El Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) “Incidencia en el Sistema Penitenciario” junto con el proyecto “Más allá de la Prisión” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO) se han preocupado por el impacto del sistema punitivo “más allá de los cuatro muros” que suponen los centros penitenciarios; es decir, ha evocados sus investigaciones y acciones de incidencia en los efectos que éste tiene en las familias de las personas privadas de la libertad.
Desde hace un año, sus integrantes comenzaron a cuestionarse de qué manera podían acompañar a las y los familiares en este proceso, particularmente desde un enfoque psicosocial; así fue como, en el mes de octubre, junto con el Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM) consiguieron llevar a cabo el primer taller con familias de personas privadas de la libertad provenientes de varios estados de la República.
Este taller, además, se llevó a cabo en el contexto de la emergencia sanitaria de COVID-19, lo que supuso nuevos retos y temas pendientes que sumaron a las preocupaciones y realidades que enfrentan estas familias, entre éstas: la falta de información por parte de las autoridades penitenciarias, el cierre de los centros, la aplicación ineficiente de protocolos sanitarios y, por supuesto, la suspensión de las visitas y el latente riesgo de contagio.
Lucía, Mónica, Raquel y Guadalupe, familiares de personas privadas de la libertad compartieron sus experiencias, sus retos, sus miedos, sus frustraciones y sus anhelos alrededor de sus seres queridos, pero, además, de la realidad que enfrentan en medio de este panorama de pandemia como acompañantes desde la libertad.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Ciudad Guzmán, Jalisco. 18 de diciembre del 2020. (Letra Fría).-“Afectaciones económicas; falta de comunicación y contacto con la persona privada de la libertad; miedo al contagio; corrupción y prepotencia de las autoridades encargadas del ingreso al centro penitenciario; no recibir información sobre la situación de su familiar privado de la libertad; no hay continuidad a los procedimientos para resolver la situación jurídica de la o el interno; miedo a los motines; dificultades para trasladarse a la visita por lejanía y la posibilidad de que al llegar no les dejen entrar; preocupación por la salud física y mental de las personas privadas de la libertad” son algunas de las problemáticas principales que, de acuerdo con el Observatorio de Prisiones de la organización Documenta, enfrentan las y los familiares de personas privadas de la libertad en el marco de la pandemia.
Y es que, a decir de Lucía Alvarado, coordinadora del Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM), “la curva de aprendizaje” de las autoridades penitenciarias “ha costado vidas y la preocupación de los familiares”:
“Se dieron a la tarea de hacer muchas cosas, menos de informar a las familias cómo estaban sus seres queridos dentro de las cárceles, se cortaron las comunicaciones, no se sabía qué se estaba haciendo, si se seguían protocolos, dónde tenían a las personas contagiadas, si se les habían hecho pruebas, ahí comenzó la incertidumbre y el miedo” señaló en entrevista.
La contingencia sanitaria vino, además, a complicar las situaciones que de por sí enfrentaban: los impactos económicos, los efectos en la salud mental y física, así como, el bienestar familiar; es decir, la situación de vulnerabilidad se ha maximizado, refiere Lucia, particularmente para las mujeres, quienes son las principales acompañantes.
Así es como madres, hermanas, esposas, hijas, se convierten en el sustento de lo que pareciera son dos familias, la que está “afuera” (ya que, comúnmente el familiar era la cabeza del hogar) y la que está “adentro” (el ser querido que se encuentra privado de la libertad). Las circunstancias, relata Lucía, las obliga a solventar los gastos de “todo lo que se necesita adentro de las prisiones”, pues advierte que, “es una mentira que digan que las personas privadas de la libertad tienen unos presupuestos enormes y que los está manteniendo el Estado”.
