El Salvador, un lugar donde no se puede hablar ni siquiera del medio ambiente.
Por: Gabriel Labrador | La lancha se deslizaba lenta sobre el agua verdeazulada. Era febrero, época del año en que el viento se suelta en El Salvador. El cielo estaba despejado en el Lago de Coatepeque y Carolina Amaya, periodista ambiental, 43 años, remaba rumbo a un área protegida, una orilla con aguas termales al pie del cerro Afate. Junto a ella iba la dueña de la pequeña embarcación, Lissette Martínez, una vendedora de frutas de 32 años que todos los días viajaba al cerro para atender turistas en busca de agua caliente, mágica.
Carolina iba hacia aquel rincón del lago atraída por algo que había escuchado. Rumores decían que el bosque estaba disminuido, que las especies nativas estaban desapareciendo por la construcción de cabañas del proyecto Coatepeque Lake Villas. Carolina tenía más de dos años publicando reportajes sobre la depredación en ese cerro y Lissette, que trabajaba ahí, había visto los efectos de la destrucción. Había notado, por ejemplo, la lenta desaparición de las vetas de agua caliente, auténtico tesoro del lugar. También el rechazo a que ella siguiera vendiendo frutas y golosinas a turistas. La empresa constructora colocó rótulos que decían “Propiedad privada, prohibido el paso”, “Zona recuperada. Libre de ventas”.
A los cinco minutos de haber embarcado, Carolina y Lisette escucharon ruidos y a la distancia divisaron puntos pequeños moviéndose en el cerro, como un hormiguero lejano. Al acercarse entendieron: había trabajadores caminando de un lado a otro y en la ladera yacían, desperdigadas, rocas de todos los tamaños. Cuando atracaron notaron que las aguas termales se habían enfriado y las vetas estaban tapadas por las piedras que cayeron por el uso de explosivos.
Nada de eso debía estar ocurriendo. Desde 2019 el cerro tenía protección ambiental, leyes que en teoría bloqueaban cualquier intento de tala. Pero aquella mañana del año 2022 Carolina confirmó que la zona estaba siendo destruida.
A partir de entonces trabajó durante un año. Investigó la responsabilidad de la empresa depredadora, detalló la inoperancia del Ministerio de Medio Ambiente y explicó el vínculo entre la familia del presidente Nayib Bukele y aquellas cabañas en lugar paradisíaco con aguas termales. Cuando publicó su reportaje, una llamada lo cambió todo.
“Supe que ya no iba a tener mucho tiempo en El Salvador. Para mí, como defensora ambiental, era evidente que eso se nos venía encima”, cuenta Carolina cuatro años después de aquel viaje en lancha. Habla desde Ciudad de México, donde ahora reside, porque en El Salvador la vida de periodista –dice– se le terminó.
El cerro de las heridas
Cuando en 2019 el proyecto de Coatepeque Lake Villas comenzó a construirse, Carolina quiso denunciarlo. Llegó a conocer bien el cerro. Cada vez que atracaba, miraba a través del agua tibia los cangrejos de agua dulce (pseudothelphusa magna) que solo ahí se producen. Cuando levantaba la vista, veía el nutrido bosque de 47 especies de las que una —el Nogal (juglans olanchana)— está en peligro de extinción y otras 10 están amenazadas.
En febrero de 2020, tras meses de entrevistas e indagaciones, publicó el primer reportaje para la revista independiente GatoEncerrado: “Los depredadores de la última joya del Lago de Coatepeque”. Ahí contó que meses antes el Gobierno había blindado el cerro Afate al declararlo “zona de máxima protección” pero la construcción había obtenido un permiso ambiental irregular y estaba violando las leyes que prohíben construir en los primeros 15 metros de la ribera de los lagos.
Tras la publicación, las autoridades de la Alcaldía de Santa Ana suspendieron los trabajos de construcción. Pero fue un impacto de poca duración porque al cabo de un año la construcción se reanudó. Carolina no soltó el tema. En los siguientes tres años publicó cuatro reportajes más en GatoEncerrado y La Mala Yerba, su propio medio especializado en cobertura ambiental que fundó en 2022.
