Por: Zona Docs | Alianza De Medios
La Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción, localizada en el municipio de Poncitlán, concluyó el 4 de octubre de 2022, la lucha por recuperar las casi 20 hectáreas del cerro El Pandillo que les fueron despojadas por el empresario Guillermo Moreno Ibarra.
Durante lucha, 10 comuneros fueron acusados de cometer el delito de “daños a las cosas”, la denuncia fue interpuesta en 2011 por Moreno Ibarra, luego de que la comunidad determinara quitar de una torre de metal que fue colocada por el empresario invasor.
Al reconocerle a la comunidad indígena la propiedad legítima de las tierras que les fueron despojadas, las y los comuneros de Mezcala consideran que no hay razones jurídicas para mantener vigente el proceso legal en contra de sus compañeros; por tanto, exigieron al Poder Judicial emitir una declaratoria de inocencia para cada una de las personas señaladas en la denuncia.
A través de un comunicado de prensa, la comunidad de Mezcala señaló:
“Esta lucha a lo largo de los años ha dejado consecuencias negativas para los habitantes de la zona, tanto en la salud, como desplazamientos forzados y rupturas de los lazos comunitarios. Además de estas consecuencias, también han sufrido de criminalización por defender su territorio (…) Por culpa de la demanda, diez integrantes de la comunidad han tenido que enfrentar un proceso penal en su contra por el delito de daño en las cosas, el cual se ha alargado por más de 10 años”.
Además declararon que:
“Durante este periodo, las y los integrantes de la comunidad han recurrido a los tribunales locales y federales en los cuales no solamente no han encontrado justicia, sino que, además, nunca se les ha reconocido como comunidad indígena y, por tanto, los derechos que como pueblos originarios tienen”.
En consecuencia, las y los comuneros de Mezcala, acompañados por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), en febrero emprendieron un Procedimiento Especial de Reconocimiento de Inocencia el cual está en trámite en la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Especializada en Justicia para Adolescentes, este recurso legal tiene como objetivo que:
“Se reconozca que la actuación de las diez personas comuneras que retiraron la torre de fierro instalada en la tierra invadida, constituye el ejercicio de sus derechos humanos y, por tanto, se debe reconocer que no cometieron delito alguno”.
Será en los próximos días, cuando las y los magistrados de la Décima Sala dicten una resolución; por tanto, las y los comuneros de Mezcala esperan que el Poder Judicial “acabe con las injusticias que durante años han vivido las personas comuneras”, pues consideran que a éstos se les debe de devolver: “la tranquilidad que les han arrebatado durante más de diez años”.
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