En ese sentido, señala que la gran mayoría de los insumos que necesitan las personas privadas de la libertad son costeadas por las y los familiares, lo que suele repercutir en su economía. A las necesidades básicas se agregan “la corrupción que permea el sistema penitenciario y que cuesta dinero a las familias”, explica la coordinadora del CAIFAM:
“… tenemos que llevar dinero para pagar el pase de lista que son tres veces al día, pagar para que se duerma en una cama de piedra o pagar simplemente para que no te golpeen, aquí dentro de las prisiones locales de la CDMX se da y esto cuesta dinero a las familias y eso nada más es un pequeño punto en el aspecto económico”.
Lucía, mujer que se ha convertido en una defensora de los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familiares, relata desde la experiencia propia los efectos que el sistema punitivo mexicano tuvo en su vida; impactos que se multiplican por miles y millones en cada una de las familias que acompañan desde la libertad a sus seres queridos presos en las cárceles de México.
No conocer los términos jurídicos que rodean los casos judiciales, la indiferencia del sistema y sus abogados; las constantes visitas y con ello, los traslados a los distintas centros penitenciarios y juzgados; el miedo de no volver a ver a sus seres queridos en libertad; y la pregunta siempre presente: “¿yo por qué tengo que estar haciendo esto?”, son algunas de las realidades que experimentan de manera casi cotidiana.
Sin embargo, estas mujeres se mantienen fuertes y valientes frente a la decisión que la vida les obligó a tomar: estar ahí para acompañar a sus seres queridos:
“A veces pone a dudar qué tan importante eres para la situación que está pasando. Descubres que sí es importante la compañía, es importantísimo acompañar a un ser querido porque eres la única realidad que tienen cerca, una realidad visible y palpable… Éramos su único vínculo con la realidad.
Además de las noticias familiares, llevábamos pedacitos de lo que estaba pasando en el país. Creo que la compañía, el estar ahí, las visitas, en 10 años le sirvieron muchísimo para no sentirse solo, abandonado y saber que pertenecía a un grupo de personas que lo estábamos esperando y que nunca nos cansamos de acompañarlo de ir, de visitarlo, de escucharlo, eso marcó la diferencia y fue un privilegio que tuvo y tuvimos porque no muchas familias pueden tenerlo”.
Por ello, CAIFAM busca ser una red de apoyo entre familiares de personas privadas de la libertad que tiene como objetivo común generar vínculos de solidaridad, proporcionar herramientas e información que “empodere” a sus integrantes y, con ello, recordarles que “nunca más estarán solas”, afirma Lucía.
Pero esto no es todo, hay quienes, como Lupita, después de haber sido atravesados o atravesadas por el sistema punitivo y represivo mexicano, han decidido acompañar a personas privadas de la libertad, reconociendo lo difícil y cruel que éste resulta ser.
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LUPITA
Lupita, fue privada de su libertad luego de que le fabricaran un delito, pero hoy, tras algunos años de haber salido de prisión, se encuentra conformado el colectivo Mujeres Libres México. Y es que comparte que su compromiso está con sus compañeros y compañeras. No ha sido fácil, pues además de la experiencia propia, ha tenido que aprender a navegar en el sistema penitenciario mexicano, a conocer sus vacíos, sus deudas pendientes, pero también, sus espacios de oportunidad.
“Yo entré por ver a los chicos, yo les apoyo de muchas maneras, tanto llevando los escritos, llevándoles alimento, apoyando a las mamás que no pueden entrar, pero aun así no es suficiente”, dice Lupita, pues reconoce que el apoyo para este sector de la población mayormente relegado, olvidado, no resulta una prioridad ni para autoridades, ni para la sociedad:
“Yo te puedo decir que hay muchas personas que hacen el mismo apoyo, pero no es suficiente”.
Ella participó en el taller del proyecto “Más allá de la prisión” y comparte que entre sus mayores preocupaciones se encontraban las limitaciones que enfrentan las cárceles, así como, los protocolos sanitarios que se llevarían a cabo durante la contingencia sanitaria y la suspensión de las visitas. Sin embargo, advierte que, en su mayoría, han logrado solventarse las dificultades dentro de los centros a los que ella asiste.