Pero nada frenaba al proyecto inmobiliario, que parecía blindado. Lo que Carolina vio aquella mañana de febrero de 2022 era eso: la empresa Desarrollos Agua Caliente, Sociedad Anónima de Capital Variable construyendo con impunidad las quintas de lujo Coatepeque Lake Villas. La comercialización del proyecto estaba a cargo de la empresa Corsesa y era promovido, entre otras personas, por la ejecutiva de ventas Arena Perezalonso, suegra del presidente Nayib Bukele. Consistía en 39 quintas con piscinas termales –con agua sustraída de la orilla del lago– y un edificio de 12 apartamentos en el centro del cerro. El costo de cada quinta variaba entre 533,000 y 860,000 dólares.
Carolina y otros dos periodistas siguieron investigando: revisaron una veintena de resoluciones del Juzgado Ambiental de Santa Ana, consultaron documentos de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, revisaron permisos y licencias del Ministerio de Medio Ambiente. Entrevistaron a media docena de pescadores y vendedores locales, también abogados especializados en administración pública. Buscaron a los representantes de la empresa y a funcionarios del gobierno, pero ninguno de ellos contestó.
El 23 de febrero de 2023, la investigación más completa estaba lista. Saldría en La Mala Yerba con el título “Así ignoró Medio Ambiente la construcción ilegal en el cerro Afate”. Carolina presionó la tecla de publicar, habló con una compañera, y enseguida recibió en su celular un mensaje que lo cambiaría todo.
—Me cayó un mensaje de la pareja de mi papá diciéndome que se lo acaban de llevar.
Fue cuestión de minutos. Apenas dos o tres minutos desde que la investigación estuvo disponible en el portal hasta que le avisaron que su padre, Benjamín Amaya, un agricultor de 63 años, había sido detenido por la Policía Nacional Civil. Lo acusaban de ser un pandillero de la Mara Salvatrucha.
En los últimos años, Benjamín Amaya había defendido su derecho de propiedad sobre unas tierras que el Estado le entregó como parte de un programa de beneficios para excombatientes de las Fuerzas Armadas. Para Carolina la situación estaba clara: apresaban a su padre como represalia por su reportaje. Era un golpe para ella.
—Lo que sufrí fue una despersonalización, psicológicamente así se llama. Yo seguí en forma automática trabajando. Esa tarde ya solo despaché a la compañera que estaba allí conmigo y después me fui, con calma, pero yo todo el tiempo me veía desde fuera, veía mis manos…
Carolina es bajita, de ojos achinados y da la impresión de que siempre está sonriendo. Habla con calma y le gusta acompañar sus reflexiones con ejemplos de cosas que ha investigado. Tiene 20 años de ser periodista, 15 de ellos dedicados a la cobertura medioambiental.
La captura de su papá fue denunciada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) como una agresión contra ella por su labor periodística. Ese año, según la Asociación, las agresiones contra periodistas aumentaron un 66 % comparado con 2022 y la mitad de ellas fueron cometidas por policías, soldados y otros actores estatales, incluyendo al presidente Bukele y altos funcionarios. Las agresiones más recurrentes fueron declaraciones estigmatizantes pero también hubo amenazas verbales, golpes y privaciones de libertad.
En el país la libertad de prensa se había deteriorado mucho, Según la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras, desde 2018, El Salvador retrocedió 44 puestos en la lista de 180 países y para 2023 ya estaba en el puesto 115.
Como muchos periodistas salvadoreños, Carolina había sufrido amenazas y vigilancia física por su trabajo. Por eso había elaborado mapas de riesgos para su medio y para ella misma, pero la situación se complicó más aún desde marzo de 2022, cuando el gobierno de Bukele aprobó su “régimen de excepción” que canceló derechos constitucionales y habilitó la captura de cualquier persona sin orden de detención. Una política en teoría aprobada para contener un repunte de homicidios y combatir a pandillas, que por su discrecionalidad operativa despertó alertas a nivel mundial.
