Por: Pie de Página | Alianza de Medios
KINGSTON, JAMAICA – En 1989, dos científicos alemanes diseñaron el experimento de perturbación y recolonización en el mar, conocido como Discol, en un área de nódulos de manganeso en aguas profundas, a 4 mil kilómetros de la costa de Perú.
La prueba consistió en el rastrillo de unos 20 kilómetros cuadrados para simular la extracción minera, que provocó una columna de sedimento que asfixió a varias especies al caer sobre el fondo marino. Al menos cuatro visitas científicas hasta 2015 constataron que el sitio no se ha recuperado.
A este panorama desolador se enfrenta la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés), con su sede en la capital de Jamaica, que debe, por un lado, proteger los ecosistemas del mar profundo y, al mismo tiempo, elaborar estándares ambientales para la minería marina, en una contradicción aparentemente irresoluble.
“Esto es contradictorio y conflictivo. No creemos que ISA esté a la altura del desafío. ¿Por qué queremos explotar un medio del que conocemos poco y podemos dañar mucho? Queremos una moratoria, realmente necesitamos dar un paso atrás para analizar el tema”.
Theresa Rodriguez-Moodie, directora de la no gubernamental Jamaica Environment Trust.
La activista participó en la 27 Asamblea Anual de la ISA, una entidad instituida en 1994 y actualmente integrada por 167 países y la Unión Europea, que se desarrolló en Kingston entre el 1 y 4 de agosto.
A diferencia de sesiones previas, la tensión marcó los debates debido al pedido de un grupo de países, como Costa Rica, Chile, España y Nueva Zelanda, de discutir los alcances de una norma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que fundó la ISA, que permite aprobar un plan de trabajo minero, aunque no existan regulaciones para esa actividad.
En junio de 2021, la República de Nauru, un país con una sola isla, situado en Oceanía en el Pacífico central y con algo menos de 12 mil habitantes, provocó un sismo en ISA al hacer uso de esa cláusula para ejecutar un proyecto en la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar entre Hawái y México con una gran biodiversidad, y a cargo de la privada Nauru Ocean Resources, filial de la canadiense Metals Company.
Con base en la controvertida norma de Convemar, un país puede reclamar el aval de ISA a su plan para explorar y explotar minerales en aguas profundas en un plazo de dos años, siempre que siga unos procedimientos establecidos por la Autoridad.
Gina Guillén, embajadora de Costa Rica ante ISA, criticó el anuncio en medio de la pandemia de covid-19, lo que obstaculizó las negociaciones, y señaló que existen otras opciones legales.
“Preocupa que los países tengan que elaborar planes de trabajo de manera atropellada. No hay razones legales para recurrir a esa regla. Hay temas con poca certeza jurídica. Son más las dudas de lo que tenemos claro”, expresó la funcionaria el pasado jueves 4 de agosto durante su intervención en la asamblea, al pedir “una prórroga precautoria” a cualquier aprobación del pedido de Nauru.
*Este es un trabajo de Pie de Página, puedes leer el original aquí*