Por ejemplo, en el Reclusorio Varonil Oriente de la Ciudad de México, no se suspendió completamente la visita de los familiares, aunque sí para quienes son mayores de 60 año y menores de edad; lo que significó que muchas personas privadas de libertad dejaron de recibir a sus seres queridos. En ese mismo caso, se lograron generar acuerdos con las autoridades penitenciarias para facilitar la entrada de alimentos y se incentivo la creación de espacios para el confinamiento de presuntos casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
Sin embargo, señala que, aunado a los problemas coyunturales, hay otros que se están arrastrando desde hace un tiempo. Según explica Lupita, mujeres y hombres que están saliendo de los reclusorios “están en una situación grave porque no hay ayuda de nadie”:
“Se supone que se les da un seguro de desempleo, el cual ahora no hay acceso a él, no hay fondos, estás sufriendo las consecuencias de salir y salir sin nada. Hay algunos que salen hasta sin casa, ya no tienen un lugar a dónde ir”.
Afortunadamente, mientras el Estado decide resolver las deficiencias del sistema no solo penitenciario, sino de reinserción social, las organizaciones de la sociedad civil y personas preocupadas como Lupita, han tejido redes de apoyo que dan cabida a quienes están saliendo de las cárceles “sin nada”. Ya sea a través de albergues para darles acogida o para promover su inclusión en programas de apoyo que les permitan aprender oficios:
“Ya tenemos contacto con albergues de una compañera que tiene albergues para mujeres y para hombres. Yo estoy en contacto con ellos para irlos llevando, hacerles una especie de acompañamiento para que no se queden en la calle porque es muy feo estar en situación de calle”.
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RAQUEL
Raquel es hermana, hija, tía y el sostén de su familia. Hace cuatro años y medio salió en libertad junto con su madre, después de haber permanecido ocho meses en un centro penitenciario de Morelos. Aunque pensó que tras su salida “todo sería igual” lo cierto es que el encierro le causó mucho daño.
En prisión se quedó su hermana, quien es madre de tres jovencitos de los que hoy Raquel se hace cargo. A sus tres sobrinos les ha dado educación y sustento, y a su hermana, la ha acompañado para que no se sienta sola y también le ayuda a solventar sus gastos. Para Raquel, esto es lo más importante, ya que recuerda que cuando se encontraban las tres privadas de la libertad, la compañía y el abrazo de la familia eran lo más extrañaban:
“Yo cuando estuve allá adentro recluida con mi hermana y mi mamá, lo que más quería era que mis hermanos fuera o que nos mandaran dinero, o el apoyo, pero no fue así, si no fuera por una de mis amigas la verdad ni hubiéramos comido. La verdad como yo le digo a mi hermana, se sienten solas, desesperadas, muertas en vida, pero le digo, échale ganas, tú tienes que salir bien fuerte, por tus hijos, tú nos vas a levantar cuando estés afuera”.
Este tiempo de pandemia ha sido complicado, pues tienen más de 10 meses sin verle físicamente. Si bien, no están suspendidas las visitas, éstas son por videollamada, lo que hace pensar a Raquel que “no conviene” hacer un gasto tan grande para ir a visitar virtualmente a su hermana:
“Cada mes la íbamos a ver y ahora tenemos diez meses que no la vamos a ver y sí hay visitas pero nada más son dos horas por videollamada y la verdad yo le digo que para qué vamos a gastar tanto, si somos cuatro conmigo, porque solo son dos horas para cuatro boletos, cuatro comidas, cuatro todo. Yo le dije a mi hermana, o te mando dinero porque yo también le mando dinero, o le doy a tus hijos o le doy a mi mamá” comparte de manera honesta.
