Por: Alianza de Medios | Zona Docs
La llamada transición democrática trajo consigo un cambio en el orden de las relaciones entre el Estado y el crimen organizado: un pacto centralizado de “gobernanza criminal” entre las autoridades y grandes grupos criminales fue fragmentado, junto con el poder, y ahora múltiples actores estatales y locales subnacionales hacen pactos con grupos criminales más pequeños, así lo considera el investigador de la Universidad Veracruzana, Alberto Olvera dentro del foro “Delincuencia organizada y desaparición de personas: el vínculo silenciado” realizado la noche del 27 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
En el foro en que también participaron las y los especialistas Séverine Durin, Jacobo Dayán, Laura Atuesta, Salvador Maldonado, Eduardo Guerrero y el ya mencionado, Alberto Olvera, se llegó a la coincidencia de que, en el caso de México, se ha vuelto imposible ignorar el involucramiento de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno en los patrones de desaparición: desde la omisión en la obligación de investigar y encontrar la verdad.
“Lo que más notamos a partir de 2007 es que había más y más involucramiento de actores públicos en la desaparición de las personas esas desapariciones se llegan a agravar porque hay un ciclo de injusticia que terminan multiplicando las instituciones. Es lo que llamamos un vínculo perverso entre el crimen organizado y las autoridades que obstruye los procesos de esclarecimiento”, precisó Salvador Maldonado del Colegio de Michoacán, quien concluyó que “esta relación entre violencia criminal y violencia institucional sigue sin moverse”.
Por su parte, Séverine Durin del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), criticó duramente los problemas sistémicos que mantienen un ciclo de violencia, explicando que el vínculo silenciado es uno entre criminales “comúnes”, los líderes de las corporaciones de seguridad pública, y los funcionarios de alto nivel que los designan.
Al mismo tiempo, se mantiene el silencio sobre este vínculo con un ataque sistemático a la prensa: la organización Artículo 19 cuenta 156 comunicadores asesinados y 29 desaparecidos desde el año 2000.
En este contexto, criticó, se construye la idea de “los narcos” como agentes externos al Estado y responsables por la crisis de inseguridad y de desapariciones. Esto, al mismo tiempo, oculta el vínculo entre el Estado y el crimen organizado, donde el Estado no investiga la mayoría de los crímenes y se promueve la impunidad de manera activa.
Incluso, señaló, resaltó que en el caso de las desapariciones se haya construido en los últimos años la necesidad de implementar la búsqueda como nueva acción del Estado, precisamente porque, a nivel sistémico, se ha abandonado la función de investigar y prevenir.
Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, expresó que lo logrado hasta ahora en materia de búsqueda se ha logrado principalmente por el trabajo de los colectivos de familiares de personas desaparecidas: “lo que se hace se hace gracias a estas mujeres y estos colectivos. Hay que seguirlos mencionando”.
Al contrario, criticó que el discurso oficial y el uso de cifras ha sido sumamente engañoso, pues se tiende a enfatizar cualquier avance desde los gobiernos estatales y federal. Por ejemplo, mencionó que la cifra oficial de 108 mil 198 personas desaparecidas se presenta de mala fe, pues a ésta se le restan las personas que son encontradas, vivas o muertas, y nunca se habla del número total de personas desaparecidas.
Dayán resaltó que, entre discursos triunfales por la reducción de asesinatos en diversos estados, se ha escondido la crisis de violencia dentro de la cifra de personas desaparecidas: de las más de 4 mil fosas clandestinas en el país se han exhumado por lo menos 50 mil cuerpos sin identificar.
Sobre esto, sumó que al menos en el caso de Ciudad de México, Sinaloa y Guanajuato hay evidencias de un ocultamiento sistemático de las cifras de personas asesinadas dentro de las cifras de desaparición.
“La desaparición de personas como acto de violencia se ha convertido en una forma rentable, efectiva, de agentes del Estado y de grupos criminales para gestionar la violencia”, sumando que la desaparición forzada es el “crimen perfecto” porque no hay investigaciones ni sentencias. Elaboró:
“al no haber investigaciones, y no hay investigaciones no por falta de capacidad, no por falta de recursos, sino por falta de voluntad, el Estado Mexicano ya abdicó a su obligación de garantizar la seguridad y la justicia”.
Tanto Jacobo Dayán como Séverine Durin resaltaron un punto en particular: que en México se ha vuelto imposible pensar en procesos de esclarecimiento reales porque estos revelarían, sin duda, un gran número de vínculos de complicidad e interdependencia entre el crimen organizado y el Estado Mexicano.
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