En los primeros días de vigencia de “el régimen” —como se llama popularmente al estado de sitio— detuvieron a miles de pandilleros pero también a miles de personas inocentes muchas de las cuales, aún sin vínculos con delincuentes, siguen en cárceles sin juicio ni condena. Según el gobierno, 90,000 han sido detenidos desde marzo de 2022 y diciembre de 2025 y entre ellos admitió que al menos 8,000 capturas “por error”. Para organizaciones no gubernamentales y activistas la cifra es mayor y devela la constante violación del debido proceso y a los derechos humanos. Así lo han denunciado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros.
—De lo que yo estaba segura es que mi papá no es pandillero. –, dice Carolina segura de que lo detuvieron para amedrentarla a ella por su labor periodística.
Benjamín Amaya fue liberado 10 meses después y quedó absuelto de todos los cargos en marzo de 2025.
Carolina dice que lo que le ocurrió a su familia no es excepcional. En El Salvador, 21 defensores de territorio o sus parientes —según reportes de prensa y organizaciones no gubernamentales— también fueron detenidos bajo argumento de que eran pandilleros, desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022 hasta diciembre de 2025. De ellos, 18 ya salieron de la cárcel, como el papá de Carolina.
El cerro Afate ha significado muchas heridas para ella. En 2020, cuando publicó su primer reportaje sobre el lugar, alguien inició una campaña para desprestigiarla. Después ella fundó su medio, La Mala Yerba, y publicó otros tres reportajes sobre la depredación del área. La persecución en su contra creció. Hubo personas extrañas y pandilleros afuera de su casa, drones volando encima. Al mismo tiempo, sus fuentes en las investigaciones comenzaban a ser citadas por la fiscalía y, con miedo, ya no querían darle entrevistas. En la redacción dejaron de firmar algunos textos. Carolina estaba exhausta.
—Supe que ya no iba a tener mucho tiempo en El Salvador. Era muy evidente que eso se nos venía encima. Ya habían acoso en todo el territorio a todas las personas que defendían el medio ambiente, y no era solo yo. Era Vidalina, eran los de Santa Marta, eran los del Foro del Agua, eran los de La Unión, eran los periodistas de Radio Bálsamo, la Comunidad La Labor… Todo apuntaba que las personas que defendemos la naturaleza los estábamos incomodando.
Por esos días fue seleccionada para Galicia Abriga, un programa de descanso para mujeres periodistas en España. Se fue en mayo de 2024 pero poco pudo descansar de sus preocupaciones: en Europa recibió una notificación judicial, la empresa Desarrollos Agua Caliente S.A. de C.V. –que opera en el Cerro Afate– la había demandado para forzarla a rectificar las publicaciones. Empezó una batalla jurídica que incluyó una audiencia.
En otro continente, a miles de kilómetros, durante una charla sobre seguridad para periodistas Carolina escuchó la lista de amenazas y agresiones típicas, cayó en cuenta de que ya las había vivido todas.
—En todo el taller pasé llorando, llorando y en el primer receso mi cuerpo ya no pudo más. Fui a vomitar.
Ese día, Carolina tomó la decisión de exiliarse. Volvió a El Salvador con miedo a ser detenida, recogió sus cosas y en menos de una semana montó el avión con rumbo a México. Era agosto de 2024.
El junco en Ciudad de México
“Sharkgirl” es el nombre que Carolina eligió hace años para sus redes sociales. Significa niña tiburón. Lo eligió porque ama a esos animales, que considera “una especie súper clave, incomprendida y sobre-explotada”. En 2008, un video-reportaje suyo logró que El Salvador prohibiera la pesca de tiburones jóvenes y otras especies.
Siempre le gustó la agricultura pero eligió estudiar periodismo, en la jesuita Universidad Centroamericana en San Salvador, a inicios de los años 2000. Hizo prácticas en una radio, luego fotografía en El Diario de Hoy pero lo dejó porque le resultaba un espacio incómodo, machista. Luego regresó al mismo periódico, fue camarógrafa en el área multimedia.
Carolina fundó una sección medioambiental en el periódico. Lo hacía en su tiempo libre, después de cumplir las asignaciones del día.
—Mi mamá me decía que me iba a llevar mi cama al periódico porque solo ahí pasaba, era mi pasión.