A veces, Raquel quiere tirar la toalla, sin embargo, gracias a su fortaleza, su empeño, su trabajo, su dedicación, -atribuidas al Dios que “nunca le ha abandona”-, hoy le han permitido continuar a cargo del cuidado de sus sobrinos quienes han decidido convertirse en profesionistas.
“Yo soy su tía, no soy su mamá. Me ha costado mucho educarlos, orientarlos y con la situación económica le he sufrido, pero gracias a Dios de cómo nos está yendo, nunca me ha dejado sin comer. Con mis sobrinos sí soy dura, no porque su mamá esté ahí adentro vayan a seguir haciendo lo mismo que ella, pero tampoco porque ella esté adentro no la odien. Deben de querer a su mamá y tienen que apoyarla, así que ellos la extrañan y la quieren mucho”.
Y, por supuesto, acompañando en la empatía y en la sororidad a su hermana, a quien, dice felizmente Raquel, pudieron a visitar luego de diez meses, aunque sólo fuese a través de una pantalla:
“La fuimos a ver el sábado porque estaba triste porque no la veíamos desde hace diez meses, sus hijas todas felices. Ya le dije “ya Chío, ya estás feliz”, sí me dijo. La verdad sí hace falta que nos vayan a visitar, nos dan ánimos, les dejamos inyecciones de alegría y de ganas de vivir dentro de ese lugar”.
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MÓNICA
Mónica, acompaña a su esposo desde que fue privado de la libertad en un centro de alta seguridad, y a diferencia, quizá, de otras familias, ella considera que “no le pudo agarrar la pandemia en mejor lugar” claro, en otro que no fuera en su casa.
“Es un centro donde los tienen muy restringidos, mi esposo es de los que está 20 horas dentro de su estancia y nada más está con un compañero. Para mí fue una fortuna que nos tocara estando en ese lugar”.
Ciertamente, ha sido difícil, aun así, comparte que fue una decisión de familia no asistir a las visitas para prevenir el contagio; “mis hijos decían “pero los trabajadores entran y salen y las demás visitas”, yo les contestaba: tú padre está muy bien encerradito en su estancia y corre menos riesgo” relata.
Al igual que Lucía y Lupita, Mónica es una defensora activa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como de sus familiares y, además, es integrante de CAIFAM. La decisión de no ver a su esposo, no la limitó para monitorear y vigilar el estricto cumplimiento de protocolos sanitarios dentro del penal.
“Estuve viendo con la directora cuáles eran los protocolos que se seguían y no tenían ningún protocolo. Pero al estar insistiendo comenzó la directora a aplicar protocolos y se aplicó. Puso su cabina de desinfección en la entrada del Centro, tapetes sanitizantes, las visitas pasábamos a que nos tomaran la oxigenación, a la temperatura… Hubo cinco fallecidos, se peleó porque se les dieran atención, la dirección agarró un dormitorio para aislar a las personas infectadas y con síntomas los aislaban. Afortunadamente no hubo mucho contagio, las visitas no se han suspendido, pero la directora nos pedía que el día de visita, en lugar de ir les lleváramos los alimentos dejarlos ahí y que ellos se los pasaban”.
Y es que, frente a esta realidad, la señora Mónica dice que, aunque no ha visto a su esposo desde febrero, él está mucho mejor así; y, precisamente, este es el mensaje que suele compartir con otros familiares: “sé que es difícil no ver a nuestro familiar, sé que para ellos es difícil, pero es más fácil dejarlos de ver un tiempo que no volverlos a ver”.
