Por: PopLab | Alianza De Medios
A mediados de diciembre pasado, el Ejido Peñuelas ganó el primer round contra la automotriz Nissan por tierras de uso común que la trasnacional se habría apropiado durante la expansión de sus operaciones, en 2012. La sentencia emitida por un tribunal agrario obliga a la empresa a regresar dichas tierras, ubicadas al interior de sus instalaciones.
La empresa fraguó la llegada de su segunda planta al estado en 2011, cuando gobernaba el priista Carlos Lozano de la Torre, un hombre cuyo gobierno estuvo marcado por la priorización de los asuntos económicos, sobre todo a través de empresas trasnacionales.
Las negociaciones para que Nissan ampliara sus operaciones estuvieron llenas de irregularidades, discrecionalidad e incluso reformas ilegales aprobadas en el Congreso del Estado, por órdenes del entonces gobernador. Los detalles fueron consignados en la investigación periodística “Operación Nissan II: La gran inversión que exprimió el dinero público de un estado”, publicada por Connectas en alianza con la Revista Proceso y el acompañamiento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Para adquirir las tierras de los ejidatarios de Peñuelas, el gobierno de Lozano utilizó al Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE), que de forma discrecional adquirió más de 3 millones de metros cuadrados en Peñuelas para donarlos a Nissan, empresa que revendió una parte de esas parcelas en 17 millones de dólares con ayuda de un hombre de confianza de Lozano.
La compra fue más bien agresiva. Entrevistados en 2020, ejidatarios de Peñuelas relataron cómo dos hombres enviados por el gobierno –Juan Antonio Jáuregui Verdín y Julio Marduk Serrano Jáuregui– los presionaron para vender, algunos incluso lo hicieron a precios por debajo de lo justo, y varios fueron engañados para pagarle una comisión a los “negociantes” del gobierno.
«Llegaron con todos los campesinos, andaban como unas 15 personas. Visitaron a todos los que tenían tierras, iban a negociar a ver en cuánto daban la tierra, los manipulaban, unos dieron más barato otros más caro. Ellos ponían el precio, uno según negociaba pero no, y nos exigieron un tanto por ciento para ellos, una comisión. Se fue dando así, en privado con todos. Nos lavaron el coco. A muchos los obligaron a vender, les decían que los de la orilla ya habían vendido ¿cómo iban a pasar a su tierra?, fueron encerrando a la gente porque quedaban en medio, les decían que se iban a tener que comprar un avión para entrar a sus tierras, los acorralaron”, declaró uno de los ejidatarios en aquél momento.
Para donarlos a la automotriz, los terrenos adquiridos fueron fusionados. En ese proceso, los compradores y la beneficiaria se apropiaron de zonas de uso común: caminos y brechas, conocidas también como “servidumbres de paso”.
Eso desató un conflicto legal desde el 2015, cuando el ejido comenzó a litigar el regreso –o el pago– por esas tierras, que suman poco más de tres hectáreas.
Y aunque son pocas hectáreas, a los ejidatarios les parece injusto que la empresa no haya pagado por ellas y que su uso esté limitado a la planta automotriz. Eran “caminos de comunicación, entradas y salidas” al ejido, “que se apropiaron con la venta”, dijo en entrevista un ejidatario que solicitó no mencionar su nombre por el proceso legal que está en marcha.
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