Desde el año 2012, con el llamado “Pacto por México”, el país entró en una dinámica que no ha logrado abandonar: reformar las reglas electorales como si eso fuera suficiente para corregir los problemas políticos de fondo. Cada sexenio trae su propia versión del ajuste institucional. Cada crisis electoral produce una nueva reforma. Y, sin embargo, el problema persiste.
Porque el verdadero problema no son las reglas. Son las organizaciones que viven de ellas.
En México se ha construido, durante décadas, un sistema que garantiza la supervivencia y el poder de los partidos políticos como estructuras dominantes. Un entramado institucional centralizado que no sólo financia su existencia, sino que les permite controlar, influir o condicionar a las autoridades encargadas de regularlos. El negocio de la representatividad formal funciona. Y funciona muy bien.
Por eso resulta simplista —aunque popular— la idea de que reducir el financiamiento público resolverá algo. Quitar dinero no necesariamente mejora la representación ni fortalece la democracia. Puede, por el contrario, debilitar los pocos mecanismos organizativos que permiten la participación política ordinaria, como la militancia. Sin recursos, los partidos no desaparecen: se vuelven más dependientes de élites internas, redes informales o intereses privados. La crisis de legitimidad partidista no se resuelve empobreciendo a las organizaciones, sino transformando la manera en que ejercen el poder.
Algo similar ocurre con el debate sobre los organismos públicos locales electorales (OPLEs). El problema no es únicamente su costo o su número. Es su inserción en un sistema político donde las mayorías legislativas —federales y locales— tienen la capacidad de redefinir, limitar o capturar a las autoridades electorales. México presume autonomía institucional en el papel, pero en la práctica opera bajo una lógica de control partidista multinivel. Un federalismo electoral formal convive con una centralización política efectiva y en dopaje institucional del poder legislativo al consumir todo tipo de institución electoral, que curiosamente, se dedica a ser autoridad y arbitro de las mayorías legislativas, al mismo tiempo.
La reforma también abre la puerta a figuras como la representación legislativa de mexicanos en el extranjero. La continuidad de derechos políticos fuera del territorio nacional es una causa legítima. Pero institucionalizarla sin revisar los incentivos organizativos puede ampliar aún más el alcance territorial y operativo de los partidos, fortaleciendo estructuras que ya cuentan con ventajas significativas frente a la ciudadanía no organizada. La expansión transnacional de la competencia partidista no necesariamente mejora la representación: puede simplemente extender las redes de poder existentes.
El resultado es una paradoja cada vez más evidente. El Estado que constitucionalmente reconoce y regula a los partidos parece, al mismo tiempo, condicionado por ellos. Las reformas electorales buscan corregir excesos, pero terminan funcionando como mecanismos de adaptación institucional que permiten a las organizaciones políticas reproducir su posición dominante en contextos de creciente desconfianza social.
México no enfrenta sólo una crisis de reglas. Enfrenta una crisis de intermediación política. Mientras el debate público siga concentrado en cuánto dinero reciben los partidos o cuántos cargos deben existir, el núcleo del problema permanecerá intacto: quién controla las instituciones y con qué incentivos.
Seguimos reformando el sistema electoral. Pero rara vez nos preguntamos si esas reformas transforman realmente el poder que pretende regularse, pero, lo mas preocupante es la constante centralización del poder que constituye a las instituciones electorales, el constante desprecia a la militancia quien es quien debería limitar el actual de sus propios partidos y el privilegio de los mexicanos en el extranjero sobre quienes vivimos en el país, por supuesto, las remesas importan tanto que siempre van a preferir que nos vayamos para no poder regresar a casa. Buen ingreso, ahí tienes tus derechos políticos para garantizar que ya no regresaras nunca más.