Como integrante del CAIFAM, Mónica, difunde toda la información que llega a sus manos para que las familias tengan acceso a insumos que les permitan tener herramientas para velar por sus derechos y los de sus seres queridos. Asimismo, relata que desde que su esposo fue privado de la libertad ha “peleado” por sus derechos, a pesar de los peligros que esto podría suponer. Se ha “quitado el miedo” y ha incentivado a otras familias a que también lo superen:
“Siempre he tratado de que se quiten ese miedo que todo familiar tiene, de que si acuso, de que si peleo un derecho, algo le va a pasar a nuestro familiar. Nosotros como familia tenemos ese miedo de que algo le pudiera pasar a mi esposo, pero toda la vida peleamos nuestros derechos y afortunadamente lo logramos. Yo siempre metía mis escritos, yo no conocía qué era una petición administrativa, lo que era una controversia, pero hacía yo mis cartitas y mandaba a copia a todo mundo, al presidente de la República, al Jefe de Gobierno, a la Asamblea legislativa, ellos no hacían nada, pero llegaban esas copias al director del penal y sí me decían “es que me está lloviendo duro por sus escritos”.
“Quítense ese miedo” es la frase que con frecuencia Mónica repite a las demás familias. Ella más que nadie sabe de las amenazas y el temor, sin embargo, reconoce que estos sentimientos nunca le hicieron bajar la guardia, pues estaba consciente de que lo que exigía eran derechos, derechos que no tenían que serles negados a ella y a su esposo.
De esta forma, se ha convertido en una de las principales impulsoras y garantistas de derechos para las familias de personas privadas de la libertad:
“Es lo que yo quiero que los familiares entiendan. Sí los amenazan, tenemos miedo sí, pero ellos no pueden hacer más de lo que ya hicieron. Lo que tenemos que buscar es que ellos vivan mejor. Yo siempre peleo por los derechos de mi familia, dicen que al tener un derecho ganado poco a poco sus compañeros los van peleando. Es el cambio. En el momento en el que mi esposo tiene algo, ya empiezan a preguntarle qué se hace, y así ellos empiezan a solicitarlo porque ya no solamente él puede, se lo tienen que dar a los demás”.
ACOMPAÑAR A LAS FAMILIAS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Para Nadia Gutiérrez, profesora e integrante del PAP “Incidencia en el Sistema Penitenciario” y del proyecto “Más allá de la Prisión” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO), es importante reconocer “los efectos que las cárceles tienen en quienes acompañan a sus seres queridos desde la libertad”, por ello, este taller ha servido para que familias de varios estados de la República, -aprovechando los beneficios de la virtualidad- se reúnan para compartir experiencias sobre “el gran impacto que tiene la cárcel afuera”.
“Comenzamos a pensar en qué manera podíamos acompañar o apoyar en este proceso, por supuesto desde lo psicosocial que es en el campo donde me desarrollo. Y así surge el programa de acompañamiento que estamos todavía en ese proceso de desarrollarlo”.
Más aún en medio de una crisis, afirma, que no sólo tiene un impacto social, sino psicológico y físico en las familias. Y es que “a parte de la crisis, le vas sumando cosas de este sistema penitenciario incomprensible” expresa.
En este caso, de la mano del Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM), han conseguido generar redes de apoyo con familiares de Jalisco, Ciudad de México, Morelos y otros estados de la República. Juntas, desde el trabajo psicosocial, han propiciado que las familias tengan espacios de acompañamiento emocional, comunitario, e incluso, para el desarrollo de resiliencia colectiva.
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De acuerdo con el Observatorio de Prisiones de la organización Documenta, de abril a noviembre de 2020, se han registrado 2 mil 802 casos confirmados acumulados de COVID-19 y 236 decesos dentro de las prisiones.
Asimismo, a través de un monitoreo realizado por y para familiares de personas privadas de la libertad, donde 815 personas participaron, se pudo saber que 51.04% de los encuestados respondieron que las autoridades penitenciarias no informaron sobre las medidas de prevención hacia dentro de las cárceles tras el inicio de la emergencia sanitaria; mientras que, en el 85.64% de los casos tampoco se les notificó sobre los protocolos a seguir.
Esta encuesta buscó conocer y evidenciar las principales preocupaciones de las y los familiares de personas privadas de la libertad en medio de un contexto de pandemia y dentro de los centros penitenciarios. Si quieres conocer más sobre estos impactos, da clic aquí.
