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La jueza federal Karla Macías validó los argumentos ciudadanos, respaldó las preocupaciones relacionadas a la militarización a través de un amparo, que los tribunales intentaron revocar, pero que fue resuelto de forma definitiva a favor de la sociedad civil.
La jueza novena de distrito tiene la confianza ciudadana porque tiene un largo listado de fallos armonizados con la protección a derechos humanos, el último caso, las preocupaciones por la militarización a través de la Guardia Nacional.
Organizaciones civiles y despachos de abogados presentaron amparos colectivos para evitar la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y que continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esto lo solicitaron mientras se solucionar el tema de fondo, la constitucionalidad de de las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de septiembre.
Karla Macías resolvió que la queja del ciudadano Ángel Castro Gómez, un abogado integrante de la organización Uniendo Caminos, era legítima por las omisiones legislativas que se dieron durante la discusión y aprobación de los cambios en materia de la Guardia Nacional, así como las contradicciones que implica el cambio de mando de una institución a otra.
La jueza novena es conocida por la resolución de un amparo que destapó graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños en el albergue la Ciudad de los Niños en Salamanca, dirigido por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.
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