Han pasado más de 15 años desde entonces. Hoy, una mañana de diciembre de 2025, Carolina se está mudando de apartamento en la Ciudad de México. Está contenta. Vivirá sola después de un tiempo de compartir espacio con amigos.
Un enorme árbol se levanta junto al edificio; su copa conecta con la pequeña terraza y llena el ambiente de una atmósfera fresca. Dice que este departamento evoca su antiguo hogar en El Salvador.
Hoy espera que le entreguen una máquina lavadora. Para mientras, instala cortinas, pone a correr el broiler y arma las sillas que ocupará para la entrevista.
—La primera semana creo que es la peor —dice de su exilio–. Cuando llegás a ese nuevo lugar en donde vos te decís ¿y ahora qué voy a hacer?
—¿Qué recordás de esos días?
—Que no te sentís en ningún lugar. Yo iba a El Salvador y no me sentía en mi casa; venía acá y no me sentía en mi casa. En ese desplazamiento había perdido la noción de cuál era mi casa.
Se enfocó en lo básico: aceptar su nueva realidad, o al menos intentarlo. Entendió que sería un proceso largo aliento, como sus investigaciones periodísticas.
—Ahora tengo un departamento, se parece mucho a mi casa, entonces he comenzado a reconstruir todo lo que ya tenía allá pero desde una perspectiva con esperanza, ya no con aquella mierda que traía que era solo odio, odio, y que me quería morir.
—¿Cuándo dirías que comenzó tu exilio?
—Después de lo de mi papá supe que ya no iba a tener mucho tiempo en El Salvador.
—¿Cuántas fuentes tuyas han sido acosadas u hostigadas?
—Todas.
La Mala Yerba, el medio que Carolina sigue publicando desde México, lleva la cuenta de las agresiones en contra de ambientalistas, que sólo en 2025 registró 56 ataques. Incluye su causa judicial de la que tras unos meses salió bien librada.
El conteo se llama El Juncal, en honor al ecosistema donde se reproducen los juncos, unas plantas acuáticas resistentes a climas extremos, de largas raíces que se extienden por la tierra y perduran muchos años.
Voces contra el infierno
A 1,650 kilómetros, la distancia que hay entre Ciudad de México y San Salvador, Carolina sigue conectada con otros ambientalistas de allá. Un ejemplo, la noche del 12 de mayo de 2025. Estaba pendiente de una protesta pacífica en la capital salvadoreña cuando vio imágenes de represión policial y la captura del pastor protestante José Angel Pérez. Amenazaban también con capturar al abogado Alejandro Henríquez.
Carolina escribió de inmediato al abogado por WhatsApp y él le respondió “Hola, Carito, estoy bien, estoy escondido pero estoy bien”. A la mañana siguiente fue detenido por la policía en su oficina. Tanto a él como al pastor Pérez les fabricaron delitos, “desórdenes públicos” y “resistencia agresiva”, cuando los videos de aquella noche mostraban lo contrario. Estuvieron presos por seis meses hasta que aceptaron a regañadientes una negociación con la fiscalía según la cual serían castigados con reglas de conducta. Sus abogados explicaron que en un país sin garantías judiciales esa era la única vía para recuperar la libertad.
Los arrestos del abogado y el pastor marcaron un parteaguas porque se impuso, en la práctica, la autocensura de las organizaciones de la sociedad civil. Bukele esa noche impulsó la Ley de Agentes Extranjeros que obliga a toda organización civil a pagar el 30 % de impuesto por cada transferencia desde el exterior. Asfixió así el financiamiento a organizaciones no gubernamentales, a toda voz disidente.
Entidades como ECOS, donde militaba el abogado Alejandro, anunció en octubre de 2025 que cerraba operaciones para “salvaguardar la integridad física” de su equipo. Otras organizaciones como el Movimiento Político Rebelión Verde de El Salvador (Reverdes) redujeron la frecuencia de actividades al mínimo y algunos de sus integrantes también salieron al exilio.
En 2025 y 2026, al menos seis organizaciones y dos medios informativos cerraron o salieron del país debido a la ley: la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Cristosal, la Fundación Heinrich Böll, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Comunidades de Fe en Acción (COFOA), los medios GatoEncerrado y FocosTV. Decenas de organizaciones siguen expectantes porque su futuro depende de si el gobierno cataloga a sus actividades como “políticas”.
