Del primero de enero de 2019, al 19 de septiembre de 2021 se denunciaron un total de 33 desapariciones de personas en los municipios de la región Sierra de Amula. En los últimos dos años y medio, 400 reportes de desaparición están ligados al delito de desaparición forzada cometida por particulares; dos de ellas ocurrieron en los municipios de Tonaya y Tecolotlán.
Por: Darinka Rodríguez
Autlán de Navarro, Jalisco. 21 de septiembre de 2021. (Letra Fría) En los últimos dos años y medio en nuestra entidad, la herida causada por las desapariciones forzadas no ha hecho más que abrirse más y más, exponiendo el dolor de cientos de familias jaliscienses que día con día buscan cualquier pista e indicio que pueda llevarlos a encontrar a su familiar desaparecido.
De acuerdo con el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición del Gobierno de Jalisco (SISOVID), conforme a las denuncias realizadas entre el año 1995 y el 31 de mayo de 2021, en Jalisco hay un total de 10,692 personas reportadas como desaparecidas y que continúan sin ser localizadas. De esta cifra de personas reportadas como desaparecidas, 3,897 reportes corresponden a personas que fueron vistas por última vez entre enero del 2019 y mayo de 2021; lo anterior quiere decir que el 36 por ciento de las desapariciones registradas en Jalisco ocurrieron en tan solo los últimos dos años y 5 meses.
Aún más preocupante resulta que en los últimos años se ha documentado un aumento en las desapariciones forzadas cometidas por particulares. La semana pasada, durante una rueda de prensa la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, compartió que de acuerdo con el análisis de los expedientes de quejas por violaciones a los derechos humanos relacionados con la desaparición de personas, entre 2014 y 2020 se evidenció que en un gran número de denuncias los reportes señalaban que las desapariciones habían sido cometidas por grupos armados que irrumpieron en los domicilios de las víctimas para sacarlos por la fuerza.
De acuerdo con la CEDHJ, el hecho de que esta situación se observe de manera repetitiva en los casos de desapariciones en Jalisco, implica una condición de organización en la consumación de este delito.
Para comprender la magnitud de este problema, resulta más preciso traducir en cifras la situación expuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Del primero de enero de 2019, al 19 de septiembre de 2021, periodo que corresponde a los primeros tres años de gobierno del mandatario Enrique Alfaro Ramírez, de los 3,801 reportes de personas desaparecidas y no localizadas en Jalisco, 400 están ligados al delito de desaparición forzada cometida por particulares.
En los municipios de la región Sierra de Amula, durante el mismo periodo se registraron un total de 33 desapariciones. El municipio que más desapariciones registró en los últimos dos años y medio fue Autlán de Navarro con 14 desaparecidos, seguido por el municipio de Juchitlán con 6 personas reportadas como desaparecidas y el municipio de Atengo con 4 reportes. De las 33 desapariciones ocurridas en la región, dos fueron desapariciones cometidas por particulares, y ocurrieron en los municipios de Tonaya y Tecolotlán.
Los datos anteriores fueron obtenidos a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), plataforma federal que concentra datos estadísticos en torno al delito de la desaparición de personas en todo el país. A penas el pasado 25 de agosto, la Fiscalía del Estado de Jalisco, realizó una carga masiva de datos a esta plataforma, para actualizar la información correspondiente a registros de los años 2020-2021.
DR/MA
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