La diputada federal apuntó que se trata de una emergencia de salud pública que exige la participación de todos los sectores sociales, principalmente de las universidades de todo el país, los productores del campo, las industrias distribuidoras de agroquímicos y los ayuntamientos para llegar a una solución reflejada en las leyes.
Por: Mayra Vargas
Autlán de Navarro, Jalisco. 25 de septiembre de 2019 (Letra Fría) El glifosato, uno de los herbicidas de amplio espectro más utilizados en México y el mundo, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente cancerígeno para los seres humanos” podría prohibirse en México, de acuerdo con la Diputada Federal por el distrito 18 de Jalisco, Mónica Almeida.
En entrevista para Letra Fría, Almeida López explicó que es posible su prohibición, porque se trata de una emergencia que afecta la salud pública:
“Sí es posible, debe ser, es una emergencia porque afecta la salud pública y tendría que haber este encuentro social para que pudiera impulsarse en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. Se trata de que todos participemos en una solución común sin afectar a ninguno de los sectores y creo que la alternativa siempre será buscar la transferencia de conocimiento y haciendo un llamado a las universidades a que nos apoyen en todo el país, a buscar una transición que se vea reflejada en las leyes con prohibiciones”, explicó Almeida López.
Un ejemplo de afectación a la salud pública se encuentra en las comunidades de El Mentidero y Ahuacapán, en Autlán de Navarro, donde a niños, niñas y adolescentes se les encontró glifosato en su organismo, además de otros tipos de plaguicidas en diferentes concentraciones.
Este plaguicida está contemplado para prohibirse a través de un decreto presidencial que está por firmarse, anunció Víctor Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
La Diputada Federal añadió que, para lograr la prohibición en algún momento, también se necesita establecer un acuerdo social entre diferentes sectores, por lo que harían un llamado para generar alternativas:
“Sí, absolutamente, haríamos un llamado a establecer un acuerdo social con los productores de campo, la industria que vende estos insecticidas, la propia sociedad y los ayuntamientos para determinar nuevas fórmulas. La prioridad, por supuesto, es que no afecte a la salud pública; en segundo lugar, que tampoco afecte la actividad económica de los productores del campo y que estas grandes industrias que distribuyen también tengan una supervisión y promuevan la innovación científica para buscar nuevas alternativas de tratamiento de plagas y mejoras para la producción del campo”, enfatizó.
También está en marcha la creación de una iniciativa de Ley Federal de Plaguicidas y Fertilizantes, con la intención de que México tenga una legislación equiparable a la que utilizan los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
LL/LL
*Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente. Se prohíbe su reproducción si es con fines comerciales.