El movimiento ambientalista salvadoreño vive su peor tiempo. Eso asegura Yanira Cortez, quien fue titular de medio ambiente en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por 15 años.
—Yo esta situación no la había visto anteriormente. Por supuesto que recuerdo los siete ambientalistas asesinados por la defensa del territorio en los años 2000, pero las distintas dimensiones que vemos en los últimos días no se habían visto antes. Y el silencio… La situación actual nos ha llevado a que tengamos, y me incluyo, miedo de señalar porque se nos puede acusar de que vamos en contra de las políticas del Estado.
El director de una organización ambiental, quien pidió anonimato por seguridad, ha sido extorsionado por el gobierno. Le dijeron que solo si renunciaba como presidente, esa entidad sería exonerada de los nuevos impuestos-censura.
Y así van callando voces. No se trata sólo de libertad de expresión, también de la devastación que podría evitarse, de las catástrofes naturales que podrían prevenirse. “Estamos a las puertas del infierno”, dice Cortez. Porque el 90.4% del territorio salvadoreño es vulnerable a desastres, y 9 de cada 100 salvadoreños viven en situación de vulnerabilidad ante eventos climáticos. Porque es el país con menor disponibilidad hídrica y el segundo país más deforestado en Latinoamérica después de Haití.
El abogado Alejandro salió en libertad en diciembre de 2025 pero desde entonces no ha vuelto a aparecer en público ni a pronunciarse. Además, no han dejado de incrementarse las detenciones arbitrarias ni el acoso policial en casas de periodistas, ambientalistas y defensores, e incluso de sus familiares. El país se tornó invivible.
Como Carolina, muchos tuvieron que irse. Entre mayo y agosto de 2025, casi 50 periodistas se exiliaron de El Salvador, más unos 30 ambientalistas y defensores de derechos humanos. Carolina sigue dirigiendo “La Mala”, como llama cariñosamente a su medio que publica desde otro país. Retomó las investigaciones, los hilos de sus temas, y dice que profundizará en ellos.
—Ahora ya siento que puedo construir un futuro no solo para mí sino que para el periódico.
El sol de la tarde se cuela por el árbol en la terraza del departamento. Carolina ya ha comenzado a decorarlo. Hace unos días se metió a un taller de bordado —algo que no había hecho antes— y dice que colgará en las paredes los lienzos que haga. El bordado que trabaja en estos días es un proyecto personal, es sobre lo que no alcanzó a meter en la maleta. Es un lienzo circular, del tamaño de un zapato. En el centro, con hilo negro, ya se distingue la silueta de Negro, uno de sus cuatro gatos que se quedaron en El Salvador.
—Mis gatos son importantes para mí, no los he podido traer, así que me acompañarán de alguna manera.
Negro falleció el 26 de diciembre pasado. Mota, a finales de 2024. Le sobreviven dos gatos, Irene y Cuchurrumí, a quien llama “Cuchu”. Hace poco, sostuvo una videollamada con ellos con la ayuda de Ana, su mamá. A través de la pantalla, Carolina les habló, ellos la buscaban, y Ana los acarició. Fue su manera de estar cerca. En el lienzo, Negro está sentado sobre las patas traseras, como si esperara, expectante. Se ven sus orejas triangulares, sus bigotes, y la divertida cola que se extiende a un lado. Los ojos están hechos con un nudo francés de hilo verde fluorescente.
—Negro era el más joven y hermoso. Hubo un virus letal en San Salvador.
Alrededor de Negro, se ven flores y plantas de tamaños variados y formas diversas, como el bosque del cerro Afate. En el cielo, iluminando todo, se ve una estrella brillante que aún está con lápiz.
* Esta investigación fue realizada en el marco de un proyecto financiado por el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de la UNESCO, ejecutado por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica. Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican ninguna opinión por parte de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Los autores son responsables de la elección y presentación de los hechos contenidos en la publicación y de las opiniones expresadas en esta, que no son necesariamente las de la UNESCO y no comprometen a la Organización.
