultura.

Para ella, José Luis no solo fue víctima de la delincuencia, sino de la burocracia e ineficiencia de las autoridades.

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